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El secretario general del Partido Popular (PP), Miguel Tellado, ha pedido la dimisión inmediata de Diana Morant, ministra de Ciencia y líder de los socialistas valencianos, tras sus comentarios en los que comparó un gobierno hipotético liderado por Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, con el régimen de Hitler. Tellado sostiene que estas declaraciones reflejan una situación desesperada en el PSOE y que no merecen otra respuesta que la dimisión inmediata de Morant. Tellado expresó estas críticas durante una entrevista en el programa 'La mirada crítica' de Telecinco, donde manifestó que las palabras de Morant no solo ofenden al PP, sino también a los partidos de oposición y a los votantes de estas fuerzas políticas. Además, aseguró que la candidata del PSOE a la Generalitat valenciana no está habilitada para seguir sentándose en la mesa del Consejo de Ministros. Diana Morant debería dimitir por sus declaraciones, que reflejan una situación desesperada en el PSOE, según Miguel Tellado Además, Tellado se refirió al plan de regeneración institucional prometido por Feijóo. Criticó al presidente Pedro Sánchez, afirmando que ha roto las costuras institucionales de nuestro país y es una amenaza para la propia democracia de España debido a sus ataques a jueces, fiscales y cuerpos de seguridad del Estado. Por otro lado, ante la declaración del empresario Julio Martínez en la Audiencia Nacional, que involucró al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el rescate de Plus Ultra, Tellado calificó la situación del Gobierno como tremendamente grave. Según él, ahora es el exlíder socialista quien es señalado por tráfico de influencias que compromete a todos los miembros del Consejo de Ministros actual. Tellado planteó interrogantes sobre la influencia de Zapatero, mencionando a figuras como Bolaños, María Jesús Montero, Ábalos y al propio Pedro Sánchez. Pese a la disposición del PP a presentar una…
El Pleno del Congreso tiene previsto decidir este jueves, 23 de julio, en una sesión extraordinaria, sobre la convalidación o derogación del decreto ley que regula la jubilación parcial para el personal laboral en la administración pública. Este decreto, que incluye además un complemento de insularidad en las Islas Baleares, está en vigor desde su aprobación por el Consejo de Ministros y su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero necesita ser ratificado por el Congreso. La normativa permite que el personal laboral a tiempo completo acceda a la jubilación de forma parcial y anticipada antes de llegar a la edad ordinaria, siempre que se celebre simultáneamente un contrato de relevo. Aunque Podemos no se ha opuesto al fondo del decreto, ha exigido al Gobierno que lo retire y presente una nueva versión que, además, convierta en fijos a cerca de un millón de interinos en la administración. Ante la incertidumbre sobre el futuro del decreto, el sindicato CCOO ha instado a los grupos parlamentarios a apoyar su convalidación, advirtiendo que de no hacerlo, miles de empleados públicos quedarían sin la opción de una jubilación parcial, que según la organización, facilita una transición laboral ordenada. Condiciones para la jubilación parcial Para acogerse al régimen de jubilación parcial, los trabajadores deben cumplir ciertos requisitos: retirarse tres años antes de la edad de jubilación, acreditar 33 años de cotización y contar con una antigüedad de seis años en la empresa antes de la jubilación parcial. Además, la reducción de la jornada laboral debe estar entre el 25% y el 75%. Si se anticipa más de dos años, la reducción de jornada en el primer año será entre el 20% y el 33%. Con esta modalidad, el trabajador puede reducir su jornada laboral y recibir la parte correspondiente de su salario…
El juez de la Audiencia Nacional encargado del 'caso Koldo' ha solicitado a varias entidades bancarias información financiera relacionada con el entorno familiar de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE. Este requerimiento se establece en un auto emitido este miércoles, cuyo contenido ha sido revelado por Europa Press, y responde a una solicitud previa de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El objetivo es completar el estudio financiero de Santos Cerdán y su círculo cercano El juez instructor, Ismael Moreno, ha manifestado que es necesario acceder a la información financiera de los familiares de Cerdán para concluir dicho estudio. La petición de la UCO forma parte de un informe patrimonial que investiga si los familiares del exdirigente socialista podrían haberse beneficiado de fondos vinculados a una presunta trama ilícita. En el marco de esta investigación, los agentes han pedido que se recaben datos financieros de la esposa de Cerdán, Francisca Muñoz; su hija Alba Cerdán; su hermana María Belén Cerdán; y su cuñado Antonio Muñoz. Según la UCO, estas personas podrían haber recibido fondos de Servinabar, una empresa en la que está implicado el socio de Cerdán, Antxon Alonso, y donde los investigadores también sitúan al propio Cerdán. De acuerdo con el informe de la UCO, Santos Cerdán, quien está imputado en el caso de presuntos amaños de obras públicas, tenía 18.261 euros en ingresos en efectivo de origen aparentemente desconocido y junto con su familia, obtuvo un total de 323.178 euros provenientes de la mencionada empresa.
