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La electricidad calienta la economía y la política en plena recuperación

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El precio de la luz no para de subir en España. Por ello, Capital analiza y pregunta a los agentes del sector causas y consecuencias de estas elevadas facturas de electricidad, que afectan a consumidores y a la propia recuperación económica

El precio de la electricidad en España se ha convertido en uno de los principales temas económicos y políticos en el verano del 2021, incluso por encima de las cuestiones sobre la pandemia de la Covid-19, que viene marcando la agenda desde marzo de 2020. La situación de precios elevados, que, con toda previsibilidad se prorrogará el otoño, ha abierto, un escenario de preocupación por su afectación a los consumidores y riesgo de cara a la recuperación económica de la crisis del coronavirus.

El Gobierno de coalición que preside Pedro Sánchez ha tenido que tirar de rebajar el IVA para la electricidad y suspender el impuesto de generación, ambos hasta finales del 2021, para intentar contener la factura. Pero los precios han seguido subiendo durante el verano y las rebajas de impuestos no mitigan las subidas. La situación eléctrica ha reavivado las habituales disputas en el Gobierno de coalición con Unidas Podemos realizando propuestas para disminuir, el precio que la parte del PSOE no ve factibles a corto plazo.

En el debate político, con la oposición exigiendo al Gobierno medidas para evitar precios disparados por la luz, se han colado propuestas como una empresa pública eléctrica con las concesiones hidroeléctricas que caduquen, una treintena hasta el 2031, o un nuevo sistema de precios que haga fijos los de algunas energías como los de generación nuclear.

Los altos precios del mercado mayorista no impactan por igual en toda la cadena final, afectando principalmente a aquellos sujetos a tarifa regulada, unos 10 millones de consumidores. En España, al igual que en el resto de los países de la UE, el mercado mayorista de la electricidad opera bajo un régimen en el que la demanda existente cada día es satisfecha en primera instancia con la oferta de las tecnologías cuyos costes de producción son más bajos.

No obstante, el precio final aplicado mediante el “sistema marginalista” es el último que ha entrado, normalmente con tecnologías los precios de producción más elevados. Este sistema de fijación de precios la Unión Europea lo considera “adecuado” y no ha dejado modificarlo al Gobierno.

Gas y CO2, “culpables” de la subida de precios de la electricidad

Según un informe del Banco de España sobre el precio de la electricidad minorista, casi la mitad del aumento de los precios de generación de electricidad desde diciembre de 2020 a junio de 2021 se debe a la subida del precio del gas. Además, otra quinta parte del aumento viene dado por el encarecimiento de los derechos de emisión de CO2, que atribuye a los nuevos objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en Europa. Según sus datos, un consumidor con tarifa regulada ha pagado entre diciembre de 2020 y junio de 2021 un 22,3% más en su factura.

Molinos eólicos

El Banco de España destaca que “el comportamiento de los precios en los mercados mayoristas de la electricidad de los principales países del área del euro ha sido similar al observado en el caso español”, pero asegura que “la traslación de estos desarrollos a los precios minoristas habría sido heterogénea por países”. El banco central atribuye estas diferencias a las distintas regulaciones y sistemas de fijación de precios, que en el caso del mercado español, “la traslación ha sido particularmente elevada”.

Los mercados de futuros no auguran un otoño tranquilo en el sector eléctrico. Al contrario apuestan porque los precios mayoristas incluso puedan subir más que los récord marcados en el mes de agosto.

El sector eléctrico se defiende

La patronal de las principales empresas eléctricas, Aelec (Endesa, EDP, Iberdrola y Viesgo), salió al paso de la crisis de precios con un comunicado en el que achacaba los altos precios al gas natural y los derechos de CO2, al tiempo que recordaba que la situación se produce en todos los países europeos.

Aelec asegura sobre las subidas eléctricas que las compañías, “no se están beneficiando de la subida del precio en el mercado mayorista”, como si ocurre en las del sector gasista y que “las eléctricas de Aelec están asumiendo importantísimos esfuerzos económicos, tanto por la vía de los impuestos, que superan los 3.300 millones de euros anuales, como por la de las inversiones, con un compromiso que supera los 4.500 millones de euros este año”.

 La patronal pide, valorando positivamente las medidas del Gobierno de rebaja y suspensión temporal de impuestos, una revisión de la tarifa regulada “vinculándola a precios estables, tal y como se hace en los países europeos, que permitiría evitar la volatilidad en la factura que pagan los hogares”. Según su receta, “cuanto más se avance en la electrificación del modelo económico-productivo nacional y del conjunto de la sociedad a través de tecnologías de generación con renovables, más rápido nos encaminaremos hacia un precio de la energía barato y asumible para todos”.

Más renovables y medidas fiscales para intentar rebajar la factura

La última receta del Gobierno para intentar rebajar o contener la factura a medio plazo ha sido el anuncio de una nueva subasta de energías renovables, que tendrá lugar en octubre, y que consiste en una reserva de potencia de 600 MW que deberán estar operativos en un plazo máximo de ocho meses. El plan del Gobierno es que esta potencia se destine a plantas en avanzado estado de tramitación que entren en funcionamiento antes del verano del 2022 para intentar contener los precios.

Paneles fotovoltaicos

El enero de este año se adjudicó la primera macrosubasta de energías renovables bajo el nuevo sistema de retribución, retomando una parálisis de los últimos años debido a la conflictividad precedente por los precios del sector. En total, las empresas consiguieron permisos para 3.034 MW eólicos y fotovoltaicos a un precio medio de generación de 25 euros por MWh, muy inferior a los actuales. Junto con esta reserva de disponibilidad acelerada, la nueva subasta de renovables prevé una reserva de 1.500 MW para eólica terrestre; otra de 700 MW para fotovoltaica; otra de carácter neutra de 200 MW y otra de 300 MW para sistemas solares distribuidos.

Paralelamente el Gobierno ha enviado al Parlamento, para su tramitación por vía de urgencia un proyecto de Ley para regular la retribución del CO2 no emitido del mercado eléctrico, aspirando a reducir la factura de la luz de los consumidores al cubrir costes del sistema con los ingresos extraordinarios que obtienen las centrales de generación que no emiten CO2 y son anteriores al nacimiento del mercado europeo de carbono. Con la ley busca recortar los ingresos que reciben las centrales nucleares, el 80% de la potencia hidroeléctrica instalada y los parques eólicos anteriores a 2003, eliminando los llamados ‘dividendos de carbono’ que actualmente perciben.

De momento, la apuesta gubernamental para paliar los altos precios eléctricos consiste en medidas fiscales a corto plazo y mantener la apuesta por las energías renovables a medio. Pero la dependencia energética de España en el largo plazo sigue sin ser abordada, lo que puede provocar que las tensiones del mercado se mantengan si los vientos no soplan a favor.

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