La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se mostró optimista este viernes sobre la posibilidad de lograr un acuerdo transversal antes de finalizar la actual legislatura para enfrentar la crisis de vivienda en España. Subrayó que la clave es que todos los grupos políticos estén dispuestos a renunciar a algunas de sus posturas.
Rodríguez instó a la oposición, la banca y las comunidades autónomas a formar parte de las soluciones necesarias y pidió que el Parlamento atienda el sentir de la ciudadanía. En su intervención en el seminario organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en Santander, defendió la regulación de la vivienda, considerándola un derecho fundamental y no un activo financiero.
La ministra destacó que con la vivienda no se mercadea, y enfatizó la importancia de detener el fraude, controlar los precios, movilizar más viviendas y agilizar los procesos administrativos
Rodríguez recalcó que es esencial que las Administraciones Públicas cooperen y que todos los actores políticos estén dispuestos a comprometerse. La ministra advirtió: El problema surge cuando se aboga verbalmente por un acuerdo, pero nadie renuncia a sus posiciones.
Por otro lado, llamó a la banca a ser parte de la solución, sugiriendo que le debe a los españoles su contribución para resolver el problema habitacional, como parte del proceso de cicatrización de las heridas causadas por la anterior crisis económica. Además, insistió en la responsabilidad de las comunidades autónomas para implementar medidas, como convertir pisos turísticos ilegales en viviendas para jóvenes, comprometiéndose a entregar las necesarias transferencias de recursos con efectos retroactivos a 1 de enero.
La ministra mencionó que existen aproximadamente 900.000 viviendas destinadas a uso turístico o a inversores extranjeros no residentes, y señaló que su reconversión podría resolver el déficit habitacional. Finalmente, Rodríguez calificó como prioritaria la creación de un parque público de vivienda asequible y destacó la falta de un registro de demandantes de vivienda como un problema dramático, enfatizando la necesidad de cooperación para hallar soluciones efectivas.
