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El Ministerio de Trabajo no presentó ninguna propuesta durante la reunión celebrada este martes para la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2026. Sin embargo, según fuentes del departamento que dirige Yolanda Díaz, se espera que en futuros encuentros se aborde esta cuestión. Durante esta primera reunión con los agentes sociales, se presentó el informe elaborado por los expertos y se expusieron los criterios seguidos en su elaboración. El siguiente paso, tal y como señalan las mismas fuentes, será que el Gobierno realice una propuesta inicial para alcanzar un acuerdo en el marco del diálogo social. Por otro lado, los sindicatos CCOO y UGT insistieron en que el acuerdo para la subida del SMI debe incluir una reforma de las reglas de compensación y absorción, garantizando que la subida llegue efectivamente a los trabajadores. Javier Pacheco, secretario de Acción Sindical de CCOO, y Fernando Luján, vicesecretario general de UGT, recalcaron esta necesidad al término de la reunión. Nosotros hemos planteado la necesidad de vincular una cosa (la subida del SMI) y la otra (la reforma de las reglas de absorción y compensación) en un mismo acuerdo Pacheco explicó que la propuesta sindical contempla la tramitación de dos reales decretos: uno para actualizar el salario mínimo y otro para modificar las normas de compensación y absorción, este último vinculado a una directiva europea. Trabajo ha ofrecido la posibilidad de habilitar estos decretos en paralelo como parte del mismo acuerdo para el SMI. Los sindicatos esperaban que el Gobierno manifestara su posición tras el informe que sugiere un incremento del SMI del 3,1% sin tributación en el IRPF, o del 4,7% si tributara, alcanzando los 1.221 o 1.240 euros mensuales, respectivamente, por catorce pagas. El Gobierno, según Pacheco, indicó que primero quería evaluar los márgenes de negociación existentes ante las propuestas…
El Partido Popular (PP) ha mostrado su apoyo al nuevo Plan Europeo para la Vivienda Asequible que la Comisión Europea presentará este martes. El enfoque del plan se centra en reducir la burocracia en la construcción de viviendas, una medida que el PP considera como una «reprobación» a las políticas implementadas por el Gobierno actual de Pedro Sánchez. Fuentes del PP han destacado que el plan de Bruselas fomenta la no intervención de precios, la construcción de más viviendas y la simplificación de las regulaciones. Según el partido, estas medidas reflejan una sintonía con las políticas de sus comunidades autónomas, que apuestan por no fijar topes a los precios del alquiler por considerarlos ineficaces y contraproducentes. La Comisión Europea se alinea con nuestras políticas al no intervenir ni fijar los precios de alquiler, abogando por soluciones basadas en análisis y datos Además, la formación política ha señalado que el plan europeo tiene como objetivo acelerar la construcción de viviendas, destinar fondos específicos a la vivienda asequible, y crear una «nueva categoría de vivienda asequible» que permitirá a estas viviendas beneficiarse de ayudas estatales de la Unión Europea. Por otro lado, el Partido Popular ha criticado duramente el balance de gestión del Gobierno de Sánchez, calificándolo de «desolador». La formación asegura que el Ministerio de Vivienda ha dejado sin ejecutar el 68% de su presupuesto y se ha renunciado a 4.000 millones en préstamos de la UE destinados a vivienda social y alquiler asequible. Asimismo, el PP denuncia la creación de la empresa pública Casa47, etiquetándola de «inservible» y argumentando que supone un coste para los ciudadanos de 16.000 millones. Los siete años de Pedro Sánchez en Moncloa solo han servido para reducir la oferta de vivienda y aumentar los precios, que han subido más del 50% señalan desde la formación…
