Un estudio realizado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) revela que un 32,9% de los hogares jóvenes en España estaría en riesgo de pobreza si se consideran los gastos de vivienda en su renta disponible. Este porcentaje baja al 24,5% cuando no se descuentan dichos gastos. Los jóvenes emancipados, de entre 16 y 34 años, destinan de media un 29% de sus ingresos a la vivienda, una cifra significativamente mayor que la de aquellos mayores de 34 años. Esto se debe a que residen, en su mayoría, en alquileres en el mercado, que son de los que más impacto económico suponen.
El informe advierte que el índice de pobreza en hogares jóvenes supera el 32,9% una vez excluidos los gastos de vivienda, por encima del 23% que afecta al resto de la población. En los hogares inmigrantes, este porcentaje asciende a un alarmante 52,3%.
El estudio señala una descompensación entre la creación de nuevos hogares y la construcción de viviendas, indicando que España solo construyó el 45% de las viviendas necesarias
Entre 2021 y 2025, se levantaron 454.000 nuevas viviendas, pero se formaron 965.000 hogares en el mismo periodo. Estos datos reflejan que la construcción residencial permanece alejada de los niveles previos a la crisis inmobiliaria. Factores como la escasez de mano de obra, la complicación de los procesos urbanísticos, y los cambios demográficos dificultan una rápida adecuación de la oferta.
El 56% de los hogares en España están formados por una o dos personas, lo que ha aumentado la demanda de viviendas y reducido el número de perceptores de renta por hogar. La demanda se centra en grandes áreas metropolitanas y destinos turísticos, donde las tensiones de precios son más acusadas. Las regiones de Madrid, Cataluña, Comunitat Valenciana y Andalucía concentran el 60% de la población del país. Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Málaga son las provincias que ejercen mayor presión sobre el mercado residencial.
El informe enfatiza que tanto jóvenes como inmigrantes son los más afectados por los desafíos de acceso a la vivienda. La edad media de emancipación de los jóvenes en España ha alcanzado los 30 años, muy por encima de la media de la Unión Europea. La precariedad laboral, salarios bajos y dificultades para acceder a préstamos hipotecarios son factores clave que explican esta situación.
La propiedad de viviendas entre jóvenes ha disminuido considerablemente, pasando del 65% en 2008 al 40,8% en 2025. Actualmente, el 45% de los hogares jóvenes vive de alquiler, mientras que el porcentaje de jóvenes que deben destinar más del 40% de su renta a vivienda alcanza el 19,6%, comparado con el 9% de la media nacional. Para los inmigrantes, este índice es del 25,8%. La proporción de inmigrantes que viven de alquiler es del 63,4%, con solo el 23,9% logrando comprar una vivienda.
El número de hogares en alquiler casi se ha duplicado en las últimas dos décadas, pasando de 2,1 millones a 3,9 millones, representando el 20,2% del total. Los que viven de alquiler destinan un 34,2% de su renta a la vivienda, en comparación con el 18,8% de la media de los hogares y el 24,2% para aquellos con hipoteca. Para las rentas más bajas, el 31,3% de los hogares en el quintil inferior de ingresos dedica más del 40% de sus ingresos a la vivienda.
El informe critica el déficit de vivienda social en España, que representa solo el 3,5% del parque total, por debajo del 8% de la media europea. Incrementar estas cifras requeriría incorporar unas 900.000 viviendas adicionales destinadas a alquiler social. Tal medida facilitaría una solución adecuada para el 40% de los hogares que hoy viven de alquiler de mercado y enfrentan elevados gastos. Sin embargo, se subraya que alcanzar este objetivo necesita políticas sostenidas y la colaboración interinstitucional durante años.
Entre las propuestas para mejorar la situación, el informe sugiere fomentar la construcción industrializada, acelerar el proceso de obtención de licencias mediante plataformas digitales, flexibilizar algunas regulaciones urbanísticas y mejorar la cooperación entre administraciones para facilitar el desarrollo de nuevas viviendas. También destaca la importancia de que el sector público gestione o compre parte del parque privado para aumentar la oferta de alquileres asequibles. Propone además establecer acuerdos con grandes propietarios para alquilar inmuebles por debajo del precio de mercado y adquirir viviendas de organismos como el Fondo Social de Vivienda o la Sareb.
Por último, el estudio aboga por un pacto de Estado que sirva como base para una política de vivienda sólida y duradera, enfocada en incrementar el parque de alquiler social y evaluar continuamente las medidas públicas destinadas a mejorar el acceso a la vivienda.
