El anuncio de que Gobierno y sindicatos han pactado una subida del 11% para los funcionarios hasta 2028 no se entiende sin rebobinar. El pacto llega tras quince años de cicatrices: el recorte de 2010, varias etapas de congelación salarial, acuerdos plurianuales encadenados y una inflación que se ha comido buena parte de cada subida.
Lo que hoy se presenta como un “gran avance” para los 3,5 millones de empleados públicos es, en realidad, un nuevo intento de recomponer un poder adquisitivo que se resquebrajó hace más de una década y nunca ha terminado de volver.
El acuerdo que acaba de cerrar Función Pública con UGT y CSIF —CCOO todavía decide si se suma— fija una subida acumulada del 11% entre 2025 y 2028. El esquema es sencillo sobre el papel: un 2,5% en 2025, que se aplicará con efectos desde el 1 de enero; un 1,5% en 2026, con la posibilidad de añadir un 0,5% extra si la inflación de ese año llega al 1,5%, porcentaje que se trasladaría del tramo previsto para 2027; un 4,5% en 2027; y un 2% adicional en 2028.
Al aplicarse cada incremento sobre un salario ya incrementado, el efecto compuesto puede llevar la mejora real algo por encima de ese 11%, hasta el entorno del 11,4% según las primeras estimaciones.
El pacto, además, no solo habla de dinero. Incluye compromisos largamente reclamados por los sindicatos: la eliminación de la tasa de reposición que llevaba años lastrando la renovación de plantillas, el refuerzo de servicios saturados de atención al ciudadano, la agilización de procesos selectivos y la apertura de la puerta a la jornada de 35 horas en la Administración General del Estado.
También se mencionan mejoras en carrera profesional, permisos y teletrabajo, un guiño a las nuevas generaciones que dudan entre el “empleo para toda la vida” y ofertas más flexibles del sector privado.
Para calibrar qué supone este 11%, hay que superponerlo al acuerdo anterior, el llamado Acuerdo Marco 2022-2024. Aquel pacto ya preveía una subida acumulada de hasta el 9,5% en tres años: en 2022, un 2% inicial al que se sumó un 1,5% adicional; en 2023, un 2,5% fijo con posibilidad de añadir dos tramos del 0,5% ligados a inflación y PIB; y en 2024, un 2% más otro 0,5% activado de nuevo por la evolución de los precios.
Con todas las cláusulas puestas en marcha, las nóminas públicas habrán subido alrededor de un 9,5–9,8% en ese trienio. Sobre ese escalón se construye ahora la nueva senda hasta 2028.
Pero el relato de fondo no arranca en 2022, sino en 2010. Aquel año, en plena crisis de deuda y bajo presión de Bruselas, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero recortó de golpe alrededor de un 5% el salario de los empleados públicos y congeló las retribuciones al año siguiente.
La paga extra de diciembre de 2012 llegó incluso a suprimirse. Entre 2011 y 2014, muchas administraciones encadenaron congelaciones y ajustes, mientras se frenaban oposiciones y se dejaban sin cubrir miles de plazas. No fue hasta 2016 cuando las subidas volvieron a figurar en los Presupuestos, y lo hicieron con incrementos muy contenidos: un 1% en 2016 y otro 1% en 2017, seguidos de una senda de entre el 1,5% y el 2% anual entre 2018 y 2020, con una ligera parte variable vinculada al PIB. En 2021, la subida se quedó en el 0,9%, por debajo de la inflación de ese año.
Si se suma todo ese recorrido, se entiende la sensación de “carrera por detrás de los precios” que atraviesa al colectivo. Los grandes acuerdos de 2018-2020 y 2022-2024 han recompuesto parte del terreno perdido, pero no han borrado el impacto combinado del recorte inicial, los años de congelación y las subidas que crecían más despacio que el IPC.
Estudios sindicales hablan de pérdidas de poder adquisitivo que superan el 15-20% desde 2010 para muchos cuerpos y categorías, especialmente en un contexto de vivienda disparada, energía volátil y cesta de la compra cada vez más cara.
En este marco aterriza el nuevo 11%. El Gobierno sostiene que, sumando el casi 10% de 2022-2024 y lo pactado hasta 2028, los empleados públicos por fin tendrán una senda salarial que, al menos en estos siete años, superará a la inflación prevista.
Los sindicatos que firman lo venden como un éxito parcial: una mejora real para los próximos ejercicios y un reconocimiento implícito de que era necesario ir más allá del 4% acumulado que inicialmente proponía Función Pública para 2025-2026. Las organizaciones más críticas recuerdan, sin embargo, que la foto larga sigue siendo la de un colectivo que, pese a los titulares optimistas, aún no ha recuperado lo que perdió en la década pasada.
La gran incógnita, en cualquier caso, no se resolverá en las notas de prensa, sino en los bolsillos. Para un funcionario tipo, los cálculos apuntan a varios miles de euros brutos más al año al final del periodo, según grupo y complementos.
La cuestión es si, cuando llegue 2028, ese dinero extra bastará para compensar una década y media de desajustes… y, sobre todo, si servirá para que los jóvenes sigan viendo en la función pública un refugio estable o la consideren, sencillamente, un empleo más en un mercado donde la seguridad se paga con tiempo, responsabilidad y frustración acumulada.
