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La ministra de Vivienda y Agenda Urbana de España, Isabel Rodríguez, ha avalado la nueva medida fiscal que busca incentivar a los propietarios de inmuebles a renovar sus contratos de alquiler sin incrementar el precio, mediante una bonificación del 100% en el IRPF. Este esfuerzo está orientado a estabilizar el mercado de alquileres, evitar las prácticas indebidas y ofrecer seguridad a los inquilinos. Medidas fiscales para estabilizar el alquiler Rodríguez, en una reciente entrevista en ‘TVE’, explicó que la motivación detrás de esta iniciativa es principalmente reducir los precios de alquiler. Reconoció que, aunque España no cuenta con un sistema público de viviendas tan robusto como el deseado, es un enfoque necesario en el contexto actual. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado un real decreto ley que no solo incluye incentivos fiscales, sino también medidas para combatir el fraude en los alquileres de temporada y controlar el abuso en el alquiler por habitaciones. Esta propuesta ha sido objeto de críticas por parte de ciertos sectores políticos, tanto de derecha como de izquierda, incluyendo el rechazo del socio de coalición del Ejecutivo, Sumar. No obstante, Rodríguez ha subrayado la importancia de encontrar un acuerdo centrado, sugiriendo que la oposición desde ambas corrientes podría ser indicativo de que la política está en el camino correcto. Además, destacó que tales normas ya están funcionando eficazmente en Cataluña. Combatiendo el «boicot» y las prácticas abusivas Otra de las metas del decreto es superar lo que Rodríguez define como el «boicot» del Partido Popular (PP) a las iniciativas para reducir el costo del alquiler y eliminar prácticas abusivas en los contratos de temporada y alquiler por habitaciones. Estos contratos, a menudo mal utilizados, contribuyen a un mercado «salvaje» del alquiler. Se ha trabajado en el Congreso en las últimas semanas un texto de…
El comisario europeo de Vivienda, Dan Jorgensen, ha presentado una propuesta clave para el futuro de los alquileres de corta duración en la Unión Europea. Concentrándose en las denominadas «zonas tensionadas», la Comisión Europea pretende ofrecer a las autoridades una «caja de herramientas» que permita limitar los efectos negativos sin recurrir a una prohibición generalizada en toda la UE. Propuesta sin imposiciones y con seguridad jurídica Durante un reciente intercambio de puntos de vista con la comisión especial de Vivienda del Parlamento Europeo, Jorgensen subrayó que la propuesta no impondrá medidas específicas a ciudades y regiones, sino que buscará establecer criterios para identificar zonas tensionadas y asegurar medidas con «seguridad jurídica» para prevenir el desplazamiento de residentes. Entre las medidas planteadas se incluyen topes al número de noches alquiladas anualmente, restricciones estacionales —como permitir el alquiler turístico en verano y destinarlo a alojamiento estudiantil en otras épocas— y la diferenciación entre anfitriones profesionales y no profesionales. Esta última distinción es crucial para abordar la profesionalización del negocio, una tendencia que en ciertos lugares ha llevado a la compra masiva de edificios y expulsión de población local. Especulación y falta de datos precisos Jorgensen ha destacado que la especulación y el uso de viviendas con fines financieros son factores que incrementan la presión sobre el mercado inmobiliario. «Mientras resulte rentable mantener inmuebles vacíos, los especuladores lo harán», afirmó, reconociendo al mismo tiempo que existen lagunas de datos y falta de transparencia para evaluar correctamente la especulación en el continente. El comisario ha defendido que no es viable una solución única para toda la Unión, dado que las realidades nacionales y territoriales son muy distintas Por esta razón, alertó de que imponer definiciones homogéneas desde Bruselas podría ser engañoso, sugiriendo la necesidad de una base empírica sólida antes de tomar nuevas medidas.…
