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El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto, propuesto por el Ministerio para la Transformación Digital, para crear y regular el Foro de Gobierno Abierto. Este foro busca proporcionar un marco "más estable y operativo" que potencie la colaboración entre las administraciones públicas y la sociedad civil, según ha comunicado el Ministerio. Esta iniciativa responde al compromiso adquirido en el 'V Plan de Gobierno Abierto 2025-2029', aprobado en la cumbre global de la Alianza para el Gobierno Abierto. El nuevo foro es considerado un "instrumento clave" para estructurar el diálogo con la sociedad civil y resaltar su papel en la cocreación de políticas públicas y en la defensa de un espacio cívico plural y colaborativo. El Foro de Gobierno Abierto busca potenciar la colaboración entre las administraciones y la sociedad civil, promoviendo un espacio participativo y plural. El Foro tendrá una estructura paritaria con 64 vocalías en total: 32 representantes de las administraciones y 32 de la sociedad civil. En su composición se incluye una representación de cada comunidad autónoma y cuatro miembros de la Federación Española de Municipios y Provincias, además de Ceuta y Melilla. El Ministerio para la Transformación Digital ha detallado que los órganos de debate y decisión serán el pleno, la comisión permanente y los grupos de trabajo. La vicepresidencia segunda del Foro estará en manos de la sociedad civil con una rotación anual, y el calendario ha sido publicado en el Portal de la Transparencia. Las vocalías observadoras, que podrán participar pero sin derecho a voto, contribuirán a ampliar la pluralidad del Foro manteniendo la paridad, según ha indicado el Ministerio. Con el fin de mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, se ha decidido que se elaborará un informe anual con indicadores verificables, que será publicado en un formato reutilizable y accesible.…
El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes), Fernando Simón, ha sostenido que el crucero afectado por hantavirus no representa un riesgo alto y que se tomarán las medidas necesarias para controlar posibles amenazas. Simón hizo estas declaraciones a la prensa este martes, antes de participar en una jornada sobre salud global y desigualdad social en la Universitat de Barcelona (UB). Simón ha subrayado la necesidad de ser razonables con los riesgos, y ha descartado la idea de mantener a las personas encerradas en el barco durante 45 días. "No podemos es tener 45 días encerradas estas personas en el barco. Tenemos que ser razonables con los riesgos. Se van a poner todas las medidas necesarias para controlar los riesgos", afirmó el director del Ccaes. Simón ha asegurado que el hantavirus, que se transmite por contacto con secreciones de roedores infectados, no es fácilmente transmisible entre humanos. En sus declaraciones, Simón resaltó que la transmisión de persona a persona es posible, aunque poco frecuente y difícil. Por ello, no considera que el hantavirus sea una amenaza para España, especialmente si los casos del barco son evacuados. "Si el barco no tiene casos, porque han sido evacuados o van a ser evacuados, no habría que preocuparse", apuntó. Ante la posible llegada del barco a Canarias, Simón reconoció que puede haber algún riesgo menor, aunque insistió en la necesidad de estar vigilantes e implementar medidas de control. Reiteró que, en su opinión, la población no debería estar preocupada por esta situación actualmente. "Ahora mismo no creo que esta situación se pueda dar", concluyó.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha revelado este martes que el Gobierno tiene previsto aprobar 179 propuestas normativas en el año 2026, entre las que destacan los presupuestos generales del Estado y la nueva ley de financiación autonómica. "La legislatura suma y sigue", ha afirmado Bolaños en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que presentó a los medios el Plan Anual Normativo para el próximo año. Según detalló Bolaños, el plan contempla la aprobación de 10 leyes orgánicas, 38 normas ordinarias y 131 reales decretos. Además, el 31% de estas normas serán incorporaciones al marco legal español de normativa europea. Sobre el Plan Anual Normativo del año 2025, el ministro destacó un alto grado de