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La secretaria de organización de Junts y diputada en el Parlament, Judith Toronjo, ha criticado enérgicamente el acuerdo alcanzado entre el Govern y los Comuns para fomentar la construcción de viviendas de protección oficial, considerándolo un ataque a la propiedad privada. En una rueda de prensa celebrada este viernes, Toronjo ha manifestado que, aunque es necesario incrementar la cantidad de viviendas protegidas, esta iniciativa parece ser una improvisación. Según ella, el PSC ha adoptado plenamente las políticas de vivienda de los Comuns. A pesar de sus críticas, Toronjo no detalló cuál será el voto de Junts cuando la propuesta se someta a debate en el Parlament. Lamentó que el texto no se compartiera con el resto de los grupos parlamentarios, destacando que la vivienda debería ser una cuestión primordial a tratar entre todas las fuerzas políticas. El acuerdo entre el Govern y los Comuns contempla la conversión de oficinas y locales comerciales en viviendas de protección oficial, además de aumentar la edificabilidad en desarrollos urbanísticos por consolidar. Con estas medidas, se pretende sumar hasta 20.000 nuevas viviendas protegidas en los próximos cuatro años. Catalunya lleva años encadenando decretos y reformas sin una estrategia estable, criticó Toronjo, pidiendo mayor estabilidad normativa y colaboración entre todos los actores Toronjo recordó que Junts ya había propuesto un plan para reconvertir locales vacíos, pero que su enfoque difiere al basarse en incentivos fiscales y no en la obligatoriedad, como, según ella, proponen el Govern y los Comuns. Nuestra propuesta no habla de obligatoriedad ni de ataque a la propiedad privada. No sabemos si estamos hablando de expropiaciones, apuntó. La diputada también cuestionó la política de vivienda del Govern en general, refiriéndose a ella como una sucesión de parches debido a la introducción de tres cambios normativos en menos de un mes, incluidos en la…
El Gobierno de España ha solicitado la activación del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea para combatir los incendios que azotan al país, concentrados principalmente en la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila. La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha pedido al menos cuatro aviones de extinción, y tanto Grecia como Italia han respondido positivamente, ofreciendo dos aviones Canadair CL-415 cada uno. El Ejecutivo declaró la emergencia de interés nacional en las zonas afectadas, incluyendo Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias en Madrid y Burgohondo en Ávila, debido a la gravedad de la situación. Cerca de 11.500 personas han sido evacuadas como medida de precaución ante el avance de las llamas. El Gobierno español ha activado por segunda vez el Mecanismo de Protección Civil de la UE para incendios forestales El presidente, Pedro Sánchez, lidera la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD) en el Complejo de la Moncloa. Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha desplazado a Cenicientos, Madrid, donde se ha establecido un Puesto de Mando Avanzado. La última activación del mecanismo fue el 13 de agosto de 2025, cuando España recibió ayuda para incendios en Jarilla, Cáceres, y Castilla y León. Entonces, se recurrió a medios de países como Francia, Italia y Grecia, obteniendo helicópteros Chinook y aviones cisterna, entre otros recursos. Creado en 2001, el Mecanismo Europeo de Protección Civil tiene como objetivo coordinar la respuesta ante desastres naturales y humanos a nivel de la Unión Europea. Ofrece asistencia rápida y efectiva, y no solo los países de la UE participan, sino también otros países y organizaciones internacionales pueden solicitar su ayuda cuando la situación excede sus capacidades de respuesta.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reiterado al Ministerio de Sanidad y a las comunidades autónomas que la Mesa del Ámbito es la entidad con legitimidad para negociar el Estatuto Marco. El sindicato ha advertido que intensificará la presión si se excluyen de esta negociación las modalidades de jubilación para el personal del Sistema Nacional de Salud (SNS). CSIF ha señalado que solo aceptará el texto firmado el pasado 26 de enero junto con los sindicatos legitimados en la Mesa. Esta postura responde a la solicitud de algunos Gobiernos autonómicos para reabrir las negociaciones sobre la norma, subrayando el valor de las negociaciones de los últimos tres años. La organización sindical también ha criticado la modificación unilateral del Estatuto Marco realizada por el Ministerio en la fase de audiencia y consulta pública. Este cambio, que excluye las modalidades de jubilación previamente acordadas y refrendadas el 26 de enero, es visto por CSIF como una violación de la buena fe en el proceso negociador. Actualmente, CSIF amenaza con intensificar las medidas de presión, comenzadas el 29 de junio con una concentración frente al Ministerio de Sanidad, si el texto gubernamental en su versión para el Parlamento omite las modalidades de jubilación para el personal estatutario del SNS. CSIF intensificará la presión si el Gobierno excluye las modalidades de jubilación pactadas para el personal del SNS En cuanto a las comunidades autónomas, CSIF ha asegurado que los canales de negociación han sido respetados de manera escrupulosa. La negociación tuvo especial cuidado en no invadir las competencias autonómicas, garantizando así que el Estatuto Marco alcance la máxima seguridad jurídica y pueda continuar con su tramitación en el proceso de consulta y audiencia pública.
