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La ministra de Sanidad, Mónica García, ha expresado su deseo de que las comunidades autónomas respalden los nuevos criterios de transparencia y trazabilidad para las listas de espera, tras la supuesta manipulación descubierta en el Hospital Ramón y Cajal y publicada por el diario 'El País'. En sus redes sociales, García comentó: “Manipular las listas de espera, engañando a cirujanos y pacientes, ni es nuevo ni está penalizado”. Esta declaración subraya la importancia de los nuevos indicadores de listas de espera presentados en julio en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). Durante la reunión de julio, las comunidades autónomas solicitaron más tiempo para evaluar estos criterios comunes, los cuales fijarán las bases para un nuevo real decreto de listas de espera en sustitución del vigente desde 2003. La ministra mostró su confianza en que esta vez se aprueben los indicadores y afirmó con contundencia: “Con la salud de los pacientes no se juega”. Las comunidades autónomas tienen la oportunidad de dar un paso en firme hacia una gestión más transparente y justa de las listas de espera Según ha informado 'El País', en el Hospital Ramón y Cajal, dos jefes médicos habrían reducido la gravedad de ciertos pacientes para mejorar las estadísticas de espera quirúrgica, sin conocimiento de los cirujanos. Los documentos y correos obtenidos por el diario revelan que 57 pacientes del servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología fueron degradados de prioridad preferente, que requiere una intervención en menos de 90 días, a prioridad normal, con operaciones previstas antes de 180 días. Esta maniobra buscaba ganar tiempo para asegurar que las cirugías se realizaran dentro del plazo establecido.
El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha criticado a PP, Vox y Junts por oponerse al decreto ley del Gobierno que busca regular los 'lobbies' y establecer un registro público y obligatorio de grupos de interés. López considera que estos partidos pretenden ocultar "a qué intereses responden". El decreto ley, que llega esta semana a su votación final en el Congreso, fue aprobado por el Gobierno después de que un proyecto de ley similar quedara bloqueado en la Cámara desde febrero de 2025 debido a la falta de acuerdo parlamentario. A pesar de que el texto ha incorporado muchas de las propuestas de estos partidos, se espera que el Congreso derogue el decreto, ya que PP, Vox y Junts suman mayoría absoluta. López ha recordado que el objetivo del decreto es cumplir con compromisos europeos de transparencia y asegurar la trazabilidad de las leyes, permitiendo saber quién ha influido en ellas y qué intereses defienden. La normativa persigue establecer un registro estatal público y obligatorio de grupos de interés, gestionado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno El decreto, promovido por el Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública, define qué se considera un grupo de interés, regulando la relación con la Administración del Estado. Se consideran 'lobbies' las personas físicas y jurídicas, así como agrupaciones sin personalidad jurídica, como plataformas y redes, que influyen sobre el personal público. La norma detalla las comunicaciones destinadas a influir en decisiones públicas o en la creación de políticas y normativa, beneficie a intereses propios o de terceros. La nueva regulación alcanza a altos cargos de la Administración General del Estado y su sector público, incluidos asesores y personal de confianza. La inscripción en el registro de 'lobbies' será obligatoria, pública, gratuita y electrónica, y estará supervisada por…
