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El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha solicitado al Gobierno de España que atienda las demandas de los controladores aéreos de las 17 torres gestionadas de forma privada, entre ellas las de Vigo y A Coruña, quienes se encuentran en huelga indefinida desde el pasado viernes. El diputado nacionalista Néstor Rego ha presentado varias iniciativas para denunciar la precarización laboral en las torres operadas por la empresa Saerco, instando al Ejecutivo a actuar con prontitud para mejorar sus condiciones y revertir la privatización. Rego ha declarado que estos trabajadores llevan años soportando una situación insostenible y ha criticado el deterioro progresivo de sus condiciones laborales, que incluye sobrecarga de trabajo, falta de organización y el incumplimiento de derechos básicos como descansos o vacaciones. Según el diputado, esta precarización laboral no solo afecta a los controladores, sino que también tiene repercusiones directas en la seguridad operacional por el estrés y el agotamiento que sufren. El modelo de privatización ha demostrado ser un fracaso y debe revertirse para garantizar tanto los derechos de los trabajadores como la seguridad aeronáutica. En Vigo, la presión se agrava debido a la carga adicional por una torre de control en remoto, un sistema ya cuestionado por sus deficiencias. Néstor Rego ha criticado la falta de intervención tanto de Saerco como de las administraciones públicas, señalando la responsabilidad de Aena y del Gobierno en supervisar un servicio de calidad que, según denuncia, no se está cumpliendo. El BNG ha manifestado su preocupación por el aumento de tráfico previsto debido al cierre temporal del aeropuerto de Santiago, lo que complicaría aún más las condiciones de trabajo. Finalmente, Rego ha hecho un llamado para recuperar la gestión pública de este servicio estratégico con el objetivo de asegurar los derechos laborales y la seguridad en los aeropuertos.
Rosalía Iglesias, esposa del extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas, compareció este lunes ante el tribunal de la Audiencia Nacional que investiga la 'Operación Kitchen'. Durante su testimonio, Iglesias expresó que, aunque se sintió vigilada mientras su marido estaba en prisión preventiva en 2013, siempre atribuyó esa sensación a la presión mediática y no a un posible seguimiento policial. "Vivía aterrorizada", afirmó sobre su estado emocional en aquel periodo. En esta causa, que indaga sobre un presunto operativo parapolicial dirigido a sustraer información comprometedora a Bárcenas, Iglesias ratificó que "por supuesto" sintió que la vigilaban, especialmente al visitar al abogado de su esposo, Javier Gómez de Liaño. Mariano Hervás, exjefe de la brigada de Técnicas Operativas de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional, admitió la semana pasada que existieron vigilancias a Iglesias, ordenadas por su superior, Enrique García Castaño, y la Dirección Adjunta Operativa (DAO). Iglesias declaró que durante los 19 meses que Bárcenas pasó en prisión provisional, su vida fue "un infierno", destacando la dificultad del trato recibido por el personal de la prisión. Rosalía Iglesias, quien participa en el juicio como acusación particular, manifestó su confianza en el chófer de Bárcenas, quien está acusado de haber sido captado como confidente por la presunta trama. Describió al chofer como una figura protectora y destacó que tenía acceso a las llaves del estudio que compartía con su marido en el centro de Madrid. Este espacio era donde Bárcenas presuntamente guardaba documentación relevante y un pendrive con grabaciones de conversaciones con el expresidente Mariano Rajoy y el exdirigente popular Javier Arenas, elementos que luego desaparecieron, según declaró Bárcenas más tarde. Iglesias narró la evolución en el comportamiento del chófer, indicando que, en cierto momento, comenzó a adoptar una actitud diferente: "muy nervioso" y "conducía de…