ejecución, con un 36,18% de normas aprobadas y un 46,23% en tramitación avanzada. El Gobierno español pretende reforzar su acción legislativa con 179 propuestas normativas para 2026. Entre las normas previstas para el próximo año figuran los presupuestos generales del Estado, la financiación autonómica, la ley de crédito al consumo y la modernización del sistema financiero. Bolaños mencionó también otras iniciativas enmarcadas en el Plan de Acción por la democracia, como la ley orgánica de integridad pública, la ley anticorrupción y la regulación sobre publicidad en el sector público. En materia de igualdad, el Ejecutivo planea la aprobación de la ley de violencia vicaria y la ley de trata, destinadas a abordar "todas las formas de trata y explotación humana". Para el ámbito laboral, destacan medidas como la ley de democracia en la empresa, la ley de prevención de riesgos laborales, que ya fue sometida a una primera revisión la semana pasada, y la ley de mejora de condiciones laborales para trabajadores en plataformas, junto con una normativa sobre consumo sostenible. En…
El Tribunal de Cuentas ha revelado que, en noviembre de 2024, el Gobierno español recurrió a 2.389,4 millones de euros provenientes de fondos europeos para financiar pensiones de clases pasivas y complementos de pensiones mínimas. Esta medida fue necesaria debido a la falta de crédito presupuestario generada por la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado de 2023. Esta es una de las conclusiones del informe sobre la Cuenta General del Estado de 2024, que, pese a obtener una opinión favorable, incluye ciertas "salvedades o incidencias" que el Tribunal recomienda corregir. El Tribunal indica que la insuficiencia de fondos para compromisos "ineludibles" de pensiones impulsó dos modificaciones presupuestarias en noviembre de 2024, financiadas con créditos sobrantes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Se consideró que estas modificaciones no afectarían al cumplimiento del Plan de Recuperación ni a la absorción de dichos fondos europeos. No obstante, el organismo señala que los fundamentos jurídicos para esta acción gubernamental deberían haberse justificado mejor, ya que hay "incertidumbre" sobre las limitaciones al uso de estos créditos sobrantes en 2024. El informe del Tribunal de Cuentas resalta la necesidad de mejorar la justificación de fundamentos jurídicos en el uso de fondos europeos para cubrir insuficiencias presupuestarias. Además, la continuidad presupuestaria ha mantenido el presupuesto de pensiones igual al de 2023, provocando una infravaloración de 1.008,4 millones de euros en 2024. En paralelo a estos movimientos presupuestarios, el Tribunal ha destacado que el patrimonio neto de la Seguridad Social sigue en negativo por octavo año consecutivo, superando los 106.000 millones de euros. La institución advierte sobre la dependencia financiera del sistema en los préstamos del Estado, que en 2024 alcanzaron los 126.170,2 millones de euros, representando el 7,91 % del PIB. El Tribunal de Cuentas subraya también la necesidad urgente de adoptar medidas que aseguren la…
La Audiencia Nacional ha condenado a tres años y medio de prisión al comisario jubilado José Manuel Villarejo por la revelación y distribución del contenido de la tarjeta de un móvil robado perteneciente a Dina Bousselham, quien en noviembre de 2015 era asesora del entonces líder de Podemos, Pablo Iglesias. Los magistrados, en una sentencia recogida por Europa Press, consideran probados los hechos y condenan a Villarejo como autor del delito de revelación de secretos de particulares con difusión a terceros, perpetrado por un funcionario público. Además, le imponen el pago de una indemnización a Bousselham e Iglesias de 5.000 y 1.000 euros respectivamente. La Administración General del Estado responderá como responsable civil subsidiario. La pena impuesta es inferior a los cinco años de prisión solicitados por la Fiscalía, debido a la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas. Este factor considera el tiempo transcurrido entre la formación de la pieza judicial separada en 2017 y la celebración del juicio. El proceso judicial examinó el recorrido de la tarjeta telefónica de Bousselham desde el robo del móvil en 2015 hasta que la información contenida fue publicada en diversos medios.
