El Gobierno de Brasil ha solicitado formalmente a Estados Unidos que reevalúe la apertura de una investigación sobre las prácticas comerciales del país sudamericano, una acción que fue anunciada por Washington en julio junto con la imposición de aranceles del 50% sobre algunos productos brasileños. Las autoridades brasileñas consideran estos aranceles como alegatos «improcedentes».
En un informe enviado al Departamento del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), el Ministerio de Exteriores brasileño sostiene que las políticas investigadas son transparentes, no discriminatorias y cumplen con las mejores prácticas internacionales y las obligaciones ante la Organización Mundial del Comercio (OMC). Por ello, el Gobierno brasileño ha instado a las autoridades estadounidenses a optar por el diálogo.
Brasil sigue abierto a las consultas y reafirma su compromiso de resolver las preocupaciones comerciales a través de medios cooperativos y legales
La investigación de Estados Unidos pretende determinar si las prácticas comerciales de Brasil restringen injustamente las exportaciones estadounidenses en seis áreas clave: comercio digital, aranceles preferenciales, leyes anticorrupción, protección de la propiedad intelectual, compraventa de etanol y deforestación ilegal. La USTR ha expresado preocupaciones por la posible represión de la competitividad de las empresas estadounidenses.
Controversia sobre la jurisdicción y acciones legales unilaterales
El Ejecutivo liderado por Luiz Inácio Lula da Silva ha expresado que no reconoce «la validez o jurisdicción» de la investigación iniciada por la administración anterior de Estados Unidos al margen de la OMC. Además, se ha señalado al magistrado Alexandre de Moraes, quien ha impuesto restricciones a las plataformas sociales estadounidenses en Brasil y participa activamente en investigaciones contra actores políticos brasileños.
En este contexto, el Departamento de Estado de EE.UU. ha subrayado que «ningún tribunal extranjero puede invalidar las sanciones estadounidenses» y ha advertido a actores internacionales sobre posibles sanciones. El comunicado enfatiza que los individuos y entidades no estadounidenses deben proceder con cautela para evitar posibles implicaciones legales de apoyar violaciones de Derechos Humanos.