Según el Barómetro de Abril del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), publicado este lunes, el 83,9% de los españoles está preocupado por la guerra en Irán, considerándola un importante riesgo para la paz internacional. En concreto, un 29,1% de los encuestados se muestra muy preocupado, un 39,3% está bastante preocupado y un 15,5% algo preocupado, mientras que un 7,3% se declara poco preocupado y un 6,2% nada preocupado. El temor a que este conflicto bélico pueda impactar la paz mundial es compartido por el 86,4% de los encuestados, y un 52,6% teme que pueda conllevar el uso de armas nucleares. Por otro lado, un 39,6% descarta esta posibilidad, mientras que un 7,3% no tiene una opinión al respecto. El 83,9% de los españoles está preocupado por la guerra en Irán, considerándola un riesgo significativo para la paz internacional. Además, el sondeo indaga en cómo la postura del presidente Pedro Sánchez frente a los bombardeos de Israel y Estados Unidos ha influido en la imagen de España en el exterior. Un 60,4% de los encuestados opina que esta ha mejorado gracias a su posición: el 20,8% considera que ha mejorado mucho, el 17,8% bastante y el 11,8% algo, frente a un 13,1% que opina que ha mejorado poco y un 29,5% que cree que no ha ayudado en nada. Asimismo, el 58,5% de los ciudadanos afirma que el conflicto en Irán les está afectando personalmente. Las causas principales de esta preocupación incluyen la subida del precio de los carburantes (94,3%), el encarecimiento de la cesta de la compra (92,5%) y el incremento del coste de la luz y el gas (80,1%). Además, un 69,6% menciona una mayor sensación de inseguridad o riesgo, y un 56,3% reconoce un impacto en su bienestar emocional o estado de ánimo.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado una inversión adicional de 30 millones de euros en equipos de digitalización de anatomía patológica como parte del Plan INVEAT. Este proyecto busca modernizar el análisis de muestras de cáncer para mejorar tanto el diagnóstico como el tratamiento de pacientes oncológicos. Durante la clausura del evento conmemorativo por el 40 aniversario de la Ley General de Sanidad, Sánchez afirmó que esta inversión permitirá afinar los diagnósticos y optimizar el tratamiento oncológico de manera personalizada. La inversión en tecnología sanitaria se justifica para mejorar el acceso y la precisión en el tratamiento, asegurando a cualquier paciente la mejor atención posible. Sánchez destacó que, desde 2018, el Gobierno ha aumentado el gasto en sanidad en un 30%, transfiriendo 300.000 millones de euros más a las comunidades autónomas que en la administración de Mariano Rajoy. No obstante, cuestionó el destino de estos recursos y su insuficiencia para abordar la preocupación ciudadana por el estado de la sanidad. Durante el acto conmemorativo, Sánchez recordó a Ernest Lluch, exministro y promotor de la ley, resaltando su convicción de que el progreso debe ser compartido. Subrayó que universalizar la sanidad no es una carga para el país, sino un fortalecimiento, reflejado en el aumento de la esperanza de vida en ocho años desde 1986. Apeló a conservar este logro colectivo, destacando que la sanidad no es solo un asunto de justicia sino de inteligencia comunitaria. Asimismo, Sánchez mencionó varias iniciativas gubernamentales recientes, como el Plan Veo y las ayudas a la salud bucodental, entre otras, que reflejan el compromiso con una medicina más inclusiva y personalizada. Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, defendió la necesidad de un sistema sanitario universal y resistente frente al lucro. Abogó por un enfoque preventivo de la salud, destacando la…
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha señalado que el Ministerio esperará a que concluya el expediente iniciado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) contra Red Eléctrica de España (REE) antes de decidir sobre una posible sanción al operador del sistema debido al apagón eléctrico del 28 de abril de 2025. El Ministerio tiene la competencia de imponer sanciones al operador del sistema si la CNMC confirma la infracción muy grave en el citado blackout. Aagesen destacó que la decisión de sancionar solo se tomará una vez finalice el proceso del expediente, el cual podría extenderse hasta 18 meses. La ministra mostró su máximo respeto por los expedientes iniciados contra las principales eléctricas del país y el operador del sistema y remarcó la importancia de que se desarrollen con rigor y garantías. Nosotros no vamos a interferir en estos procedimientos, afirmó. Aagesen enfatizó que la identificación de infracciones y responsabilidades incumbe a la CNMC y a los procesos judiciales pertinentes. También aseguró que desde el inicio, el Gobierno ha trabajado en identificar las causas del incidente y ha implementado medidas al respecto, dejando la depuración de responsabilidades a los organismos competentes. El Gobierno esperará el resultado del expediente de la CNMC para decidir sobre una sanción a Red Eléctrica de España por el apagón. El pasado viernes, la CNMC anunció la incoación de una veintena de expedientes sancionadores por indicios de infracción vinculados al apagón del 28 de abril de 2025. En particular, se abrió un expediente a Red Eléctrica de España bajo el artículo 64.25 de la Ley del Sector Eléctrico por incumplimientos que perjudicaron al sistema. Además, se iniciaron otros 19 expedientes dirigidos a instalaciones de generación eléctrica provenientes de importantes eléctricas…