Se acerca un momento decisivo en el Congreso de los Diputados este febrero, cuando se votará la nueva ley para la regulación de los alquileres de temporada y habitaciones. Según el sindicato de inquilinos e inquilinas de Madrid, el Gobierno de Pedro Sánchez se ha comprometido a llevar a cabo esta votación tras una negociación sostenida. Esta normativa es una modificación crucial de la Ley de Arrendamientos Urbanos, extendiendo el marco protector que dejó fuera la anterior Ley de Vivienda. Entre las medidas más destacadas, la normativa propone la incorporación de una prórroga de tres años a los contratos en zonas tensionadas. No obstante, esta medida solo afectaría a regiones como Cataluña, País Vasco, Galicia y Asturias, generando preocupación porque «dejaría fuera a muchos hogares», según manifestaron desde el sindicato. Esta ley, registrada por los sindicatos de inquilinos, cuenta con apoyos significativos: PSOE, PNV, ERC, Bildu, Sumar, Podemos y BNG se han sumado, y solo faltaría el voto favorable de Junts para su aprobación. El sindicato de inquilinos ha instado a que esta normativa se mantenga alejada de la «batalla» partidista y de controversias efectistas, enfatizando que «todos los partidos y entidades deben colaborar para lograrlo». Paralelamente, el presidente Sánchez ha anunciado un real decreto-ley que incluirá incentivos fiscales para propietarios que mantengan los precios de alquiler estables, además de medidas para evitar el fraude en alquileres de temporada y limitar el abuso en el alquiler por habitaciones. Congelar alquileres que la gente ya no puede pagar no resuelve el problema: hace falta bajarlos, no recompensar a quienes los mantienen , ha manifestado el sindicato. En su opinión, las bonificaciones fiscales benefician a los dueños de viviendas en perjuicio de los inquilinos, exacerbando la problemática del «modelo del rentismo», donde se expulsa a los inquilinos para aumentar el precio del…
El reciente anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre ayudas fiscales para propietarios de vivienda ha generado fuertes críticas desde el seno de Podemos. La secretaria general del partido morado, Ione Belarra, ha expresado su descontento a través de la red social X, donde afirmó que esta decisión debería fomentar una significativa movilización social. Reacciones al nuevo decreto ley de ayudas fiscales La medida, que será plasmada en un decreto ley y acompañada de regulaciones para los alquileres por habitaciones, contempla una bonificación fiscal completa en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para aquellos propietarios que decidan no elevar el precio del alquiler al renovar contratos. Esto, según el Gobierno, compensará las potenciales ganancias que tendrían si incrementaran los precios. Esto es para que ardan las calles en movilización social dijo Belarra, reflejando su abierta desaprobación. Según su postura, esta decisión es vista como un regalo fiscal a los caseros, una crítica que ya había esgrimido en anteriores propuestas gubernamentales similares. Tensión en el Gobierno y la problemática de la vivienda Belarra subrayó que la iniciativa del Ejecutivo parece insuficiente ante la «brutal crisis de vivienda», enfatizando que, en su opinión, ya es hora de dejar de ofrecer beneficios fiscales a los propietarios. Este conflicto interno destaca las divergencias en el enfoque de la gestión de la crisis de alquileres, un tema que sigue siendo de máxima importancia para miles de ciudadanos.
El portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha anunciado que su grupo no apoyará el decreto ley propuesto por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que busca ofrecer incentivos fiscales a los propietarios de viviendas que decidan no aumentar el precio del alquiler al renovar contratos con los inquilinos. Sánchez señaló que el Gobierno planea enviar al Congreso un decreto ley que incluye una bonificación fiscal completa en el IRPF. Esta medida pretende compensar a los caseros, de modo que su ganancia sería equivalente a la de un incremento en los precios del alquiler al actualizar el contrato. No obstante, Ibáñez, quien también es diputado de Compromís, ha manifestado su desacuerdo con este enfoque al considerar que el decreto se ha realizado «pensando en los rentistas». En sus declaraciones a los medios, subrayó que, por este motivo, Sumar no prestará su apoyo al mencionado decreto. En un mensaje compartido en la red social X, el portavoz calificó la propuesta del Gobierno como «un regalo inaceptable a los rentistas», argumentando que se preocupa más por estos que por los inquilinos. «Su propuesta es un regalo inaceptable a los rentistas mientras da la espalda a los inquilinos», afirmó Ibáñez, reafirmando que la norma «no contará» con el apoyo de Sumar Además, Ibáñez enfatizó que la solución más adecuada sería presentar un decreto que detenga la «subida masiva» de precios del alquiler, un fenómeno que afectaría a casi 600.000 personas en España y que compromete «la seguridad y el bienestar de la mayoría de familias».
