La fiscalidad en el sector inmobiliario español es objeto de análisis en un reciente estudio que destaca que la carga impositiva sobre una vivienda puede llegar a superar el 62% del precio de adquisición a lo largo de su ciclo económico. Esta investigación ha sido realizada por Fedea, la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona y la Confederación de Cámaras de la Propiedad Urbana y Asociaciones de Propietarios de Fincas Urbanas.
El informe, titulado "Análisis económico de la fiscalidad de la vivienda en España", sugiere replantear el sistema fiscal para aumentar la oferta de vivienda y facilitar la demanda. Propone armonizar la normativa entre diferentes administraciones y diseñar incentivos que favorezcan el alquiler asequible y las reformas para mejorar la eficiencia energética.
El estudio resalta que, aunque relevante, la fiscalidad no es el único factor que afecta al mercado de la vivienda en España
Según el documento, problemas como la escasez de suelo finalista, los cambios regulatorios, la gestión de licencias administrativas, los costos de construcción y la baja productividad del sector son mayores obstáculos para el aumento de la oferta de viviendas.
Jaume Menéndez, autor del informe, subraya la existencia de una alta presión fiscal sobre la vivienda en España a lo largo de todo su ciclo económico.
En cuanto a las medidas fiscales recomendadas, el estudio aboga por la implementación de un IVA del 0% en viviendas para alquiler asequible, un IVA reducido del 4% al 5% para la primera adquisición y una exención temporal para mejoras energéticas. Además, sugiere eliminar el efecto cascada del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP), abolir el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD), y definir de manera homogénea el concepto de gran tenedor según el número de viviendas en alquiler o vacías.
El director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, destacó que las restricciones a la oferta de vivienda son consecuencia de una normativa del suelo y planificación urbana inadecuada, la cual genera inseguridad jurídica y prolonga los plazos de construcción. Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios, señaló las diferencias en el ITP entre comunidades autónomas, oscilando desde el 6% en Madrid y Navarra hasta el 20% en regiones como Cataluña o Baleares. Estas discrepancias, según Salcedo, afectan negativamente la movilidad laboral y encarecen el acceso a la vivienda usada.
En relación con el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el economista Valentí Pich propuso una tarifa progresiva única del 5% al 15%, acompañada de un mínimo exento y eliminando los grupos de parentesco como criterio central.
Joan Ràfols, presidente de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, subrayó que España se encuentra entre los países de la OCDE con mayor presión fiscal sobre la vivienda. Abogó por reducir el IVA soportado y no deducible en la promoción del alquiler asequible y criticó la fragmentación normativa que, según él, impide la inversión y la disponibilidad de vivienda en el mercado.