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha manifestado su preocupación por la protección de la frontera sur de Europa en Ceuta, instando a que se le dé la misma atención que a la frontera este con Ucrania. Feijóo ha criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por considerar "inteligente" la gestión de las autoridades marroquíes durante el incidente de julio, cuando se permitió el ingreso masivo de migrantes a Ceuta. Según el líder del PP, esto constituye una violación de la integridad territorial de España. Feijóo cuestionó si permitir la entrada de 80.000 personas desde Marruecos a Ceuta puede considerarse una acción inteligente En sus declaraciones, Feijóo ha acusado a Sánchez de falta de responsabilidad y ha señalado su actitud como una "indolencia impropia de un primer ministro europeo". Estas afirmaciones fueron realizadas en una comparecencia ante los medios en Madrid, junto al alcalde José Luis Martínez-Almeida, tras visitar unas viviendas públicas en la ciudad. Con motivo de su próxima visita a Ceuta, Feijóo ha reiterado su intención de solicitar a la Unión Europea que defienda su frontera sur tan vehementemente como lo hace con la frontera este. Ha enfatizado que la integridad territorial de Europa debe ser una prioridad para todos los países miembros, y ha subrayado la importancia del partido Popular Europeo (PPE) en esta cuestión. Según Feijóo, el compromiso del PPE se evidencia con la visita a Ceuta de su presidente, Manfred Weber. Además, Feijóo ha respondido a comentarios de Pedro Sánchez respecto al "disparate jurídico" relacionado con el secreto de sumario sobre las investigaciones por los eventos en Ceuta. Feijóo ha defendido el derecho de la jueza María Tardón a mantener el secreto de sumario y ha criticado que el presidente del Gobierno desconozca las normativas procesales del país. Según Feijóo, pedir información sobre…
El informe más reciente del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA Internacional) revela que España ha experimentado un retroceso significativo en la lucha contra la corrupción entre 2020 y 2025, aunque se mantiene como una de las democracias más competentes a nivel global. Esta regresión coloca al país entre los ocho Estados europeos que han visto un deterioro en este ámbito. IDEA Internacional, una organización intergubernamental con sede en Suecia, ha presentado su informe titulado 'El estado de la democracia en el mundo 2026', que alerta sobre el descenso en calidad democrática a nivel global. Mientras que algunos países avanzan en la lucha contra la corrupción, España se suma a la lista de 16 países que han empeorado, de un total de 30 analizados. Europa es el continente en el que se ha registrado la mitad de estos descensos, afectando también a países como Armenia, Austria, y Finlandia. Kevin Casas-Zamora, secretario general de IDEA Internacional, destaca que pese a este retroceso, España se posiciona como una democracia de alto nivel gracias a que en la mayoría de los indicadores analizados mantiene un buen desempeño. No obstante, el retroceso en 'ausencia de corrupción' se atribuye a casos de corrupción que han dominado el debate público en los últimos años. Casas-Zamora añade que la exposición y debate sobre estos casos demuestra que los mecanismos de control funcionan, y enfatiza la importancia de preservar la justicia independiente y los medios libres. El hecho de que los casos de corrupción salgan a la luz y sean debatidos indica que los mecanismos de control están operativos En el capítulo dedicado al 'Estado de derecho', España baja tres puestos hasta la posición 27, en una lista que lideran Dinamarca, Alemania y Suiza. Respecto a la 'representación', la nación avanza al puesto 19 en…
El Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del mes de septiembre ha revelado un descenso de dos puntos en la estimación de voto para el PSOE, aunque sigue manteniendo una ventaja de 5,9 puntos sobre el Partido Popular (PP). Esta encuesta es la primera que se realiza tras la crisis migratoria de Ceuta. El PSOE ve reducida su estimación de voto al 31%, disminuyendo dos puntos en comparación con el mes anterior. Por su parte, el PP permanece con un 25,1%, sin cambios respecto a la encuesta precedente. Entretanto, Vox muestra un incremento en su apoyo, subiendo 1,3 puntos para alcanzar un 16,6%. El PSOE a pesar de la caída en su apoyo, sigue aventajando al PP con 5,9 puntos En cuanto a otras fuerzas políticas, Sumar registra su nivel más bajo de la legislatura con un 5,7% de respaldo. En contraste, Podemos experimenta un aumento, situándose en el 3,7%, superando a "Se Acabó la Fiesta" (SALF), que cae al 1,8%. Este último es el partido liderado por el eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez.
