El juicio en torno a la 'Operación Kitchen' avanza esta semana con los informes finales de las defensas, tras lo cual los acusados tendrán la oportunidad de hacer uso de su derecho a la última palabra antes de que el proceso quede listo para sentencia. Esta etapa concluye más de tres meses de vista oral, centrada en el supuesto espionaje llevado a cabo en 2013 por el Ministerio del Interior bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, cuyo objetivo aparente era despojar al extesorero del PP Luis Bárcenas de información comprometedora y frenar las investigaciones sobre una contabilidad paralela del partido.
El lunes, Antonio García Cabrera, abogado del comisario retirado José Manuel Villarejo, presentará su informe final ante el tribunal de la Audiencia Nacional, presidido por Teresa Palacios. A continuación, será el turno de las defensas del comisario Andrés Gómez Gordo y del exchófer de Bárcenas, Sergio Ríos. Se prevé que los alegatos finales continúen hasta el miércoles, dejando el jueves para que los ocho acusados puedan expresar su última palabra.
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una pena de 19 años de prisión para Villarejo, el castigo más severo, por presuntos delitos de encubrimiento, malversación, violación de la intimidad y cohecho pasivo propio
El fiscal César de Rivas acusa a Villarejo de haber convertido al exchófer de Bárcenas en confidente con el propósito de localizar información comprometedora del 'caso Gürtel' para el Partido Popular y sus líderes, una estrategia con la que buscaban eludir responsabilidades legales. Según el fiscal, dicha información era comunicada a Eugenio Pino, exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional, y al exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, quienes mantenían informado al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, todos también acusados en el caso.
La semana pasada, las defensas de Fernández Díaz, su ex 'número dos' y el exDAO solicitaron la absolución de sus clientes, alegando que simplemente se trató de un operativo de inteligencia legal destinado a investigar el patrimonio de Bárcenas y confirmar si poseía dinero en el extranjero.
No obstante, el fiscal ha subrayado que el interés en los documentos de Bárcenas quedó reflejado en las agendas y diarios de Villarejo. Aunque era conocido por exagerar en sus conversaciones, cuando redactaba sus notas personales lo hacía con veracidad, aseguró el fiscal.
Las agendas y grabaciones de Villarejo se consideran como las pruebas centrales del juicio, aunque las defensas las tildan de indicios "subjetivos" y defienden que su contenido no es fiable. La Fiscalía solicita penas de 15 años de prisión para Fernández Díez, Martínez, Pino y Gómez Gordo y plantea 12 años y medio para Ríos, además de la nulidad de su nombramiento como funcionario policial. La condena más baja, de dos años y medio, se pide para Marcelino Martín Blas por encubrimiento.
La familia Bárcenas, que actúa como acusación particular, junto a PSOE y Podemos como acusación popular, siguen adelante con la acusación contra José Luis Olivera, exjefe de la UDEF, pese a que Anticorrupción solicitó el archivo de la causa para él.