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha expresado su confianza en que la prórroga de los alquileres será aprobada en el Congreso. Según Bustinduy, se trata de un "clamor social" ampliamente respaldado por la mayoría de los españoles y augura consecuencias políticas significativas para las formaciones que voten en contra. Bustinduy ha citado una encuesta encargada por la plataforma Sumar, que destaca que tres de cada cuatro españoles apoyan la medida, la cual se someterá a votación el próximo 28 de abril en el Congreso de los Diputados. Según el ministro, este apoyo es "transversal" y afectaría a votantes de diversas ideologías, incluidos aquellos de derechas. El ministro insiste en que la prórroga es una medida de interés general y sentido común, haciendo un llamamiento a partidos como Junts, PP y Vox para que reevalúen su posición. La propuesta, según Bustinduy, podría suponer un alivio económico de más de 2.000 euros al año para un ciudadano medio, garantizando la validez de las prórrogas solicitadas antes del 28 de abril. Aunque el Ministerio no tiene cifras concretas sobre las solicitudes, los indicios apuntan a un aumento considerable en las peticiones. La prórroga de los alquileres es una medida con un apoyo social transversal que podría acarrear un elevado coste político para quienes se opongan. El respaldo a la prórroga, como revela una encuesta de Atenea del Dato encargada por The Left a iniciativa de la eurodiputada de Sumar Estrella Galán, es significativo. El 73,6% de los españoles está a favor, con un apoyo especialmente fuerte entre los votantes de Sumar (91%) y PSOE (81%). Además, un considerable número de votantes del PP (65%) y de Vox (60%) también muestran su respaldo. Finalmente, Bustinduy advierte que un 48,7% de los encuestados reconsideraría su voto si el partido…
El Congreso de los Diputados debatirá y votará este martes una proposición de ley presentada por el Partido Popular (PP) que busca agilizar los procesos de desarrollo urbanístico y permitir a entidades como empresas, bancos y fondos de inversión recurrir a juicios rápidos para recuperar viviendas ocupadas ilegalmente. Esta propuesta ya fue aprobada en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, y su admisión a trámite se defenderá en el Congreso el mismo día que el Gobierno planea aprobar en el Consejo de Ministros un plan estatal de vivienda con un presupuesto de 7.000 millones de euros. La iniciativa del PP avanza más allá de lo urbanístico, incluso derogando ciertos puntos de la Ley de Vivienda de 2023 impulsada por el PSOE y Unidas Podemos. Un cambio significativo es la eliminación de las zonas tensionadas y el índice de precios de referencia de alquileres, consideradas por el PP como perjudiciales para el mercado de vivienda. Otro aspecto relevante de la proposición es la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Esta modificación permitirá a entidades jurídicas, como empresas y bancos, usar un juicio verbal para reclamar la posesión de una vivienda. Esta vía, destinada a resolver rápidamente litigos civiles menores, está actualmente vetada para personas jurídicas, salvo que sean entidades sin ánimo de lucro. También se busca reducir de dos a un mes el plazo máximo de posible suspensión de desahucios, ajustando también este periodo de cuatro a tres meses cuando el demandante sea una persona jurídica. En términos de vulnerabilidad económica, se plantea una reducción del umbral del IPREM de tres a 1,5 veces, afectando así la consideración de situación vulnerable de las unidades familiares cuyos ingresos superen los 900 euros mensuales. El Partido Popular impulsa una proposición de ley que busca agilizar trámites urbanísticos y endurecer las…
