El Consejo de Ministros ha dado luz verde, en una segunda revisión, al proyecto de ley del tabaco. La principal novedad de este texto legislativo es la prohibición de fumar en playas marítimas y fluviales, sumándose a las terrazas de bares y restaurantes como espacios libres de humo. Este proyecto será remitido ahora a las Cortes Generales para su tramitación parlamentaria.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha enfatizado que el objetivo es ampliar el derecho a respirar aire limpio y proteger especialmente a las nuevas generaciones. Además, busca equiparar la regulación de productos relacionados con el tabaco. En este sentido, se limitará la venta de estos productos a tiendas especializadas, las cuales no podrán exhibir publicidad visible desde el exterior. Un reglamento ministerial especificará este aspecto más adelante.
El proyecto, que modifica la Ley 28/2005, también prohíbe fumar en piscinas de uso colectivo, instalaciones deportivas, parques nacionales, vehículos de trabajo y en espectáculos públicos, incluyendo eventos al aire libre como conciertos y teatros. La restricción a la publicidad del tabaco se reforzará, prohibiendo su promoción, patrocinio y cualquier forma de exhibición visual en puntos de venta.
Una de las inclusiones relevantes es la creación de entornos de protección reforzada. Estos abarcarán un radio de al menos 15 metros alrededor de accesos a edificios públicos, centros educativos, sanitarios y culturales, entre otros. Se concede un plazo de dos meses para adaptar la señalización en estos lugares que prohiben el consumo de tabaco. Además, se prohíbe el consumo de tabaco por menores de 18 años, extendiendo esta prohibición a cigarrillos electrónicos y similares.
El proyecto de ley busca desnormalizar el consumo de tabaco y proteger a la población de la exposición al humo, implementando sanciones económicas y nuevas regulaciones
El Observatorio para la Prevención del Tabaquismo, desmantelado en 2014, será reactivado. Este órgano tendrá la función de proponer iniciativas para lograr los objetivos de la ley, estableciendo metas para reducir la prevalencia del tabaquismo y elaborando informes sobre su aplicación. Según el Ministerio de Sanidad, esta regulación pretende cerrar los vacíos legales de la normativa de 2005, con especial atención a la protección de la infancia y la juventud ante los nuevos productos de consumo.
En cuanto a las sanciones, el régimen previsto establece multas de 300 a 600 euros para infracciones leves, y contempla la posibilidad de sustituir las sanciones económicas por trabajos comunitarios, en el caso de menores, bajo la responsabilidad subsidiaria de sus tutores legales.
Fuentes ministeriales expresan su confianza en la aprobación de la ley por las Cámaras aunque reconocen que habrá que sortear el potencial impacto de grupos de presión, como el de la hostelería. Sin embargo, no se ha incluido la obligación de empaquetado genérico, un aspecto que el PSOE propuso retrasar para discutirlo en el Parlamento. Asimismo, se espera que la prohibición de vapeadores desechables se formalice tras recibir el aval de la Comisión Europea.