La presidenta del Grupo de Socialistas y Demócratas del Parlamento Europeo, Iratxe García, ha descrito como «histórico» el nuevo Plan de Vivienda Asequible para la UE presentado este martes en Estrasburgo por la Comisión Europea. Este plan es el resultado de tres años de esfuerzos concentrados para poner la vivienda en el centro de la agenda europea. García ha destacado la preocupante situación habitacional que enfrenta Europa, marcada por un incremento del 60% en los precios de la vivienda durante los últimos 15 años. Además, el 62% de los europeos teme no poder acceder a una vivienda digna. La eurodiputada subraya que esto trasciende las estadísticas y se convierte en una emergencia social. Más de un millón de personas, entre ellas 400.000 niños, carecen de hogar. Esto no son estadísticas, es una emergencia social Para abordar estos desafíos, García ha insistido en la necesidad de una inversión masiva, propuesta en la forma de un fondo de 300.000 millones de euros para garantizar viviendas dignas y asequibles. Este plan también fue elogiado por Alícia Homs, eurodiputada balear y miembro de la Comisión especial sobre crisis de la vivienda, quien considera que este es un paso crucial para millones de europeos que enfrentan inseguridad habitacional y precios desorbitados de vivienda. Además, Homs se refirió a la nueva iniciativa legislativa relativa a los alquileres de corta duración. Este marco, diseñado para ayudar a las autoridades locales y regionales, no implica una prohibición, sino que ofrece herramientas para que adopten medidas en zonas donde la presión sobre la vivienda es especialmente fuerte. Es un paso importantísimo para millones de personas en Europa
El Ministerio de Industria y Turismo, a través de Turespaña, ha dado un paso significativo al publicar en la Plataforma de Contratación del Sector Público la licitación del contrato de concesión de obra pública para la rehabilitación, adecuación y explotación del Palacio de Congresos de Madrid. Este proyecto cuenta con un presupuesto de 105 millones de euros y pretende reiniciar la actividad de este complejo como un «polo de actividad turística, económica y de cooperación internacional». El contrato, que abarca los edificios A y C del complejo, busca mantener su función como espacios para exposiciones y congresos. Se establece una concesión de 40 años que contempla 12 meses para la redacción del proyecto y 36 meses para realizar las obras. El adjudicatario tendrá la responsabilidad de elaborar el proyecto ejecutivo, ejecutar las obras y gestionar tanto el Palacio como su aparcamiento, a cambio de pagar un canon anual a Turespaña. Con un presupuesto estimado de 105,7 millones de euros, el contrato impone al concesionario la obligación de financiar, ejecutar y mantener las obras para adecuar los edificios. Además, deberá gestionar y explotar el Palacio durante toda la duración de la concesión. Esta fórmula, explica el ministerio, permite un uso responsable del patrimonio público, movilizar la inversión privada y garantizar una gestión eficiente, sostenible y orientada al servicio público. Dentro del marco del contrato, Turespaña se reserva el derecho de utilizar el Palacio de Congresos por un máximo de cinco días anuales para actividades propias y otros cinco días de manera parcial. Este aspecto asegura que el edificio podrá seguir cumpliendo funciones de interés público. Además de las intervenciones en los edificios A y C, la rehabilitación se suma a las obras ya en curso del Edificio B, que está destinado a albergar la sede permanente de la ONU para el…
Jéssica Albiach, líder de los Comuns en el Parlament, ha anunciado un acuerdo crucial con el Govern. Este pacto asegura la bonificación del 50% en el precio del transporte público durante 2026. Tras una reunión con Sílvia Paneque, consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Albiach destacó que este logro es una victoria política y de sentido común. Albiach detalló que la próxima semana, Paneque desglosará los pormenores del acuerdo. Se prevé que el Estado mantenga un 20% de la bonificación y la Generalitat asuma el 30% restante. Para Albiach, este acuerdo representa un alivio financiero significativo para muchas familias, especialmente en tiempos donde la inflación aprieta. En un momento en el que el coste de la vida ahoga a miles de hogares, no podíamos permitir que se cargaran la bonificación Al ser cuestionada sobre la relación de esta bonificación con el abono de transporte recientemente anunciado por Pedro Sánchez, Albiach aclaró que abarcan sistemas de transporte diferentes. Mantener la bonificación era una de las tres condiciones impuestas por los Comuns para negociar con el Govern los presupuestos del 2026. Además, el partido ha pedido una reunión para rendir cuentas sobre el cumplimiento de los acuerdos de financiación en salud y educación, lo que hasta ahora no tiene fecha fija. También exigen que comiencen a aplicarse sanciones según la ley de vivienda, ya que, después de un año en vigor, aún no se ha implementado ninguna. Este acuerdo muestra como se debe hacer frente a extrema derecha, que ha dicho que no se la gana «con buenas palabras, se la gana con políticas útiles»