María Jesús Montero, exvicepresidenta primera del Gobierno y líder del PSOE andaluz, comparecerá este lunes ante la comisión de investigación del Senado sobre la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Esta comparecencia se produce justo antes del inicio formal de la campaña electoral para las elecciones en Andalucía, previstas para el 17 de mayo. La mayoría del Partido Popular (PP) en el Senado ha impulsado esta comparecencia alegando que Montero debe ofrecer explicaciones sobre la gestión de la SEPI, que consideran un pozo sin fondo para la corrupción y el despilfarro. Esta comisión de investigación, recientemente creada, ha celebrado hasta ahora tres comparecencias, incluida la de la actual presidenta, el vicepresidente del organismo y el expresidente de la sociedad. El PP ha centrado sus preguntas principalmente en torno al rescate de Plus Ultra. Esta será la segunda vez que Montero comparezca ante una comisión de investigación del Senado. En una ocasión anterior, fue interrogada por la comisión Koldo cuando era vicepresidenta y ministra de Hacienda. Además, el PP ha citado para el jueves al exdirector ejecutivo de Globalia, Javier Hidalgo, y al exdirector de la asesoría jurídica de la compañía, Ramiro Campos, para tratar el rescate a Air Europa durante la pandemia. Estas citaciones ocurren después de que el juez Juan Carlos Peinado haya decidido procesar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida. El debate sobre la comparecencia de Montero se ha centrado en el momento elegido por el PP, coincidiendo con la precampaña electoral en Andalucía, donde es candidata. El PP sostiene que el plan de trabajo de la comisión, que incluía la comparecencia de Montero, fue presentado hace más de dos meses. Sin embargo, los socialistas han presentado una denuncia…
La Embajada de Venezuela en España ha emitido un comunicado para pedir disculpas por los cánticos racistas y las declaraciones del cantante Carlos Baute durante un acto de la líder opositora venezolana María Corina Machado, que tuvo lugar este sábado en Madrid. La embajadora Gladys Gutiérrez manifestó "sus más sinceras disculpas al pueblo de España, que conoce en su propia historia el horror del fascismo y de los crímenes de odio". Previo a la intervención de Machado desde el balcón de la Real Casa de Correos, Carlos Baute, quien participaba con una actuación musical, instigó a los asistentes con el grito "¡Fuera la mona!", dirigido a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. La embajada condenó las expresiones especialmente por dirigirse contra una mujer, lo cual considera "una forma de violencia política basada en misoginia y racismo". El comunicado subraya que llamar "mona" a una mujer implica "un acto de deshumanización incompatible con los principios del derecho internacional de los derechos humanos". Venezuela denuncia categóricamente estos hechos y reafirma que sus mujeres no pueden ni serán objeto de discursos de odio. El escrito también remarca que Venezuela es "una nación profundamente mestiza, forjada en la diversidad y en el encuentro de raíces indígenas, africanas y europeas". Cualquier intento de "degradar, deshumanizar o estigmatizar desde esa diversidad" se percibe como "una agresión directa a la esencia misma de lo venezolano".
La Comisión de Defensa del Congreso se reúne este lunes para debatir y votar una iniciativa presentada por el Partido Popular (PP) que requiere al Gobierno asegurar los recursos necesarios para que los soldados españoles desplegados en la misión de la ONU en Líbano puedan realizar su labor de manera eficaz y segura. Esta propuesta no de ley, a la que ha tenido acceso Europa Press, destaca las condiciones difíciles que enfrentan los cerca de 10.000 militares de la misión, de los cuales aproximadamente 650 son españoles. La situación se ha agravado por el aumento de la violencia en Oriente Próximo tras los ataques de Hamás el 7 de octubre de 2023 y el posterior conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. El PP reclama al Gobierno que proporcione los recursos necesarios para que los soldados en Líbano puedan ejecutar su labor con seguridad durante su mandato. La misión de la ONU, cuyo mandato concluye en diciembre, coloca a los soldados en una situación peligrosa, ya que frecuentemente deben refugiarse en búnkeres debido a los intercambios de ataques entre el ejército israelí y el grupo chií Hezbolá. La operación es también blanco de acciones hostiles por parte de Israel. Recientemente, un 'casco azul' español fue retenido durante una hora y agredido por soldados israelíes, según informó la ministra de Defensa, Margarita Robles. Esta cuestión generó polémica en el Congreso, donde la portavoz del PP, Ester Muñoz, minimizó el incidente comparándolo con controles de tráfico en los que ella misma había sido retenida durante más tiempo.