El Juzgado de Instrucción número 4 de A Coruña ha ordenado el sobreseimiento provisional de la quinta querella presentada por Sandra Ortega, administradora de Rosp Corunna, contra su exgestor patrimonial, José Leyte. La acusación indicaba una presunta falsificación de firma para conceder un crédito a la cadena hotelera Room Mate. En el auto, fechado el 20 de julio y al que ha accedido Europa Press, se establece que no hay pruebas de que Leyte conociera los pagos denunciados ni de que actuara en complicidad con otros implicados. El texto judicial también detalla que las nuevas reclamaciones se basan en hechos previamente expuestos y no presentan nuevas evidencias que justifiquen continuar con el proceso legal. El auto descarta un perjuicio patrimonial acreditado y subraya que ciertos reconocimientos de deuda y transmisiones patrimoniales aún estaban pendientes de ejecución cuando se interpuso la querella El tribunal ha recordado que contra esta decisión se puede presentar un recurso de reforma en el plazo de tres días ante el mismo juzgado, y un recurso de apelación, que se puede interponer de forma subsidiaria en cinco días. Esta resolución es un episodio más en la serie de disputas legales entre Sandra Ortega y José Leyte, que comenzaron tras el cese de Leyte como gestor patrimonial en noviembre de 2020.
Este jueves, el Pleno del Congreso celebrará una sesión extraordinaria para decidir sobre la convalidación o derogación del decreto ley que permite la jubilación parcial del personal laboral en la administración pública y establece un complemento de insularidad en las Islas Baleares. Este decreto ya está vigente desde su aprobación en el Consejo de Ministros y su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Sin embargo, ahora el Congreso debe ratificarlo. La norma permite a los trabajadores a tiempo completo de la administración acogerse a una jubilación parcial y anticipada. Para ello, deben celebrarse simultáneamente contratos de relevo. Aunque Podemos no se opuso al contenido del decreto, exige al Gobierno retirar la norma y presentar otra que también convierta en fijos a cerca de un millón de interinos en la administración. Ante esta incertidumbre, el sindicato CCOO ha instado a los grupos parlamentarios a respaldar la convalidación del decreto, advirtiendo que su rechazo afectaría a miles de empleados públicos. El rechazo del decreto podría privar a miles de empleados públicos de una jubilación parcial que facilita una transición ordenada, según CCOO Para acogerse a la jubilación parcial, los empleados deben cumplir varios requisitos: retirarse tres años antes de la edad legal de jubilación; cotizar durante 33 años; poseer una antigüedad de seis años en la empresa previa a la fecha de jubilación parcial y reducir su jornada laboral entre un 25% y un 75%. Si la jubilación se anticipa más de dos años, la reducción del primer año debe estar entre el 20% y el 33%. Con esta modalidad, los trabajadores recibirán una parte proporcional de su salario y pensión. Las administraciones tienen la obligación de planificar la cobertura de estas jubilaciones, preferentemente a través de ofertas de empleo. La oferta pública de 2026 ya contempla 854 plazas para…
El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que lidera la investigación del 'caso Koldo', ha solicitado a varias entidades bancarias información financiera relacionada con el entorno familiar de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE. La decisión ha sido adoptada tras una petición formalizada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que busca analizar estas finanzas familiares como parte de un estudio más amplio sobre los ingresos y patrimonio de Cerdán. El informe de la UCO alude a la posibilidad de que familiares del exdirigente socialista hayan obtenido beneficios de fondos vinculados a una presunta trama. El juez Moreno, respaldado por la Fiscalía Anticorrupción, ha considerado pertinente examinar las finanzas familiares para esclarecer de manera precisa la situación económico-patrimonial de Cerdán y su