La Confederación Española de Policía (CEP) ha solicitado al juez Juan Carlos Peinado una rectificación urgente debido a las "gravísimas afirmaciones" contenidas en su auto, donde dicta juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. En dicho auto, el juez sugiere que los agentes responsables de la protección de Gómez podrían estar involucrados en una posible fuga, lo que ha sido calificado por el sindicato policial como "un ataque intolerable, injustificado y profundamente ofensivo" hacia la honorabilidad de los policías nacionales que actúan con "absoluta lealtad a la Constitución y al ordenamiento jurídico".
El CEP ha advertido que, de no producirse la rectificación solicitada, considerarán trasladar los hechos a los órganos de gobierno del Poder Judicial para que se depuren las responsabilidades disciplinarias pertinentes. Según la organización, estas afirmaciones son "incompatibles con el respeto institucional" debido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE).
El CEP sostiene que los policías nacionales no son una guardia pretoriana al servicio de ningún Gobierno, sino servidores públicos comprometidos con el principio de legalidad y la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos
El sindicato policial ha subrayado lo "especialmente grave" que resulta que un magistrado, sin presentar pruebas o datos objetivos, ponga en duda la integridad de los funcionarios destinados a proteger a las altas autoridades del Estado, proyectando sobre ellos "una sombra de sospecha tan injusta como infamante".
El CEP ha tachado de "sencillamente miserable" el construir un escenario "puramente especulativo" que cuestione la lealtad de servidores públicos cuya trayectoria está marcada por el cumplimiento de la ley, incluso en las condiciones "más difíciles y delicadas". Asimismo, han destacado que la protección de autoridades es una de las funciones "más sensibles y exigentes" de las FCSE. Los agentes asignados a estas unidades trabajan bajo estrictos protocolos de seguridad y control, demostrando durante décadas una profesionalidad y neutralidad institucional "absolutamente incuestionables", independientemente del partido político en el poder.