Vox ha solicitado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que impugne la decisión del Gobierno vasco de otorgar el tercer grado penitenciario a Henri Parot, exdirigente de ETA, y ha pedido su suspensión inmediata. El escrito, firmado por Marta Castro, vicesecretaria Nacional Jurídica de Vox, sostiene que esta medida es un menosprecio y humillación para las víctimas del terrorismo, en contraposición a lo que estipula la Ley 29/2011 sobre el respeto y la protección de estas víctimas. En el documento, Vox subraya la necesidad de demostrar de manera fehaciente y cumulativa que el beneficiario del tercer grado ha renunciado a los métodos terroristas, además de haber mostrado colaboración activa para prevenir futuros delitos, atenuar los ya cometidos y ayudar en la identificación y procesamiento de otros responsables de delitos terroristas. También se hace hincapié en la importancia de una declaración expresa de rechazo a la violencia y un pedido de perdón a las víctimas. La concesión del tercer grado sin los requisitos suficientes constituiría una vulneración directa de la legislación vigente Asimismo, Vox cuestiona el uso del principio de flexibilidad en la clasificación penitenciaria, afirmando que no debe emplearse para eludir los requisitos exigidos para el acceso al tercer grado, especialmente en casos de condenados por terrorismo. La formación política hace referencia a la sentencia del Tribunal Constitucional 169/2021, que considera que no se cumplen los períodos de seguridad y los requisitos reforzados necesarios para el tercer grado, ya que estos solo son válidos si no eliminan totalmente la expectativa de reinserción. Vox recalca que Parot, condenado por 39 asesinatos terroristas y otros delitos graves, no debería beneficiarse de esta medida sin el cumplimiento de todos los requisitos legales. Subrayan que Parot acumula penas de cerca de 4.797 años de prisión, y destacan la excepcional gravedad de sus crímenes,…
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social de España, Yolanda Díaz, ha desafiado a Gilbert Houngbo, el actual director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a un debate público para comparar sus respectivos modelos. Ambos compiten por liderar la OIT en los próximos años. La votación para seleccionar al nuevo director general se llevará a cabo el 16 de noviembre mediante voto secreto, y el mandato comenzará el 1 de octubre de 2027. En esta contienda electoral, también participa el peruano Javier González-Olaechea, exministro de Relaciones Exteriores. Díaz ha expresado su preocupación por la situación actual de la OIT, advirtiendo que la continuidad de un modelo de gestión ineficaz está disminuyendo su influencia. Según la ministra, la organización está perdiendo su capacidad para enfrentar los grandes desafíos actuales, lo que podría agravar su déficit financiero. “Sería un error continuar por el mismo camino”, ha subrayado en su cuenta de Instagram. La vicepresidenta defiende una OIT más robusta y visible en el sistema multilateral, abogando por el diálogo social como una herramienta fundamental para mejorar los derechos laborales y la justicia social. Su visión es recuperar el liderazgo histórico de la organización, convirtiéndola nuevamente en un “faro de la democracia y la justicia social”. En ese sentido, Díaz ofrece su experiencia al frente del Ministerio de Trabajo, donde sostiene que las principales crisis se han gestionado con acuerdos entre trabajadores, empresas y el Gobierno. La ministra ha instado a la comunidad internacional a decidir entre continuar con el actual modelo de la organización o impulsar una OIT fortalecida para enfrentar los desafíos contemporáneos En caso de ser elegida, Yolanda Díaz sería la primera española y la primera mujer en dirigir la OIT, una agencia creada en 1919 bajo la órbita de las Naciones Unidas. Con una…
El Congreso de los Diputados abordará este martes la posible admisión a trámite de una proposición de ley impulsada por Sumar. La iniciativa busca prohibir la compra de viviendas por parte de empresas y fondos de inversión, reservando la adquisición únicamente a personas físicas. Este intento reciente sigue al rechazo anterior en la Cámara Baja, donde PP, Vox y Junts se opusieron y el PSOE se abstuvo. A pesar de una defensa similar del expresidente estadounidense Donald Trump, que en su momento fue valorada positivamente por Vox, este partido se ha distanciado de apoyar la nueva propuesta de Sumar. La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, afirmó que las ideas de Sumar y Trump difieren, subrayando su intención de no apoyar iniciativas del Gobierno. Alberto Ibáñez, portavoz adjunto del grupo plurinacional, lleva esta