Winahost, la empresa catalana especializada en gestión de alquiler vacacional y temporal, ha fortalecido su presencia en el sector profesional con el lanzamiento de una nueva división enfocada en la gestión integral de edificios turísticos y hoteles boutique inteligentes. Esta iniciativa busca atender a propietarios institucionales, gestoras profesionales y operadores hoteleros que requieren tecnología de vanguardia y apoyo operativo. Con sede en Barcelona y fundada en 2021, Winahost gestiona actualmente más de 260 propiedades en ciudades como Barcelona, Madrid, Valencia y Sevilla. Su capacidad abarca aproximadamente 1.000 habitaciones, habiendo gestionado más de 10.000 reservas y recibido a 42.000 huéspedes en los últimos tres años. La empresa ahora expande su modelo de negocio B2B hacia activos de múltiples unidades, incluyendo edificios turísticos y Smart Hotels, caracterizados por su uso inteligente de tecnología y la minimización de intervención humana. La propuesta de valor de Winahost incluye una suite tecnológica integrada por un motor de precios dinámicos y la base de datos PEAT, que evalúa el potencial turístico de más de 8.000 municipios en España. Además, desarrollan plataformas específicas para la gestión de edificios turísticos y Smart Hotels. Según los cofundadores, Pol Aracil y Albert Pérez, la combinación de tecnología avanzada y un equipo operativo permite escalar las operaciones de gestión de manera eficaz. Desde 2021, Winahost ha captado financiación dilutiva y no dilutiva sumando un millón de euros, apoyada por entidades como la Red de Business Angels y Family Offices de IESE, ENISA, UE Next Generation y BBVA Spark. La compañía continúa desarrollando su propio stack tecnológico, enriquecido con inteligencia artificial, para seguir optimizando sus servicios en el sector.
El Clúster de Innovación Tecnología y Talento en Semiconductores (CITT) ha celebrado su primer Summit trimestral de 2026 con el objetivo de impulsar la competitividad industrial, la colaboración y el talento en la Comunidad de Madrid. La jornada, que tuvo lugar en las Oficinas Centrales de Rohde & Schwarz Spain, sirvió para abordar el nuevo Plan Industrial de la región, la consolidación del CITT como asociación y las oportunidades estratégicas del sector en Europa. El evento, realizado a finales de abril, reunió a representantes institucionales, empresas líderes, universidades, centros de investigación, expertos e inversores para avanzar en la hoja de ruta del ecosistema madrileño de semiconductores. Este encuentro marca una nueva etapa para el CITT, que refuerza su capacidad como interlocutor estratégico, consolidando una estructura de gobernanza propia. Durante la jornada, se destacó el apoyo de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid y de la Fundación para el Conocimiento madri+d. La directora general de Investigación e Innovación Tecnológica, Marina Villegas, participó en la apertura, mientras que Jorge Iñesta, subdirector general de Industria, subrayó la importancia estratégica de la microelectrónica y los semiconductores en las prioridades industriales de la región. El Clúster CITT se consolida como un espacio de coordinación esencial para convertir a Madrid en un referente europeo en semiconductores El plan de actuaciones 2026 del CITT incluye potenciar la relación entre universidades, investigación y empresas; promover proyectos de colaboración con fondos europeos; y fortalecer la colaboración con las diferentes consejerías de la Comunidad de Madrid. Cesc Guim, CEO de Openchip, enfatizó la importancia del vínculo universidad-empresa como motor de competitividad, mientras que Alfonso González de León destacó las oportunidades colaborativas a nivel europeo para posicionar a Madrid en iniciativas continentales de semiconductores. Gonzalo León, de la Universidad Politécnica de Madrid, analizó la relación…
El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha comparecido este lunes en el Tribunal Supremo para defenderse de las acusaciones de recibir sobornos del empresario Víctor de Aldama. En su declaración, Ábalos ha negado haber recibido las cantidades de dinero que se le atribuyen, afirmando que son "bastante menos" que los 94.000 euros no declarados en diez años que le adjudica la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Ábalos, en su intervención de siete horas, ha enfrentado un duelo dialéctico con el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón. Ha lamentado que "en cada declaración aumentan los millones" que le señalan Aldama y los investigadores, negando tener en su posesión tales cantidades. Argumentó que el supuesto dinero recibido "en mano y delante de Koldo", su exasesor, no cuenta con prueba alguna. José Luis Ábalos niega haber