La agencia de calificación crediticia Fitch ha ratificado recientemente la nota ‘A’ con perspectiva ‘estable’ para la deuda soberana a largo plazo de España. Destacan el fuerte crecimiento económico del país, proyectando que para 2026 la economía española crecerá «muy por encima» de la eurozona. Sin embargo, advierten que la parálisis política actual está afectando la implementación de reformas fiscales, así como el problema de la asequibilidad de la vivienda, impulsado principalmente por la escasez de oferta.
Fitch apunta que tras un año sólido en 2025, con un crecimiento del PIB real del 2,8%, esperan que España crecerá un 2,5% en 2026. Esto se compara favorablemente con el crecimiento del 1,3% previsto para la eurozona. La agencia también señala que el déficit de España se reducirá al 2,4% del PIB en 2025, aunque existe una previsión de ampliación al 2,6% para 2027. En cuanto a la deuda pública, se espera que caiga por debajo del 100% para finales de 2026, algo que no sucedía desde 2019.
La rápida apreciación de los precios de las viviendas genera preocupación por la asequibilidad, con un aumento del 47% desde 2020
Fitch explica que este incremento posee un marcado trasfondo estructural, ya que las limitaciones de oferta siguen siendo un problema significativo, aunque los criterios de crédito permanecen sólidos y el apalancamiento de los hogares ha disminuido desde 2024.
Por su parte, la agencia alemana Scope Ratings también mantiene la calificación ‘A’ para España, aunque resalta una perspectiva ‘positiva’. Este organismo subraya el «sólido dinamismo cíclico» del crecimiento económico del país, así como la mejora del mercado laboral y la fuerte creación de empleo. No obstante, advierte que las tensiones geopolíticas actuales en Oriente Próximo podrían impactar en el entorno económico externo de España y provocar una mayor inflación.
Pese a la falta de un presupuesto aprobado desde 2023, Scope observa que las cuentas fiscales del país «no están frenando su mejora». Sin embargo, advierte de posibles medidas de apoyo fiscal que el gobierno podría verse obligado a implementar debido a un conflicto prolongado en Oriente Próximo y presiones socioeconómicas internas.