entorno. Esto incluye el análisis del origen de sus ingresos y el destino de sus gastos. El juez ha ordenado la revisión de movimientos bancarios desde enero de 2014 para determinar posibles fuentes de ingresos no declaradas en el entorno de Santos Cerdán El requerimiento incluye a los bancos informar sobre las finanzas de Francisca Muñoz, esposa de Cerdán; su hija Alba Cerdán; su hermana María Belén Cerdán; y su cuñado Antonio Muñoz. La investigación sostiene que estos familiares habrían recibido fondos de Servinabar, una empresa de Antxon Alonso, socio de Cerdán, en la que este último también estaría implicado. Según el informe de la UCO, Cerdán habría recibido 18.261 euros en ingresos de fuente desconocida y habría disfrutado, junto a su familia, de un total de 323.178 euros procedentes de esta empresa. El juez ha requerido así información detallada sobre las cuentas del entorno familiar de Cerdán, incluyendo saldos, ingresos, pagos, productos bancarios contratados y cualquier indicio de operación sospechosa de blanqueo de capitales.
El Tribunal Supremo ha solicitado a la Junta Electoral Central (JEC) la entrega de documentación relacionada con la denominada 'ley de nietos', atendiendo a una petición de Iustitia Europa. Esta organización había solicitado que se rechazara la suspensión cautelar del procedimiento de elaboración del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), adoptada por la JEC. A través de una diligencia a la que ha tenido acceso Europa Press, el Supremo exige a la JEC que envíe el expediente administrativo pertinente en un plazo de veinte días, como parte de la resolución al recurso contencioso-administrativo interpuesto por Iustitia Europa. Aunque la JEC había negado la suspensión cautelar del CERA, acordó pedir a la Oficina del Censo Electoral una instrucción para aplicar la 'ley de nietos', que otorga la nacionalidad española a los descendientes de exiliados. El censo electoral no puede ser una caja negra El organismo arbitral señaló que la inscripción de beneficiarios de la 'ley de nietos' en un municipio electoral debe estar adecuadamente motivada si no coincide con su último domicilio en España. Además, el alto tribunal ha decidido abrir una pieza separada para evaluar la suspensión de las altas CERA, petición incluida en el recurso de Iustitia Europa. La JEC ha subrayado que la Constitución garantiza el derecho al voto de los electores residentes en el extranjero, remarcando que la administración electoral no puede alterar el criterio legislativo que establece las condiciones y procedimientos para el ejercicio de este derecho. Según la JEC, deben cumplirse todos los procedimientos vigentes mientras estos estén en vigor. Por su parte, Iustitia Europa, a través de una nota de prensa, argumenta que no ha sido publicada la cifra exacta de nuevas altas en el CERA derivada de la 'ley de nietos'. Critican la falta de información pública sobre la distribución provincial, el método…
El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, participará este jueves en una entrevista en el programa 'Mañaneros 360' de TVE, tal y como ha anunciado la cadena pública. La entrevista, que se emitirá a partir de las 13.00 horas en La 1, será conducida por el copresentador del programa, Javier Ruiz. Este encuentro supone la primera entrevista de Zapatero tras su imputación en el caso del rescate a la aerolínea Plus Ultra y su posterior declaración ante el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama. El magistrado decidió interrogar al expresidente en calidad de supuesto líder de una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" que buscaba la obtención de beneficios económicos. En su declaración, Rodríguez Zapatero defendió que no tuvo ninguna intervención en el proceso por el cual el Gobierno de Pedro Sánchez autorizó el rescate de 53 millones de euros a Plus Ultra "No sólo no influí o no me interesé, no hablé con ninguna autoridad política, con ningún funcionario, con ningún empleado público sobre el rescate de Plus Ultra", afirmó el expresidente durante su declaración.
