La Mesa del Congreso ha recibido el suplicatorio del diputado de Sumar, Félix Alonso Cantorné, quien está siendo investigado por el Tribunal Supremo por un supuesto delito de prevaricación administrativa. Esto tiene relación con la adjudicación de contratos públicos durante su tiempo como alcalde de Altafulla, Tarragona. El suplicatorio ha sido enviado a la Comisión del Estatuto del Diputado, donde se comenzará a tramitar a partir del 1 de septiembre, con el inicio del nuevo periodo de sesiones.
Félix Alonso ya declaró de forma voluntaria el pasado 15 de junio ante el Supremo, defendiendo la legalidad de las contrataciones y negando cualquier irregularidad. Sin embargo, un mes después, el 14 de julio, el Supremo solicitó al Congreso que se suspenda su inmunidad parlamentaria para poder continuar con la investigación. El magistrado a cargo indica que existen indicios de adjudicaciones públicas efectuadas mediante contratos menores, eludiendo la normativa de contratación pública, con la participación de Alonso.
La Comisión del Estatuto del Diputado dispondrá de 30 días hábiles para tramitar el suplicatorio a partir del 1 de septiembre
Esta comisión está presidida por Manuel Cobo, del Partido Popular, e incluye representantes de todos los grupos parlamentarios. Sus reuniones, que se desarrollan a puerta cerrada, comenzarán en septiembre, cuando Félix Alonso podrá presentar su defensa, ya sea en persona o por escrito.
En anteriores ocasiones, la Comisión ha resuelto estos trámites en unas dos semanas. Luego, sus conclusiones se elevarán al Pleno del Congreso, que debe tomar la decisión final. Dicho debate y votación también se realiza de manera privada y sin directrices de voto, siendo el resultado el único dato que se hace público. Si la Cámara no se pronuncia en 60 días naturales desde la recepción del suplicatorio, éste se entenderá denegado.
El de Alonso Cantorné es el segundo suplicatorio en trámite durante esta legislatura. El caso previo dató de enero de 2025, involucrando al exministro José Luis Ábalos, quien fue investigado por irregularidades en la compra de material sanitario durante la pandemia y condenado finalmente a 24 años de prisión por el 'caso mascarillas'.
En la legislatura pasada, el Congreso autorizó procesos judiciales contra varios diputados, entre ellos, al exdiputado del PP Alberto Casero y a la expresidenta de Junts Laura Borrás, implicados en casos de prevaricación y corrupción. También fue procesado Alberto Rodríguez de Podemos, aunque su condena fue posteriormente anulada por el Tribunal Constitucional.
El historial del Congreso incluye otros precedentes destacados, como el caso del 'GAL', que afectó al exministro José Barrionuevo, y el caso Gürtel, con el 'popular' Jesús Merino. También se han tramitado asuntos como el del exconsejero socialista José Antonio Viera, quien estaba implicado en los ERE, aunque dimitió antes de completarse la tramitación.