recibido los fondos que le atribuyen y cuestiona la falta de pruebas sobre su procedencia. En sus declaraciones, Ábalos ha explicado que algunos de los fondos imputados como ingresos en efectivo corresponden a pagos por alquileres. Ha desmentido tener cuentas o fondos ocultos, señalando que "no han localizado nada más allá de los WhatsApps" del móvil de su exasesor Koldo. Ábalos ha aclarado que en 2020 le imputaron más de 14.000 euros en efectivo, de los cuales 7.600 corresponden al alquiler de un piso y 4.000 a un alquiler vacacional. Señaló que su exasesor Koldo García asumía el "control del gasto", recogiendo habitualmente los tickets de gastos que después se reintegraban. Además, ha declarado que el PSOE le devolvía el dinero adelantado en efectivo hasta 2021, cuando comenzaron a hacerlo por transferencia bancaria. El exministro también ha abordado el tema del borrador de nota de prensa sobre un préstamo a Air Europa. Según explicó, no se publicó ninguna nota oficial sobre el asunto,…
Las organizaciones agrarias Asaja, UCCL y la Alianza UPA-COAG han decidido convocar nuevas protestas en Castilla y León para el próximo miércoles 20 de mayo en Valladolid. El motivo de esta movilización es la caída de la rentabilidad en el sector agrario, afectando gravemente a los subsectores de cereales y otros cultivos herbáceos. Las asociaciones han manifestado su preocupación por la situación y reclaman la implementación de medidas políticas, arancelarias y fiscales que permitan reducir los costes de producción y elevar los precios de los productos agrícolas, buscando al menos cubrir los gastos según lo estipulado por la Ley de la Cadena Alimentaria. Además, exigen que las ayudas económicas vayan más allá de las que ya han sido aprobadas, hasta que se alcance un equilibrio más justo en los mercados, actualmente distorsionados por los conflictos bélicos. Según denuncian, tanto la Unión Europea como la Junta de Castilla y León han ignorado las necesidades de los agricultores y ganaderos. En esta línea, el sector también demanda el cumplimiento del Marco Temporal de Ayudas Estatales para la Crisis de Oriente Medio (METSAF), que permite compensar hasta el 75% del sobrecoste de fertilizantes y carburantes generado hasta finales de año. El sector agropecuario enfrenta una situación crítica debido a la no recuperación de los precios de sus productos, mientras los costes de insumos como carburantes y fertilizantes siguen en aumento. El sector lácteo, por su parte, que había mantenido un equilibrio en su situación, ha tenido que aceptar contratos con una reducción del 14% en el precio durante tres meses, lo que ha frenado las inversiones, conducido al abandono de granjas y provocado una reducción de la producción. A estos problemas se suman los que afectan a la ganadería, derivadas de las enfermedades animales cuyo control escapa de sus competencias. También preocupa la…
Iván Redondo, exdirector del Gabinete del presidente Pedro Sánchez, ha revelado que Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, intentó reclutarle tras el lanzamiento de Sumar para las elecciones generales del 23 de julio. Según Redondo, el acercamiento se produjo durante una reunión celebrada el 29 de marzo de 2023 en el Ministerio de Trabajo, a la que fue invitado por la jefa de gabinete de Díaz, y donde se discutió su candidatura presidencial. En su libro "El Manual", Redondo destaca que Díaz le pidió su opinión sobre el lanzamiento de su candidatura en el polideportivo Magariños, una elección que él consideró desacertada al relacionarse más con la biografía de Pedro Sánchez, quien jugó al baloncesto allí en su juventud. Además, el asesor político advirtió a Díaz sobre el error de presentar su candidatura antes de las elecciones municipales de mayo de 2023 y sin el apoyo de Podemos, aconsejando que esta falta de apoyo podría ser un "suicidio político". Redondo advirtió a Díaz que Sumar sin el motor de Podemos nunca funcionaría. El encuentro, según Redondo, fue cordial, pero dejó claro que consideraba poco probable que Díaz alcanzara la presidencia, comparando su situación con la de la ministra guatemalteca Adela de Torrebiarte, quien no logró sus objetivos políticos a pesar de las expectativas generadas. En "El Manual", Redondo revisa su trayectoria política y personal, compartiendo su experiencia desde sus comienzos en un barrio obrero de San Sebastián hasta su papel como consultor político y su paso por La Moncloa como jefe de gabinete. Su obra ofrece una perspectiva interna del poder, basada en su experiencia real, y busca servir como guía pública, repitiendo sus logros y desafíos, incluido su tiempo colaborando con el Partido Popular de Extremadura y su trabajo junto a Pedro Sánchez hasta que un problema…