La Federación Catalana de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Federatur), Pimec Turisme y la patronal Foment del Treball han expresado su rechazo ante la propuesta del Gobierno de elevar el IVA al 21% para las viviendas de uso turístico. Esta medida forma parte de un Real Decreto-ley que se prevé aprobar el próximo martes. Federatur ha mostrado su total oposición a esta iniciativa, argumentando que incrementar el IVA no disuadirá la oferta de viviendas turísticas, sino que encarecerá las vacaciones de muchas familias. David Riba, presidente de Federatur, ha solicitado políticas que realmente favorezcan el acceso a la vivienda y aborden la crisis habitacional. La federación aboga por mantener el IVA reducido del 10%, considerando esto más coherente con la realidad económica del sector. El aumento del IVA al 21% no disuadiría la oferta de viviendas turísticas, sino que encarecería las vacaciones de muchas familias Por su parte, Foment del Treball comparte la preocupación por la crisis habitacional, pero critica que la medida fiscal propuesta no sea eficaz para sus objetivos. La entidad reclama reformas basadas en criterios de eficacia, proporcionalidad y seguridad jurídica, y cuestiona la aplicación de diferentes tipos impositivos a modalidades de alojamiento que compiten en un mismo mercado. Pimec Turisme también se ha pronunciado, reclamando una reforma fiscal que no comprometa la competitividad del sector turístico. La organización advierte que aumentar el IVA penalizará a las empresas legales, elevando el coste de los alojamientos y reduciendo la competitividad de Cataluña como destino turístico. Pimec resalta el apoyo técnico de asociaciones como Apartur y Avvapro, que argumentan que la modificación impositiva no incrementará la oferta de vivienda residencial, sino que aumentará los costes y la inseguridad jurídica para las empresas.
El juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional ha convocado a los directivos de Plus Ultra para declarar como investigados en el marco del 'caso Plus Ultra'. El presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola, y el CEO, Roberto Roselli, comparecerán ante el juzgado los días 7 y 8 de septiembre, respectivamente. La decisión se recoge en una providencia que incluye las declaraciones de los directivos, quienes alegaron que Plus Ultra pagó elevadas cantidades de dinero al empresario Julio Martínez Martínez. Este empresario es socio del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y habría mediado en la concesión de un rescate financiero de 53 millones de euros otorgado a la aerolínea en 2020. Los directivos aseguran que conocían la intención de cobrar por dichas gestiones, aunque desconocían los acuerdos internos que pudiesen existir En los escritos presentados, Martínez Sola y Roselli mencionan que tanto Martínez Martínez como Zapatero tenían premeditada la intención de cobrar por su intervención, lo cual fue aceptado por los ejecutivos de la aerolínea como un intento de salvar la compañía.
