El 30 de julio de 1976, España dio un paso significativo hacia la "normalidad democrática" con la llegada del Decreto-Ley 10/1976 de Amnistía, apenas 27 días después de que Adolfo Suárez asumiera el poder tras la dimisión de Carlos Arias Navarro. Este decreto tenía la intención de eliminar "cualquier legado discriminatorio del pasado" y permitió la liberación de personas condenadas por delitos políticos, intencionales sin violencia, y algunas infracciones administrativas.
El decreto era necesario, según Rafael Arias-Salgado, exministro de los gobiernos de Suárez y Calvo Sotelo, para sentar las bases de una "democracia integradora" tras un régimen autoritario. Sostenido por leyes franquistas y aún sin Cortes constituidas, el gobierno de Suárez necesitaba evitar una posible involución militar, argumento que respalda Eduardo Ranz, abogado especializado en Memoria Democrática.
El Decreto-Ley 10/1976 fue un paso necesario para construir una democracia y reconciliación nacional en España
Este paso fue esencial para la legalización de los partidos políticos en 1977, entre ellos el Partido Comunista de España (PCE), allanando el camino hacia elecciones libres. Sin embargo, algunos, como el historiador Javier Tébar, ven el decreto como un "indulto encubierto", señalando que hubo detenciones y condenas posteriores por delitos ya amnistiados.
Tras el decreto, todavía muchas personas permanecieron en prisión, a la espera de una amnistía sindical. Las "cadenas de huelgas" de 1976 dejaron a cientos en la cárcel, lo que llevó a medidas complementarias para aplicar la amnistía en el ámbito laboral y a funcionarios locales.
La Ley de Amnistía de 1977 emergió de estos decretos y, según Arias-Salgado, sigue vigente. Considera que esta ley fundacional de la reconciliación nacional es irreversible, aunque posibilita futuras amnistías. Desde entonces, se han aprobado varias medidas de gracia, incluida una reciente en 2024 relacionada con el 'procès' catalán.
