El Gobierno de Pedro Sánchez, en coalición con Sumar desde 2023 y, anteriormente, con Podemos desde 2018, acumula cerca de un centenar de subidas de impuestos que gravan prácticamente todas las áreas de la economía española. En el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), la decisión de no deflactar el tributo para compensar el impacto de la inflación ha situado los ingresos efectivos de los españoles en 2025 -descontada la carga fiscal y las cotizaciones- por debajo de los niveles de 2018. En el mismo periodo, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el PIB anual ha pasado de 1,21 a 1,69 billones de euros… casi un 40% más.
Además, hemos asistido como espectadores pasivos a varios casos de injerencia pública en empresas privadas por motivos estrictamente políticos (Telefónica o Indra, por ejemplo) y, pese al récord de recaudación fiscal, hemos visto evidencias claras de un déficit de inversión en infraestructuras que ha provocado hasta accidentes ferroviarios tan graves como el de Adamuz (Córdoba). La Alta Velocidad y la red ferroviaria españolas eran motivos de orgullo nacional a finales del siglo XX y ahora, el tren es el método de transporte público menos fiable.
También existen signos, testimonios y datos que achacan a la ‘fiebre renovable’ la causa del apagón que dejó sin luz a toda España el 28 de abril de 2025. La ‘guerra’ contra las nucleares y los combustibles fósiles, con una evidente lógica medioambiental a la que se añade, en términos similares, una fuerte carga ideológica, le está costando mucho dinero al tejido productivo español y a las familias españolas.
El Ejecutivo gobierna con Presupuestos Generales del Estado (PGE) prorrogados desde hace tres años porque no es capaz de sacar adelante una nueva ‘hoja de ruta’ para el ingente gasto público que maneja. Y no es capaz porque no tiene apoyos parlamentarios suficientes para aprobar ninguna Ley de calado. Como consecuencia, el principal actor de la economía española, que es el sector público, es un gigante sin capacidad de innovación e inversión en áreas productivas que permitan que nuestro país progrese.
El Sistema de la Seguridad Social también acumula un déficit galopante de cerca de 70.000 millones de euros, según datos de Fedea, principalmente porque el gasto en pensiones ya supera los 14.000 millones mensuales y esta cifra es un 50% más alta que la registrada en 2018. En esencia, el Estado está pagando las prestaciones con deuda pública, ya que el colectivo de jubilados no deja de crecer, por cuestiones demográficas, la inflación acecha y el Gobierno no se puede permitir poner en riesgo los votos de un colectivo que supera los 10 millones de personas. Y todo ello, pese al aumento de los ingresos por cotizaciones sociales.
Como consecuencia de la ‘orgía’ de gasto anteriormente descrita, de la debilidad parlamentaria del Gobierno y de la ausencia de medidas que permitan la viabilidad económica y financiera de la Administración, la deuda pública no deja de crecer. El pasivo ha pasado de 1,21 a 1,71 billones de euros en los últimos siete años, un incremento de más del 40%.
Iniciábamos este artículo reflejando la asombrosa capacidad de resistencia de los españoles y hay dos datos que refuerzan esta percepción. A pesar de los malos efectos de la gestión pública de los últimos siete años, el número de cotizantes en la Seguridad Social está en máximos históricos. Y el PIB español, pese a los efectos de las guerras en el crecimiento, sigue siendo el que lidera las estadísticas de revalorización europeas. Esto sí es motivo de orgullo, pese al Gobierno.