El Gobierno de España ha comunicado su intención de solicitar la asociación de Cataluña y el País Vasco como miembros de la Organización Mundial del Turismo de la ONU y de la UNESCO. Esta decisión fue revelada por el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, quien destacó que otros territorios han obtenido este reconocimiento dentro del sistema multilateral. Mientras se tramita dicha solicitud, Sánchez ha indicado la intención de desarrollar un estatuto más amplio que permita a ambos territorios desplegar sus competencias en las áreas de cultura y turismo. Este anuncio se sitúa dentro del contexto de la relación del Gobierno con Junts, partido con el cual Sánchez ha enfatizado que no existe actualmente un vínculo formal, aunque sigue mostrando disposición para retomar la «hoja de ruta» acordada en la declaración de Bruselas. En este sentido, el presidente ha mencionado que se está trabajando para que se publiquen las balanzas fiscales en el menor tiempo posible, utilizando una metodología consensuada entre el partido catalán y el Ejecutivo. La Organización Mundial del Turismo de la ONU cuenta en su lista de miembros asociados con destinos como Aruba, Flanders, Hong Kong (China), Macao (China), Madeira (Portugal) y Puerto Rico. La inclusión de Cataluña y el País Vasco en este listado representaría un paso importante en la gestión de sus recursos turísticos y culturales, alineándolos con ejemplos de territorios que ya gozan de este estatus.
La reciente sanción de 64 millones de euros impuesta por el Ministerio de Consumo a Airbnb ha sido recibida con buenos ojos por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y Asufin. Ambas entidades han subrayado la importancia de que las plataformas intermediarias asuman responsabilidades, más allá de solo obtener beneficios. Asufin ha señalado que esta multa representa un «aviso para navegantes». La compañía sancionada, Airbnb, ha manifestado su intención de recurrir la multa, calificándola de «contraria al marco legal español y europeo». En su comunicado, Airbnb destaca su colaboración con el Ministerio de Vivienda desde la implementación de la nueva normativa sobre alquileres de corta duración, vigente desde el pasado 1 de julio. Según Airbnb, "la nueva normativa, que exige que los anuncios indiquen el número de registro, no era aplicable cuando se inició la contienda en 2024". The ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha remarcado que esta es la segunda multa más alta impuesta por una autoridad de consumo en España, después de los 108 millones de euros a Ryanair. La OCU considera la sanción una medida en la dirección correcta para controlar el alquiler turístico, pero advierte que no se resolverá el problema del acceso a la vivienda solo con endurecer las regulaciones de alquiler temporal. Las infracciones identificadas por Consumo abarcan un total de 65.122 anuncios en Airbnb, acusados de prácticas comerciales desleales. Las principales violaciones incluyen la publicación de anuncios de alojamientos turísticos sin licencia, el uso de números de licencia falsos o incorrectos, y publicidad engañosa respecto a la naturaleza jurídica de los anfitriones. Esta conducta ha resultado en una infracción grave que asciende a una sanción de 64.055.311 euros, cantidad que Consumo asegura es «seis veces el beneficio ilícito» generado por Airbnb. El Tribunal Superior de Justicia de…
El Ministerio de Trabajo ha convocado a sindicatos y empresarios para discutir la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) de 2026. La reunión está programada para mañana martes a las 17.00 horas. Esta discusión llega luego de recibir la semana pasada el informe de los expertos, quienes recomiendan elevar el SMI en casi 37 euros al mes, hasta los 1.221 euros mensuales si sigue exento de tributación, o subirlo en cerca de 56 euros mensuales, hasta los 1.240 euros si se opta por su tributación en el IRPF. Los expertos han planteado dos escenarios: uno con tributación y otro sin. En el contexto de las recomendaciones, los sindicatos CCOO y UGT han propuesto un aumento del 7,5% hasta los 1.273 euros mensuales con tributación, mientras que las patronales CEOE y Cepyme sugieren un incremento del 1,5%, llegando a los 1.202 euros mensuales, no exento de tributación. