El Estado siempre gana, y en periodos de inflación, la victoria es incluso más abultada. La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha iniciado la campaña de la Renta, un año más, con la recaudación fiscal en niveles históricos, en un contexto de subidas de precios generalizadas y con el aumento de impuestos como ‘santo y seña’ de la gestión de la caja pública. Más de 100 subidas fiscales desde que Pedro Sánchez es presidente, a todos los niveles y con especial impacto en Sociedades.
Lo que no tiene justificación es que, en un contexto de ingresos tributarios récord año tras año, el Gobierno de coalición progresista liderado por el PSOE haya disparado la deuda pública en más de medio billón de euros desde que llegara al poder hace ocho años. Concretamente, el pasivo ha crecido en aproximadamente 510.000 millones de euros, que son los que separan los 1,21 billones del cierre de 2018 y los 1,72 billones de febrero de 2026.
Y esto se produce, insistimos, en un contexto en el que los ingresos tributarios encadenan un récord tras otro todos los trimestres. Tras haber cerrado el ejercicio 2025 con un incremento del 10,4% en los ingresos, hasta los 325.356 millones de euros, los ingresos de Hacienda mantienen ese ‘brío’ en el inicio del presente 2026, con un alza que roza el 10% hasta febrero (últimos datos disponibles de la AEAT).
El pasado ejercicio, las subidas de impuestos y los diversos cambios normativos aportaron una recaudación extra de 7.820 millones de euros, según el impacto estimado por Hacienda. Esta cifra es el resultado de una aportación positiva de 10.798 millones por aumentos tributarios, a la que hay que restar un “impacto negativo” de 2.978 millones.
En total, la AEAT registró un incremento de la recaudación de 30.622 millones de euros el año pasado, por lo que podemos inferir, con las cifras anteriores, que uno de cada tres euros de esta recaudación ‘extra’ proceden de las subidas de impuestos aplicadas en 2025. Hacienda exprime las bases imponibles del sector privado como nadie, independientemente de que la renovación de los Presupuestos Generales del Estado sea una quimera desde hace tres años.
El déficit público cerró el pasado ejercicio en los 40.330 millones de euros, lo que permitió a España cumplir con el límite fijado con Bruselas -inferior al 2,5% del PIB- con una ratio del 2,39%. Esta cifra hubiera sido incluso más baja de no ser por el capital que el Estado y la Comunidad Valenciana tuvieron que destinar a las diversas actuaciones derivadas de la terrible DANA que asoló la región a finales de 2024. En concreto, este ascendió a 3.550 millones el pasado año.
Lo que tampoco encuentra explicación es que el incremento de la deuda pública, que debería destinarse en su práctica totalidad a financiar el déficit, sea sustancialmente superior al desequilibrio entre ingresos y gastos de la Administración Pública. Con las cifras en la mano, si el ‘agujero’ fiscal de 2025 asciende a 40.330 millones y el aumento interanual del pasivo público es de 77.652 millones, ¿dónde han ido a parar esos 37.322 millones de diferencia entre ambas cifras?
La ‘brecha’ no sería tan llamativa de no ser porque la deuda crece a un ritmo que es casi el doble que el déficit público anual, cuando debería ser más cercana, en términos netos, al desequilibrio de la Administración. En cualquier caso, tampoco cambia el escenario que vivimos desde hace casi dieciocho años: el español paga cada vez más impuestos, pero este nivel de esfuerzo fiscal no es suficiente para calmar la voracidad de ‘papá estado’. Mucha suerte a todos los contribuyentes con la declaración, todos la vamos a necesitar.
