Lo que en términos técnicos se explica por la escasez de oferta, la demanda insatisfecha y la elevada rentabilidad para el inversor, en la práctica significa que el trabajador de a pie sufre para conseguir una vivienda. Eso lleva a que, con distintos enfoques, la política haya fijado su atención en este problema, que afecta a todo aquel que quiera comprar y alquiler una casa.
Diversos análisis señalan a dos factores como causa de la crisis de la vivienda: no se están construyendo las suficientes, lo que estrangula la oferta; y gran parte de las que hay se están destinando a la especulación. Este último aspecto es el que quiere atajar el Gobierno de Pedro Sánchez con la eliminación de las 'golden visa'.
Según anunció este lunes, el Consejo de Ministros de este martes prevé eliminar una parte de estas llamadas 'golden visa', las que atañen específicamente a la vivienda. En este punto, hay que recalcar que el objetivo de esta medida, introducida en 2013 por Mariano Rajoy, consiste en atraer capital extranjero a España. Así, a cambio de la inversión, se otorga un permiso de residencia a los inversores extracomunitarios.
Aunque hay varias opciones para conseguir el permiso de residencia, como la adquisición de acciones de empresas españolas y la compra de Letras del Tesoro, la gran mayoría de permisos se han facilitado por la inversión inmobiliaria, superior a 500.000 euros. Según los datos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC), desde 2013 hasta septiembre de 2023 se han facilitado 6.200 permisos, de los que el 96% corresponden a la compra de bienes inmuebles. El presidente del Gobierno eleva dichas autorizaciones a cerca de 10.000.
Según los datos del MAEC la mitad se han concedido a chinos (2.712) y a rusos (1.159), pero también aparecen otras nacionalidades, como la iraní (203) y la estadounidense (179). En virtud de estos datos, Sánchez justifica que la medida de retirar esta norma persigue "garantizar que la vivienda sea un derecho y no un mero negocio especulativo".
El impacto de esta medida está por ver, pero los datos reflejan que afectarán a una mínima parte de la especulación de la que habla Sánchez, puesto que solo el año pasado se firmaron 586.000 operaciones de compraventa en España.
Emergencia habitacional e impuesto a la banca
Otros partidos también han situado la cuestión de la vivienda entre sus prioridades. En particular, hablamos de Bildu y Podemos, que han presentado sendas propuestas que se debaten en el Congreso. En el caso de EH Bildu, la idea es declarar una emergencia habitacional en España. No obstante, el objetivo de dicha declaración es regular los alquileres.
A esa medida la acompañan otras propuestas, como impedir que fondos de inversión con menos de cinco años de residencia puedan comprar viviendas. Otra solución que propone el partido vasco es obligar a que los inmuebles se destinen a vivienda propia o a alquiler habitual. Entre el resto de medidas, destaca la iniciativa de impulsar una regulación integral, que incluya los alquileres de temporada y los de habitaciones, con la pretensión de evitar el fraude.
Por su parte, Podemos utiliza la excusa de la vivienda para desarrollar una propuesta que hizo hace unas semanas, cuando los bancos presentaron sus resultados. Así, a lo que aspira el partido morado es a recaudar el 50% del beneficio bruto de los bancos. Para ello, plantea que el actual impuesto extraordinario pase de gravar el 4,8% al 10% del margen de intereses y las comisiones.
La propuesta se inspira en la medida de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que grava el 40% de los beneficios extraordinarios de la banca. En la misma línea que en el país transalpino, Podemos quiere que los fondos obtenidos se dediquen a construir vivienda pública, especialmente para alquiler social temporal en zonas tensionadas.
