Cuando una agencia de calificación rebaja la nota de un país o de una gran empresa, los titulares suelen hablar de una decisión técnica. Sin embargo, detrás de esa evaluación hay un impacto económico muy real, ya que una peor calificación puede encarecer la financiación, alterar las condiciones de emisión de deuda y afectar a la percepción de riesgo de inversores de todo el mundo.
Las protagonistas de este mercado son tres compañías, S&P Global Ratings, Moody’s Ratings y Fitch Ratings. Juntas dominan la mayor parte del negocio mundial de calificaciones crediticias y sus opiniones son seguidas de cerca por gobiernos, bancos, fondos de inversión y empresas.
Las notas en manos de tres empresas
Su función principal es evaluar la capacidad de un emisor para devolver el dinero que ha pedido prestado. Ese emisor puede ser un Estado, una comunidad autónoma, un banco o una empresa privada. A partir del análisis de variables económicas, financieras e institucionales, las agencias asignan una nota que va desde los niveles considerados de máxima calidad crediticia hasta categorías asociadas a un elevado riesgo de impago.
En el caso de los países, las agencias analizan factores como el crecimiento económico, el nivel de deuda pública, el déficit presupuestario, la estabilidad política, la fortaleza de las instituciones y la capacidad para recaudar impuestos. También estudian la situación del sistema financiero y la vulnerabilidad frente a shocks externos.
La influencia de estas calificaciones se explica por el papel que desempeñan en los mercados financieros. Muchos fondos de pensiones, aseguradoras y gestores de activos solo pueden invertir en deuda que mantenga una determinada calidad crediticia. Si un país pierde el llamado "grado de inversión", algunos inversores se ven obligados a vender sus bonos, lo que puede aumentar la rentabilidad exigida y, por tanto, el coste de financiación.
La crisis de deuda soberana europea mostró con claridad este mecanismo. Entre 2010 y 2012, varios países de la eurozona sufrieron rebajas de calificación que coincidieron con fuertes aumentos de sus primas de riesgo. Aunque las agencias no fueron la única causa de la crisis, sus decisiones contribuyeron a deteriorar la confianza de los mercados en momentos de gran tensión financiera.
Las agencias insisten en que sus calificaciones son opiniones independientes y no recomendaciones de inversión. Además, están sometidas a regulación tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea. En el ámbito europeo, la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) supervisa la actividad de las agencias registradas y exige normas sobre transparencia, gestión de conflictos de interés y calidad metodológica.
Grandes conflictos de intereses
Precisamente los conflictos de interés han sido uno de los aspectos más controvertidos del sector. El modelo dominante es el denominado issuer pays, donde el emisor de la deuda paga por ser calificado. Este sistema ha sido criticado porque podría generar incentivos para ofrecer evaluaciones más favorables a los clientes. Tras la crisis financiera de 2008, los reguladores endurecieron las exigencias de supervisión y transparencia para reducir esos riesgos.
Pese a las críticas, el peso de las agencias sigue siendo enorme. Según datos de la Securities and Exchange Commission (SEC) estadounidense y de ESMA, las tres grandes agencias mantienen una posición claramente dominante en el mercado global de calificaciones crediticias. Su influencia se extiende también a productos financieros complejos, titulizaciones y emisiones de deuda corporativa.
España conserva actualmente el grado de inversión en las tres principales agencias, aunque cada una mantiene una perspectiva y una evaluación propia sobre la evolución de la deuda pública y las finanzas del país. Las revisiones periódicas de estas notas son seguidas con atención por el Tesoro, los bancos y las grandes empresas españolas, ya que influyen en las condiciones de financiación del conjunto de la economía.
En última instancia, el negocio de las agencias de calificación consiste en vender información y análisis sobre el riesgo de crédito. No tienen capacidad para imponer políticas económicas ni para fijar los tipos de interés, pero sus opiniones pueden influir decisivamente en el comportamiento de los inversores. Por eso, una simple letra añadida o eliminada de una calificación puede llegar a mover miles de millones de euros en los mercados financieros.