La plataforma de víctimas del accidente del tren Alvia que tuvo lugar en Angrois (Santiago) en julio de 2013, exige verdad, justicia y responsabilidades trece años después de la tragedia que cobró la vida de 80 personas y dejó más de cien heridos. También demandan una petición pública de perdón institucional por el trato recibido durante este tiempo. Según un comunicado emitido por la asociación en el aniversario del accidente, la tragedia de Angrois no fue un hecho aislado ni una desgracia imprevisible, sino el resultado de una falta de atención por parte del Estado, que optó por ignorar las advertencias. Acusan al PSOE y al PP de sellar el pacto de la curva tras el incidente. Las víctimas denuncian la ausencia de investigaciones independientes y el incumplimiento de las normativas de seguridad, lo que consideran ha propiciado la repetición de tragedias El comunicado refleja la indignación de las víctimas por los recientes fallos judiciales, incluida la absolución del ex alto cargo de Adif responsable de la seguridad, que refuerzan la dolorosa constatación de que las tragedias se repiten bajo la inacción del Estado. La reciente tragedia en Adamuz, donde murieron 46 personas y resultaron heridas cientos más, es citada como evidencia de sus advertencias. Critican el blindaje del Estado, que utiliza múltiples instituciones para evitar la asunción de responsabilidades, culpando al maquinista como último eslabón de la cadena. Las víctimas subrayan que en la línea Ourense-Santiago se ignoraron avisos de peligro y se obviaron normativas esenciales de seguridad, contraviniendo las exigencias europeas. En respuesta a la impunidad judicial, la plataforma ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la absolución de Andrés Cortabitarte, exalto cargo de Adif, argumentando deficiencias en la investigación oficial llevada a cabo por la CIAF, cuyos investigadores estaban vinculados con Adif y Renfe. La plataforma subraya la…
La Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) ha solicitado la creación de una 'Estrategia Nacional de Seguridad Acuática' para reducir los casos de muertes por ahogamiento en España. Durante los primeros seis meses del año, el número de fallecimientos por esta causa ascendió a 217, según el 'Informe Nacional de Ahogamientos' elaborado por la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS). Este llamado coincide con la conmemoración del Día Mundial para la Prevención de los Ahogamientos, que se celebra el 25 de julio. SESPAS destacó la necesidad de coordinar políticas preventivas, mejorar la vigilancia epidemiológica y disminuir tanto los fallecimientos como las secuelas asociados a este problema. Subrayó que los ahogamientos constituyen "una de las principales causas de muerte por lesiones no intencionadas en el mundo" y no deben considerarse como accidentes inevitables, sino como una cuestión de salud pública que es ampliamente prevenible. Esta problemática no puede verse como aislada, sino como una crisis persistente que requiere una respuesta estructurada y sostenida durante todo el año. SESPAS recalca que el ahogamiento es una de las principales causas de mortalidad por lesiones no intencionadas y que debe abordarse con una respuesta coordinada y continua El informe de la RFESS indica que entre 2015 y 2025 se contabilizaron en España 4.602 muertes por ahogamiento no intencionado, concentrándose el 56,4 por ciento entre junio y septiembre. Sin embargo, los incidentes ocurren durante todo el año. SESPAS sostiene que las campañas de verano necesitan ser complementadas con políticas preventivas estables. Añade que el perfil de las víctimas apenas ha variado, siendo en su mayoría hombres adultos, con un riesgo creciente entre las personas mayores debido a la presencia de enfermedades crónicas, fragilidad y multimorbilidad. Además, destaca que gran parte de los fallecimientos ocurren en playas y otros espacios naturales…
El Gobierno de España ha pedido a la Unión Europea la activación del mecanismo europeo de respuesta a raíz de una solicitud de la Unidad Militar de Emergencias (UME). En concreto, el Ejecutivo español ha requerido al menos cuatro medios aéreos de extinción de ala fija para combatir los incendios que afectan al país, centrados especialmente en la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila. Fuentes de Moncloa han confirmado a Europa Press que Grecia ya ha accedido a esta solicitud, ofreciendo dos aviones Canadair CL-415. Además, está previsto que se celebre una reunión preparatoria para el despliegue de estas unidades durante la mañana de este viernes. La emergencia de interés nacional ha sido declarada en la Comunidad de Madrid y Ávila debido a la evolución de los incendios forestales Los incendios se localizan en los términos municipales de Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias, en Madrid, y en Burgohondo, Ávila. Como consecuencia de la complejidad de las llamas, cerca de 11.500 personas han sido evacuadas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD), que se lleva a cabo en el Complejo de la Moncloa. Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha desplazado hasta el Puesto de Mando Avanzado en Cenicientos, Madrid.
