El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, anunció que el Gobierno reactivará en septiembre la ley para la creación de la Autoridad del Cliente Financiero. La decisión se tomará en el marco de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, según explicó Cuerpo tras reunirse con representantes de entidades bancarias, asociaciones de usuarios financieros y altos cargos como el Defensor del Pueblo y la subgobernadora del Banco de España. Este organismo pretende resolver reclamaciones de clientes bancarios en un plazo de 90 días, sin necesidad de acudir a los tribunales.
El proyecto de ley, aprobado por el Consejo de Ministros en marzo de 2024, inició su trámite en abril del mismo año. Sin embargo, tras el rechazo a una enmienda del Partido Popular en noviembre de 2024, aún se espera el informe de la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital. La Autoridad del Cliente Financiero ofrecerá un punto de contacto único y gratuito para gestionar quejas relacionadas con banca, seguros e inversión y abordará cuestiones relativas a fintech, criptoactivos y fraudes digitales.
La nueva Autoridad del Cliente Financiero transformará el modelo de protección al cliente al ofrecer un único punto de contacto para resolver quejas bancarias, de seguros e inversiones sin necesidad de acudir a los tribunales
El ministro también adelantó la creación de un registro de Alias para prevenir el fraude financiero, gestionado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Las empresas que no se registren antes del 1 de septiembre verán bloqueadas sus comunicaciones con clientes. Carlos Cuerpo advirtió del incremento en la suplantación de identidad, que representa el 70% de los fraudes.
En cuanto a la inclusión financiera, la presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB), Alejandra Kindelán, afirmó que la población con limitado acceso a servicios financieros se redujo del 1,4% al 0,6% en los últimos años. Este avance se atribuye al acuerdo con Correos, que garantiza el acceso al efectivo para toda la población, incluida en municipios de menos de 500 habitantes.
Antonio Romero, director general de CECA, cuestionó la necesidad de una nueva autoridad administrativa, defendiendo el refuerzo y la coordinación de los mecanismos existentes. Por su parte, Jesús Norberto Fernández, presidente de la Plataforma de Mayores y Pensionistas, criticó los recortes en sucursales bancarias, subrayando la importancia de un servicio personalizado.
