Señala que, aunque ese uso quedara acreditado, tendría "una repercusión nimia" en el patrimonio de la entidad financiera
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha estimado el recurso presentado por el expresidente de BBVA Francisco González contra su imputación por, supuestamente, haber usado recursos del banco para obtener información de una finca que estaba interesado en comprar a título privado, librándole así de un presunto delito de administración desleal, aunque continúa investigado por cohecho y revelación de secretos en el llamado 'caso Villarejo'.
En un auto del 22 de diciembre, al que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados dejan sin efecto la imputación de González por administración desleal que acordó el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García-Castellón, en una resolución del 20 de julio que confirmó meses después, el 22 de septiembre, al rechazar el recurso de reforma del banquero, que finalmente ha visto colmadas sus aspiraciones en apelación.
Tanto el juez como la Fiscalía Anticorrupción apreciaron una posible administración desleal en el hecho de que González encargara a su entonces jefe de Gabinete y actual auditor jefe de BBVA, Joaquín Gortari, que recabara información registral de una finca en El Escorial que estaba interesado en adquirir.
González alegó que en todo caso se trataría de "una actuación a todas luces esencial para salvaguardar el buen nombre, la reputación y el prestigio de una entidad financiera de primer nivel como es BBVA", ya que si hubiera surgido cualquier tipo de problema en la operación de compraventa --por ejemplo, que el vendedor estuviera implicado en algún delito o que la hubiera comprado con dinero blanqueado-- habría impactado de lleno en la reputación del banco trascendiendo la "esfera privada" de González.
La Sala resuelve que no es posible imputar al banquero dicho delito porque no hay denuncia previa de los supuestos perjudicados, que en este caso serían el propio BBVA y sus accionistas, tal y como exigía la ley vigente cuando ocurrieron los hechos, entre 2013 y 2014.
Solo es posible eludir esta denuncia previa "cuando la comisión del delito afecte a los intereses generales o a una pluralidad de personas", una salvedad a la que se agarró el instructor esgrimiendo que, al ser BBVA "uno de los principales bancos del país", con una multitud de accionistas y que cotiza en el IBEX-35, "el riesgo reputacional de semejantes conductas sí que afecta, de modo directo, a los intereses generales de aquéllos, así como al interés general".
La Sala, en cambio, considera que esta excepción que permitiría prescindir de la denuncia previa "no tiene un alcance tan amplio", sino que "debe interpretarse restrictivamente".
"El hecho de que BBVA, la sociedad eventualmente perjudicada, sea una de las principales entidades bancaria de nuestro país y tenga muchos accionistas no implica que exista una afectación de los intereses generales o de una pluralidad de personas", afirma.
Además, recalca que, incluso "de resultar acreditada, la conducta que se pretende investigar tendría, dada su escasa entidad, una repercusión nimia en el patrimonio de la sociedad y sería moderado el riesgo reputacional". "Menos aún cabría concebir un perjuicio apreciable para los accionistas o para la economía en general", remacha.
En su caso, fuera de la AN
Ya descartada la posibilidad de investigar a González por administración desleal, los magistrados se adentran en los hechos analizados para concluir que no son competencia de la Audiencia Nacional.
En este sentido, recuerdan que las pesquisas sobre el expresidente del BBVA se enmarcan en una pieza separada dedicada a investigar los encargos que el banco hizo a José Manuel Villarejo a lo largo de los años y que, a su vez, esta pieza separada forma parte de 'Tándem', una macrocausa que indaga en los muchos y varios negocios del comisario.
En 'Tándem', señalan, se trata de dilucidar si el grupo empresarial de Villarejo, CENYT, era una organización criminal que prestó a sus clientes "servicios ilícitos consistentes en acceso a documentación restringida, seguimientos a personas o intervenciones de comunicaciones sin autorización judicial, todo ello realizado con aprovechamiento de la condición de funcionario policial" de Villarejo.
"Puesto que el encargo al que se contrae este recurso de apelación fue presuntamente realizado por el presidente de BBVA a un empleado de la entidad (Gortari) y tenía por objeto servicios, a realizar por dicho empleado, relativos a la averiguación de la situación de un inmueble que aquel tenía interés en realizar, parece claro que los hechos, de resultar acreditados, se habrían cometido al margen de la organización criminal investigada y por personas ajenas a ésta", exponen.
Y, por ello, concluyen que las eventuales infracciones penales que pudieran derivarse de este encargo de González a Gortari carecerían de la conexidad que exige la ley para mantener estos hechos dentro de 'Tándem'.
"En consecuencia, deberán ser, en su caso, investigadas en otro (procedimiento) distinto, por el órgano judicial que ostente la competencia para ello, que (...) no es la Audiencia Nacional", zanjan.
Los correos de Béjar
Por otro lado, BBVA ha remitido este mismo jueves dos escritos al Juzgado Central de Instrucción Número 6 instándole a que rechace las últimas peticiones del ex directivo del banco Antonio Béjar en relación con sus correos electrónicos y agendas.
En primer lugar, la entidad financiera reprocha a Béjar que, "un año y medio después" de reclamar que se le permitiera tener acceso a sus antiguos 'emails' y calendarios, y un mes después de estar consultándolos en la sede judicial, pida que se entregue también su correspondencia con otras once personas, lo que elevaría el total a 83.
"Más que un error, parece que el señor Béjar, tras revisar los correos con esas 72 personas, se ha dado cuenta de que no ha encontrado nada que le interese, por lo que solicita ampliar la búsqueda para ver si encuentra algo", sin concretar "por qué se encuentra justificada la afectación a derechos e intereses de terceros y de la propia entidad", afea.
Además, advierte de que ampliar los 'emails' aportados a los que se intercambió con esas once personas supondría exceder la autorización dada por la Sala de lo Penal, que --según sostiene BBVA-- no avaló un acceso indiscriminado, sino acotado a las primeras 72.
También solicita al instructor que se niegue a dar a Béjar una copia de los correos ya entregados, algo que el ex directivo planteó porque solo se le permite verlos físicamente en el juzgado, de modo que "se ve obligado a tomar nota a mano y a pasar largas horas en condiciones precarias con el consiguiente perjuicio para su salud", conforme expuso.
"Acceder a esta nueva petición supondría quebrantar la debida protección de los derechos e intereses tanto de la propietaria de la correspondencia y las agendas corporativas aportadas por esta representación (BBVA), como de los terceros involucrados y afectados en dichas comunicaciones (muchos más que las 72 personas del listado consignado por el señor Béjar)", argumenta el banco.
BBVA aprovecha para avisar al juez de que, con estas "injustificadas peticiones prospectivas", Béjar "parece estar buscando en realidad que alguna denegación le permita en un futuro alegar una presunta vulneración de derechos fundamentales".
