La Comisión Europea ha remitido una segunda carta de emplazamiento a España, ampliando el expediente abierto debido a los poderes discrecionales que ciertas normativas nacionales conceden al Gobierno para detener operaciones como la OPA de BBVA sobre Sabadell. Este avance añade al examen el retraso en la aplicación de nuevas reglas sobre requisitos de capital.
El caso se originó en julio del año pasado, cuando la Comisión inició un procedimiento de infracción contra España. Las dudas abarcaban desde la necesidad de modificar profundamente la transposición de dos leyes europeas hasta la justificación de interés general en la intervención del Gobierno en dicha operación. Desde entonces, Bruselas ha observado que España tampoco ha cumplido con su obligación de incorporar a su legislación la nueva directiva de requisitos de capital, cuyo plazo vencía el pasado 10 de enero.
El proceso sigue en la primera fase formal, la de envío de la carta de emplazamiento, otorgando a las autoridades nacionales tiempo para dialogar con los servicios comunitarios y resolver la situación. El mecanismo sancionador incluye dos fases adicionales: la emisión de un dictamen motivado para proseguir las negociaciones y, finalmente, la posibilidad de acudir al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) si no se alcanza una solución.
La Comisión Europea sostiene que las medidas españolas son incompatibles con la directiva sobre requisitos de capital, reforzando preocupaciones ya expresadas previamente
Según la Comisión, las consolidaciones en el sector bancario son beneficiosas para la economía de la UE, esenciales para la unión bancaria y aseguran un uso eficiente del capital, lo que permite a ciudadanos y empresas acceder a productos financieros a precios competitivos. Esta perspectiva forma parte de los objetivos de la Unión de Ahorros e Inversiones, tal como detalló el comunicado que anunciaba el envío de la carta.
