Madrid ha vuelto a liderar en 2026 el 'ranking' de recaudación por multas de tráfico, acumulando un total de 194,5 millones de euros, cifra que supera en 3,4 veces a la de Barcelona. Este reporte del grupo Dvuelta, que se especializa en la defensa de conductores, revela que a pesar de que el presupuesto de multas de Madrid disminuyó un 6,7% con respecto al año anterior, la capital sigue recaudando casi la mitad de lo que la Dirección General de Tráfico percibe en toda la red de carreteras, excluyendo las de Cataluña y el País Vasco.
El estudio de Dvuelta subraya que la función sancionadora puede estar perdiendo su carácter preventivo y convertirse en un simple instrumento de financiación
El informe destaca la política sancionadora “especialmente agresiva” de Madrid, apoyada por la expansión de las zonas de control y vigilancia, y el aumento de la recaudación en Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Así, Las Palmas de Gran Canaria experimentó el mayor incremento porcentual en recaudación por multas, con un 9,4% más respecto a 2025, alcanzando los 9 millones de euros.
En sentido contrario, Palma de Mallorca redujo su presupuesto de multas en un 11,1%, seguida de Madrid (6,7%) y Barcelona (5,6%). Además, Palma de Mallorca encabeza la recaudación por habitante, con 120,1 euros, seguida de Bilbao (103,7), Madrid (95,7) y Sevilla (81,2 euros), mientras que Zaragoza figura como la ciudad con menor previsión de ingresos, con 57,1 euros por habitante.
Sumando las sanciones a los ingresos por el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM) y la recaudación por los vehículos retirados por la grúa, las cifras superan los 821 millones de euros en 2026. Madrid concentra el 41,9% de ese importe total, con ingresos estimados de 344,5 millones de euros. Barcelona se posiciona en segundo lugar, con 125 millones, por detrás de Sevilla y Palma de Mallorca, que sobresale por su alta recaudación per cápita.
Las ciudades en conjunto recaudan más por el IVTM (404,5 millones) que por multas (379,9 millones), al invertir la tendencia en comparación con 2025. El estudio advierte del riesgo de que las políticas de sanciones se conviertan en meras herramientas de financiación, perdiendo el objetivo preventivo que deberían mantener.
