Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha solicitado al Gobierno una reforma legal para proteger a los afectados por la venta de hipotecas y créditos a fondos de inversión y empresas de recobro. La formación, liderada por Oriol Junqueras, ha registrado una proposición no de ley en el Congreso y una en el Ayuntamiento de Barcelona con el fin de enfrentar la especulación hipotecaria y garantizar derechos efectivos a las familias afectadas.
ERC busca poner fin a la opacidad y la indefensión generadas por la venta de carteras hipotecarias a terceros, una realidad que ha perjudicado a miles de familias.
La diputada Etna Estrems ha calificado de "socialmente injustificable" que los fondos de inversión adquieran hipotecas con grandes descuentos mientras las familias no pueden cancelar sus deudas en las mismas condiciones. Eva Baró, concejala de ERC en Barcelona, ha denunciado la falta de claridad sobre quién es el titular real de las deudas, una situación que, según ella, es "incompatible con el derecho a la vivienda".
La proposición registrada en el Congreso insta a reformar el Código Civil, la normativa hipotecaria y la legislación de consumo para reconocer un derecho efectivo de tanteo, retracto y redención cuando los créditos hipotecarios sean vendidos a terceros. Entre las medidas propuestas se contempla la total transparencia en las cesiones de crédito, información clara sobre el nuevo titular y el precio de transmisión, así como un plazo mínimo de 60 días hábiles para ejercer los derechos de redención.
ERC también sugiere que no se continúe con ninguna ejecución hipotecaria sin informar correctamente al deudor sobre la cesión del crédito, y en caso de incumplimiento, permitir que la deuda pueda extinguirse por el precio de adquisición más gastos e intereses. La formación propone además reforzar la protección de los deudores vulnerables y crear un registro público de cesiones de crédito para garantizar la transparencia en la transmisión de deudas.
Paralelamente, el grupo municipal de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona ha registrado una proposición en la comisión de urbanismo para apoyar esta reforma y trasladar su petición a las instituciones competentes, como el Gobierno, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, así como a entidades municipalistas y plataformas defensoras del derecho a la vivienda.