Cuando se dice que "hoy sube la luz" no suele tratarse de un capricho del sistema, sino de un resultado bastante previsible de cómo se fija el precio eléctrico en España. La clave está en el mercado mayorista diario, el llamado pool, donde se decide cuánto costará cada kilovatio hora (kWh) por franjas horarias para el día siguiente. En ese mercado participan las distintas tecnologías de generación (eólica, solar, nuclear, hidráulica, gas) y el mecanismo es sencillo de explicar aunque sus efectos sean complejos. El precio final lo marca la última tecnología que entra para cubrir toda la demanda, y esa última unidad suele ser la más cara. Cuando toca tirar de gas, el precio se dispara para todos, incluso aunque una parte importante de la electricidad se haya generado con renovables más baratas. El primer motor de las subidas suele ser la combinación de demanda y disponibilidad de generación barata. Si hay menos viento o menos sol de lo habitual, la producción eólica o fotovoltaica cae y el sistema necesita compensarlo con tecnologías gestionables. La hidráulica puede hacerlo, pero depende de la estrategia de embalses y de la situación hídrica. La nuclear aporta estabilidad, pero no es flexible a corto plazo. En muchas horas, quien termina equilibrando el sistema son las centrales de ciclo combinado, es decir, gas. Y ahí aparece el segundo gran factor: el precio del gas no es doméstico, es internacional. Aunque España tenga regasificadoras y pueda traer gas natural licuado de distintos proveedores, el coste se mueve con el mercado europeo y global. Si sube el gas por tensiones geopolíticas, por un invierno más frío en el continente, por menor almacenamiento o por una mayor demanda en Asia que tira de cargamentos, el impacto se filtra con rapidez hacia el precio de la electricidad. A…
Los agricultores y ganaderos de Ourense han intensificado su protesta contra el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Liderados por un grupo de manifestantes, han cortado el tráfico en la carretera A-52 a la altura de Xinzo de Limia durante más de 24 horas, sin una fecha determinada para el levantamiento del bloqueo. El impacto local en Xinzo de Limia El bloqueo, iniciado a las 06:15 horas del sábado, ha dejado paralizada la carretera en ambos sentidos, en el punto kilométrico 188. Mientras la Guardia Civil desvía la circulación a través de la salida 188 hacia Porriño, los manifestantes mantienen su firme postura: continuarán en el lugar hasta que la policía los desaloje. Miguel Gómez, un ganadero presente en la manifestación, relata las difíciles condiciones nocturnas: «Frío hizo mucho, pero tenemos fuego». Según Gómez, aún durante la noche, el número de personas osciló constantemente, alcanzando un mínimo de 50 manifestantes y alrededor de 200 al mediodía del domingo. Reclamos por la agroindustria española Óscar Joga, otro vocero de la protesta, ha calificado el acuerdo UE-Mercosur como una «auténtica ruina para el agro español». Joga y sus compañeros exigen que se reduzca la burocracia y se atiendan sus peticiones. A pesar de la persistencia en su protesta, hasta el momento no han recibido respuesta alguna de las autoridades autonómicas ni estatales. Necesitamos que eliminen parte de la burocracia y que se nos atiendan las peticiones cuando las remitimos Mientras tanto, la comunidad local y los usuarios de la carretera permanecen a la espera de soluciones que permitan la reanudación del tráfico, en un contexto cada vez más tenso entre los manifestantes y las autoridades. La persistente demostración de los agricultores y ganaderos de Ourense continúa siendo un recordatorio de las profundas preocupaciones que rodean al sector agroindustrial en España.
