Los propietarios del edificio en Peñíscola, que colapsó el 25 de agosto de 2021 causando la muerte de dos personas, continúan buscando justicia al cumplirse cinco años del desastre. Según la Comunidad de Propietarios Patios Fase V, Urbanización Font Nova, las diligencias para determinar posibles negligencias aún no han concluido, lo que podría acarrear responsabilidades penales.
En un comunicado, los vecinos denunciaron que el edificio se encuentra totalmente vandalizado y que no han recibido ninguna ayuda ni respaldo por parte de las autoridades. La jueza encargada del caso en Vinaròs tomó en 2025 la decisión de investigar a los técnicos del Ayuntamiento de Peñíscola y del Colegio de Arquitectos de Castellón para esclarecer presuntas fallas en el deber de cuidado y posibles advertencias ignoradas sobre la seguridad estructural del edificio.
En octubre, prestaron declaración el arquitecto municipal que aprobó la licencia de obras, el asesor jurídico del Ayuntamiento y la aparejadora que otorgó la licencia de primera ocupación. La jueza también ordenó la declaración del responsable del visado del proyecto arquitectónico. A pesar de ello, la comunidad de propietarios denunció que el Colegio Territorial de Arquitectos de Castellón no ha respondido, más de un año después.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana instó en febrero de 2026 al Colegio de Arquitectos a nombrar un perito para prestar declaración, sin recibir aún respuesta
En octubre de 2024, la Audiencia Provincial de Castellón reabrió la investigación tras considerar prematuro el archivo provisional del caso. Según un informe de la Conselleria de Vivienda, el derrumbe fue consecuencia de múltiples deficiencias estructurales, incluida una mala calidad de materiales y errores en la construcción.
La comunidad también denunció que el edificio, durante sus casi cuatro años bajo custodia judicial, fue completamente vandalizado y saqueado, agravando su lamentable situación. Con motivo del quinto aniversario del siniestro, los vecinos lamentan la desidia de las autoridades y el lento progreso de las diligencias judiciales, reclamando por la falta de apoyo del Ayuntamiento y las aseguradoras.
Ante esta situación, la comunidad ha presentado una reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños durante el periodo de custodia y ha solicitado a la Policía Local que refuerce la seguridad, debido a reiteradas roturas en el vallado perimetral.