reforma al Congreso con la esperanza de lograr suficientes apoyos. Reforma de la Ley de Vivienda La propuesta de Sumar modificaría la Ley de Vivienda de 2023, específicamente el artículo 10, para impedir la transferencia de propiedades residenciales a entidades empresariales, tanto mediante compraventa como a título gratuito. Esta medida impactaría a inmuebles ocupados y a nuevas promociones con certificado de fin de obra. Según Sumar, las empresas adquieren viviendas no para su uso residencial, sino como "bienes de inversión para obtener beneficios económicos", lo que contribuye a la especulación y alza de precios en el mercado inmobiliario. El objetivo es desvincular el mercado residencial de la lógica mercantil para frenar la escalada de precios de venta y alquiler Excepciones para el tercer sector y usos sociales La propuesta contempla excepciones que permitirían a ciertas organizaciones sin ánimo de lucro continuar comprando propiedades. Estas son asociaciones, entidades religiosas, ONG de cooperación y otras del tercer sector, siempre que el uso de la vivienda esté destinado…
El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha solicitado a la Audiencia Nacional la exclusión de cualquier referencia a sus presuntas gestiones con Bolivia dentro de la investigación del "caso Plus Ultra". Estas actividades fueron asociadas por el juez del caso a un posible beneficio a una empresa peruana a cambio de 200.000 euros. Según un recurso al que ha accedido Europa Press, Zapatero argumenta que el informe de la Policía Nacional que menciona estas gestiones debería ser retirado por referirse a hechos ajenos al caso actual y no estar vinculados directamente a la documentación incluida en la investigación. La defensa del exmandatario, quien está imputado en la causa como supuesto líder de una red de tráfico de influencias, cuestiona que el informe policial otorga una visión sobre su vida privada que vulnera su derecho a la intimidad económica. Critican que el juez instructor no habría habilitado un acceso formal y ponderado a esta información sensible. "En definitiva, se ha producido una intromisión ilegítima en la intimidad que ha derivado en una investigación general sobre la vida del investigado José Luis Rodríguez Zapatero", afirma el recurso. La defensa sostiene que la investigación se ha convertido en una indagación prospectiva no autorizada sobre las actividades profesionales de Zapatero, lo que vulnera su derecho a la privacidad El recurso también critica lo que consideran una "patente de corso" otorgada por el juez José Luis Calama, que permitiría investigar cualquier aspecto de la vida personal o profesional del expresidente. Según el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), Zapatero habría percibido 200.000 euros entre 2024 y 2025 como retribución por mediar con el Gobierno boliviano en favor del Grupo Gloria, una empresa peruana con litigios en aquel país. Esta suma se habría justificado mediante un "contrato simulado" bajo una…
El último Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de septiembre refleja un descenso de dos puntos en la estimación de voto del PSOE tras la crisis migratoria de Ceuta. A pesar de esta caída, los socialistas mantienen una ventaja de 5,5 puntos sobre el Partido Popular (PP), que apenas experimenta un leve incremento, mientras que Vox continúa al alza. El estudio, elaborado a partir de 4.042 entrevistas telefónicas, fue realizado durante los primeros días de septiembre, tras un verano en el que más de 70.000 migrantes entraron masivamente en Ceuta los días 30 y 31 de julio. Según el CIS, el PSOE obtiene una estimación de voto del 31%, su nivel más bajo en el último año, aunque con una ventaja aún de 5,5 puntos sobre el PP, que se sitúa en 25,5%, lo que supone una ligera subida desde el 25,1% de julio, pero aun así lejos del 33% de las elecciones de 2023. Vox es la formación que más gana terreno, alcanzando una estimación de voto del 16,6% en septiembre, frente al 12,39% de las últimas elecciones generales Por otro lado, Sumar registra su punto más bajo de la legislatura con un apoyo del 5,7%, mientras que Podemos asciende al 3,7%, superando al partido Se Acabó la Fiesta (SALF), del eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez, que desciende al 1,8%. Los dos partidos del Gobierno de coalición suman un respaldo total del 36,7%, por debajo del 42,1% conjunto de PP y Vox. En el ámbito de los partidos territoriales, Esquerra (ERC) se mantiene por delante de Junts, con un apoyo del 2,5% frente al 0,7% de los seguidores de Carles Puigdemont. Mientras tanto, Bildu aventaja al PNV con un 1,3% de apoyo comparado con el 0,7% de los nacionalistas. En cuanto a la valoración…