Los agricultores que cortaban la N-II entre Bàscara y Pontós (Girona) en protesta contra el acuerdo de la UE y Mercosur han decidido levantar el bloqueo «temporalmente» al mediodía de este domingo. Según las explicaciones de fuentes de Revolta Pagesa a Europa Press, esta medida busca descongestionar el tráfico, con la intención de volver a ocupar la vía sobre las 16 horas. A pesar de la apertura de la N-II, el Servei Català de Trànsit (SCT) ha informado que, aunque la circulación está permitida, sigue restringida para camiones. Además, los agricultores han mantenido sus medidas de protesta en otras carreteras cruciales de la región. Durante el domingo, los cortes han continuado en la AP-7 entre Borrassà y Vilademuls (Girona), así como en la C-16 entre Casserres y Berga (Barcelona). También se ha cerrado el acceso a camiones en la A-27, cerca del Puerto de Tarragona. En el Coll d’Ares, el paso de camiones por la C-38 sigue restringido Las acciones de los agricultores responden a sus preocupaciones sobre el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, que, según su punto de vista, podría atentar contra sus intereses económicos y laborales. La comunidad agrícola de la región ha mostrado un fuerte rechazo a las condiciones de este acuerdo, que consideran perjudiciales para la competencia justa en el ámbito agrario. Con estas protestas, los agricultores buscan hacer visible su descontento y ejercer presión para que las autoridades revisen el impacto que este acuerdo podría tener en su sector.
Los agricultores que mantuvieron bloqueada la A-2 en Bell-lloc d’Urgell y Mollerussa (Lleida) en protesta contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Mercosur han decidido levantar el bloqueo este sábado cerca de las 12:00 horas. Según fuentes del Servei Català de Trànsit (SCT) consultadas por Europa Press, la circulación en dicha vía podrá reanudarse con normalidad una vez concluyan las tareas de limpieza. Aunque el bloqueo en la A-2 ha sido retirado, otros cortes de tráfico se mantienen activos en diversas carreteras de Cataluña, al menos hasta este domingo. Entre estos se encuentran la AP-7 entre Borrassà y Vilademuls (Girona), la C-16 entre Casserres y Berga (Barcelona), así como la T-11 y la A-27 que dan acceso al Puerto de Tarragona. En la misma línea de manifestaciones, Revolta Pagesa ha informado a Europa Press sobre una marcha lenta de tractores prevista para este domingo en el centro de Tarragona. Esta comenzará a las 12:00 horas en la plaza Imperial Tàrraco y recorrerá varios puntos de la ciudad. Los cortes en las otras carreteras catalanas seguirán activos hasta este domingo, como mínimo Estas acciones forman parte de una serie de protestas que buscan expresar el desacuerdo de los agricultores con el pacto entre la UE y Mercosur, al considerar que puede perjudicar gravemente al sector agroalimentario catalán.
Unos 60 tractores pasaron la noche desde el viernes hasta el sábado en el Paseo Pereda y Jesús de Monasterio, en Santander. A pesar del frío y la lluvia, se sumaron a las manifestaciones europeas contra el acuerdo Mercosur y otras quejas, tales como los recortes en la Política Agraria Común (PAC), ataques del lobo y demandas por la dermatosis nodular. La movilización fue organizada por el sindicato agrario UGAM-COAG, quienes hicieron un llamado a todos los trabajadores del sector primario. La protesta comenzó el viernes al mediodía, y según la organización, reunió a alrededor de 600 personas. La marcha partió desde la calle Burgos hacia Jesús de Monasterio, donde se unieron más de 260 vehículos, entre ellos casi 230 tractores. Los manifestantes se dirigieron a la Delegación del Gobierno, abarrotando la zona, un acontecimiento calificado como «éxito» por los organizadores La protesta incluyó la explosión de petardos, el incendio de pacas de hierba y la exposición de animales muertos, en protesta por los daños causados por los lobos. Durante la manifestación, el delegado del Gobierno, Pedro Casares del PSOE, recibió a los manifestantes y recibió un manifiesto con sus demandas y quejas. La manifestación contó con la presencia de destacados representantes políticos y del sector. Las consejeras de Desarrollo Rural y Presidencia, María Jesús Susinos e Isabel Urrutia, respectivamente, encabezaron la marcha. También participaron figuras del Partido Popular como Alfredo Álvarez, director general de Ganadería, y María José González Revuelta, presidenta del Parlamento cántabro. Representantes del PRC, como Paula Fernández, diputada y candidata en las próximas elecciones autonómicas, también estuvieron presentes. La protesta finalizó con éxito según los organizadores, reanudándose la circulación tras tres horas de limpiar los destrozos causados en la vía pública.