El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con un presupuesto de hasta 7.000 millones de euros, lo que representa el triple que la partida del plan anterior. Este nuevo plan busca garantizar la protección indefinida de las viviendas públicas al estipular que los inmuebles adquiridos o promovidos con sus fondos mantendrán su calificación de protegidos de manera permanente.
El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 supone un aumento significativo del esfuerzo financiero por parte de las comunidades autónomas, que ahora deberán aportar el 40% del presupuesto total.
El plan destina el 40% de su presupuesto a incrementar la oferta de vivienda protegida, mientras que un 30% se empleará en la rehabilitación del parque de viviendas existente. El resto estará dirigido a ayudas para facilitar la emancipación juvenil, reducir la tasa de esfuerzo financiero y actuar en áreas con mercados de vivienda tensionados.
La nueva legislación establece que el Estado cubrirá el 60% de la inversión y las comunidades autónomas el 40% restante, lo que ha generado críticas, especialmente desde gobiernos autonómicos del Partido Popular, que consideran que esta distribución afecta al principio de igualdad entre españoles y a la autonomía regional.
El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 se estructura en torno a cinco ejes principales: fomento de la vivienda pública, rehabilitación para mejorar eficiencia y accesibilidad, apoyo específico a la emancipación juvenil, reducción de la tasa de esfuerzo económico y solución a las dificultades en áreas con alta presión de demanda.
A pesar del retraso acumulado, ya que la aprobación estaba inicialmente prevista para el cierre del año pasado, el plan se presentará ante el Consejo de Ministros como un Real Decreto, lo que evitará la necesidad de ser avalado por el Congreso de los Diputados.
Entre las novedades se encuentran ayudas para jóvenes para alquilar con opción a compra en viviendas protegidas con un límite de hasta 300.000 euros, así como pagos superiores a los 10.800 euros para quienes adquieran o construyan su primera vivienda en municipios despoblados. También se contempla incrementar el bono de alquiler joven hasta 300 euros mensuales y ayudas para alquileres de vivienda habitual que pueden llegar a 250 euros al mes.
El plan incorpora además ayudas para la rehabilitación de viviendas vacías, con aportaciones de hasta 35.000 euros, a condición de que sean destinadas a alquiler residencial durante al menos cinco años. También se asignan fondos para construcción de vivienda pública en municipios pequeños, con subvenciones de hasta 85.000 euros.