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha señalado su disposición a «rehacer» la propuesta inicial tras conocer el informe de los expertos El gobierno, aprovechando estas recomendaciones, subió el SMI en un 4,4% el pasado febrero, alcanzando los 1.184 euros mensuales. Esta decisión fue tomada en conjunto con los sindicatos y con efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año. La propuesta sobre la tributación del SMI sigue siendo un tema de discusión. En la subida de 2025, los Ministerios de Hacienda y de Trabajo acordaron que los perceptores del SMI no tributen en el IRPF, gracias a una deducción especial introducida para adaptarse a la nueva cuantía. María Jesús Montero, Ministra de Hacienda, se mostró abierta a considerar esta deducción en las actualizaciones del IRPF. En un esfuerzo por prevenir conflictos pasados, ya que la tributación del SMI anteriormente generó diferencias entre las autoridades, se busca ahora una solución conjunta.…
El director general de Pesca Marítima del Gobierno asturiano, Francisco González, ha comentado sobre el reciente acuerdo alcanzado en Bruselas referido a las cuotas de pesca en el Atlántico y el Mediterráneo. Durante unas declaraciones remitidas a Europa Press, González mostró su inquietud por la reducción de cuotas de abadejo y caballa. Según explicó, la reducción planteada para especies como abadejo, lenguado y caballa preocupa al Principado. Aunque, señaló, en el caso del abadejo y el lenguado, la reducción será menor a la inicialmente prevista, lo que alivia parcialmente la situación. Sin embargo, es la cuota de caballa, que disminuye un 70%, la que más repercutirá en la rentabilidad de la flota asturiana, afectando especialmente a las lonjas. Desde la Dirección General de Pesca estaremos atentos a cómo discurre el año Señaló Francisco González, resaltando la vigilancia que mantendrán sobre el impacto de estas decisiones en el sector pesquero asturiano. En contraste, la situación es más alentadora respecto a la merluza, cuya cuota se mantiene en el nivel del año pasado, con 17.445 toneladas. «Nos genera cierta tranquilidad», afirmó González, refiriéndose a esta estabilidad en la cuota de un pez fundamental para la región. Según él, esto traerá un poco de estabilidad al sector en un año lleno de ajustes. La merluza, especie fundamental para nosotros, genera estabilidad De esta manera concluyó González, destacando la importancia de la merluza para el sector pesquero del Principado de Asturias en medio de los desafíos que presenta el reciente acuerdo. La atención ahora estará en cómo se concretarán estas medidas en el transcurso del año.
El reciente acuerdo alcanzado por la Unión Europea sobre el reparto de las cuotas pesqueras en aguas comunitarias ha dejado un saldo positivo para la flota española en el Mediterráneo. Gracias a este pacto, se mantienen 143 días de faena para el año 2025, aunque con la condición de implementar medidas de compensación. Reacciones en el Govern y perspectivas futuras El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, expresó su satisfacción ante este desenlace. Según Simonet, «si bien la propuesta inicial de Baleares ya era un poco mejor que las del resto de España, al final estos 143 días son buenos para la flota pesquera de Baleares». Este resultado refleja, a su juicio, un cambio de actitud en la Comisión Europea desde la entrada del nuevo comisario, así como las gestiones realizadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con el respaldo de las comunidades autónomas. Esperemos que esto redunde en una seguridad de la flota pesquera Esta afirmación subraya la esperanza de que el acuerdo proporcione estabilidad y continuidad a la industria pesquera del Mediterráneo. Asimismo, Simonet destacó la importancia de los anuncios del nuevo comisario sobre la revisión del reglamento de pesca y del programa de pesca del Mediterráneo occidental, aspectos clave que necesitan atención continua para evitar incertidumbres anuales. En conclusión, las recientes negociaciones brindan buenas noticias para el sector primario. Simonet animó a los consumidores a apoyar al sector, especialmente durante la temporada navideña, con un llamado a consumir pescado de Baleares durante todo el año.