El Tribunal de Cuentas ha sido solicitado por Vox y el Partido Popular (PP) para investigar potenciales responsabilidades contables en la Diputación de Badajoz, tras la condena por prevaricación administrativa a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por la obtención irregular de una plaza en esta institución. Vox ha instado al órgano fiscalizador a abrir actuaciones previas y recabar detalles sobre los pagos realizados en los contratos objeto del juicio. Según la formación, las cantidades abonadas desde fondos públicos a Sánchez por la Diputación ascienden a 280.845,63 euros entre 2017 y 2024, lo que podría suponer un saldo deudor injustificado, dado que las plazas habrían sido creadas y ocupadas de manera irregular. Vox también solicita información sobre las retribuciones de Luis María Carrero, exasesor en la Presidencia del Gobierno y posterior empleado en la Diputación, para determinar si sus compensaciones coinciden con una prestación de servicios efectiva. Por su parte, el PP ha solicitado a la Diputación de Badajoz la entrega de documentación relativa a la creación y modificación de las plazas de Sánchez y Carrero, así como de sus contratos, nóminas e indemnizaciones. El partido busca practicar una liquidación provisional que determine los alcances y las responsabilidades de los gestores implicados, así como aquellas de otros participantes en el proceso. Según sus estimaciones, el papel de Sánchez como coordinador en la Oficina de Artes Escénicas supuso un coste de 416.798,82 euros, mientras que el de Carrero en la Sección de Coordinación de Centros y Actividades Transfronterizas ascendió a 113.200,76 euros. Esto deriva en un menoscabo provisional de alrededor de 530.000 euros. La responsabilidad contable podría extenderse no solo a los perceptores de las retribuciones, sino también a los gestores y administradores que autorizaron y supervisaron el mantenimiento de las plazas La Audiencia Provincial de Badajoz ha inhabilitado a…
El Congreso de los Diputados ha ratificado un nuevo decreto ley que introduce ayudas fiscales en respuesta al conflicto en Oriente Medio. La medida fue aprobada en una sesión extraordinaria con el apoyo del resto del hemiciclo y con la abstención del Partido Popular y Podemos, mientras que Vox votó en contra. Ante la persistencia del conflicto y el impacto en los precios de la energía, el Gobierno ha emitido un segundo paquete de medidas. El decreto, aprobado por el Consejo de Ministros el 29 de junio, incluye una reducción temporal del impuesto especial sobre hidrocarburos, que disminuirá en 15 céntimos por litro en julio, 10 céntimos en agosto y 5 céntimos en septiembre. Sin embargo, la rebaja del IVA en los carburantes al 10% no se mantendrá, siguiendo las directrices de Bruselas. El Congreso ha decidido mantener activo el decreto ley que pretende mitigar los efectos económicos del conflicto en Oriente Medio Además, el decreto contempla la posibilidad de reactivar beneficios anteriores si el conflicto se agrava y los precios de los carburantes vuelven a subir. Se supervisarán los precios mensualmente, y si el IPC supera el 15% respecto al año anterior, se volverán a aplicar las reducciones en electricidad y gas. Asimismo, se mantendrán descuentos para el sector primario y el transporte, y se añadirán 165 millones de euros adicionales para la compra de fertilizantes en el sector agrícola. El decreto también establece que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) inspeccionará las estaciones de servicio para garantizar el cumplimiento de las medidas. Hasta el momento, se han detectado irregularidades en 52 estaciones. Respecto a la fiscalidad energética, el texto prevé la eliminación progresiva del impuesto sobre la producción de energía eléctrica, una medida reclamada por PP y Junts. Esta reducción empezará con un tipo…