La reforma legal que permitirá a los mutualistas transferir sus derechos económicos acumulados en las mutualidades al Régimen de Autónomos (RETA) afrontará su examen final en el Congreso el próximo jueves, 23 de julio. Este proceso incluirá el debate y votación de las enmiendas introducidas por el Senado durante el trámite parlamentario. De aprobarse, la ley será publicada en breve en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El principal objetivo de esta legislación es ofrecer una solución a miles de profesionales que durante años han cotizado a un régimen de mutualidad alternativa, encontrándose con pensiones insuficientes. La norma propone un mecanismo que permitirá a estos mutualistas trasladar sus años de cotización a un régimen de autónomos, mejorando así la cuantía de su pensión. El texto fija que la pasarela será exclusiva para quienes no sean pensionistas de ningún régimen público ni de la propia mutualidad alternativa, con la única excepción de quienes perciban una pensión de viudedad Durante el paso por la Cámara Alta, el proyecto sufrió importantes modificaciones propuestas por el Partido Popular, que goza de mayoría absoluta en el Senado. A pesar de que en el Congreso lograron que los mutualistas jubilados, o pasivos, se beneficiaran del cambio, en el Senado decidieron excluirlos mediante una enmienda. Así, la pasarela solo estará disponible para quienes no sean pensionistas, salvo los receptores de pensiones de viudedad. Además, los coeficientes para la transferencia de derechos económicos al RETA se han ajustado, mejorando entre un 0,67 y un 0,87 sobre la base mínima de cotización que correspondería en el régimen de autónomos. Sin embargo, esta mejora no será aplicable a profesionales de 52 años o más a fecha 31 de diciembre de 2026, quienes podrán acogerse a la fórmula del 1x1, donde cada mes en la mutualidad equivaldrá a un mes completo…
Sumar ha anunciado este miércoles que el decreto ley prometido en materia de vivienda para este verano contemplará la prórroga automática de los contratos de alquiler hasta 2028, una medida que podría beneficiar a cerca de cuatro millones de personas. La formación también está en conversaciones con los grupos parlamentarios para introducir medidas antidesahucios dirigidas a personas vulnerables. Tras el rechazo del Congreso a un decreto ley con este mismo objetivo, la coalición se comprometió a elaborar un nuevo texto que incluya propuestas adicionales, como bonificaciones fiscales para arrendadores, con la intención de atraer el apoyo de Junts, partido que inicialmente votó en contra. Sumar ha adelantado parte del contenido de este texto, aunque no han proporcionado detalles sobre las bonificaciones fiscales, punto que, de ser incluido, no contará con el apoyo de Podemos. Fuentes de Sumar han destacado que el decreto incluirá una prórroga extraordinaria de hasta dos años para los contratos de alquiler. Esta extensión está disponible para aquellos contratos que venzan hasta el 30 de junio de 2028, lo que ampliará el número de beneficiarios potenciales a casi un millón más de personas. Este nuevo marco legal podría beneficiar a casi cuatro millones de personas y a un millón y medio de hogares entre marzo de 2026 y junio de 2028 El texto incorpora también otras medidas ya anunciadas, como la regulación del alquiler de temporada y habitaciones, para evitar el uso fraudulento de estos formatos como vías para eludir el régimen del alquiler de vivienda habitual y los límites de precios en zonas tensionadas. Además, se incrementará la tributación de los pisos turísticos al 21% de IVA y se endurecerá el régimen sancionador sobre su publicidad en plataformas, buscando desincentivar el alquiler turístico. El decreto ley incluirá una propuesta que se negociará con los grupos parlamentarios,…