El Congreso de los Diputados discutirá y votará este jueves, 23 de julio, un nuevo decreto ley que contempla una serie de ayudas fiscales para mitigar las consecuencias del conflicto en Oriente Medio. La medida incluye una prórroga del alivio fiscal a los carburantes para hogares y la reducción progresiva del impuesto sobre la producción de energía. El primer paquete, aprobado para lidiar con los efectos de la guerra en Irán, fue de duración limitada y algunas medidas expiraron a finales de junio. Ante la persistencia del conflicto y la volatilidad en los precios energéticos, el Gobierno ha presentado este segundo paquete de ayudas, que ya está en vigor desde su aprobación el 29 de junio, pendiente de ser ratificado o derogado por el Congreso.
Se rebaja el impuesto especial de hidrocarburos
Este nuevo conjunto de medidas incluye una reducción del impuesto especial sobre hidrocarburos: 15 céntimos por litro en julio, 10 céntimos en agosto y 5 céntimos en septiembre. No obstante, la rebaja del IVA sobre carburantes al 10%, introducida anteriormente, finalizará, en línea con las directrices europeas. El Gobierno ha diseñado una cláusula automática que permitiría regresar al apoyo de 20 céntimos por litro si el conflicto se intensifica y la inflación de carburantes aumenta. Mensualmente se revisará el IPC del año anterior; si supera el 15%, se reactivarán recortes fiscales para electricidad y gas.
El Congreso decidirá sobre el nuevo paquete de alivio fiscal que busca contrarrestar los efectos del conflicto en Oriente Medio
El descuento de 20 céntimos por litro se mantendrá para carburantes en los sectores del transporte y la agricultura, que recibirá además 165 millones de euros adicionales para la compra de fertilizantes. La CNMC será responsable de monitorizar los márgenes de las estaciones de servicio para garantizar el cumplimiento de estas medidas. Hasta ahora, solo se ha detectado anomalías en 52 estaciones.
En el ámbito de la fiscalidad energética, la norma avanza hacia la eliminación del impuesto sobre la producción de energía eléctrica, una demanda del PP y Junts. Su tipo impositivo se reducirá del 7% actual al 5% en lo que queda de 2026, al 3,5% en 2027, y desaparecerá en 2028. Esta eliminación pretende aumentar la producción industrial en 2.600 millones de euros anuales y crear unos 3.700 empleos.
Prohibición de despidos para empresas beneficiarias de ayudas
Las condiciones para las empresas que reciban ayudas se prorrogan, incluyendo el Plan de Movilidad Sostenible para empleados y la prohibición de despidos derivados del conflicto. También se permitirá la flexibilidad en el despliegue de fondos del Plan de Recuperación, permitiendo inversiones más allá de la fecha límite de agosto si los hitos se han cumplido, pero las inversiones no se han completado.
El primer Real Decreto-ley, aprobado el 20 de marzo, extendió varias medidas sociales, como descuentos del bono social eléctrico y térmico, y prohibiciones de cortes de servicios básicos a hogares vulnerables. En total, estas nuevas medidas tendrán una vigencia de tres meses, y supondrán un apoyo fiscal de 1.825 millones de euros para 2026, junto a una reducción en la recaudación de 2.700 millones entre 2027 y 2028 debido a la eliminación del impuesto sobre la producción energética.
Para promover la generación renovable y producción de biogás, se dotará al Organismo Nacional de Normalización (UNE) con capacidad para desarrollar normas técnicas que otorguen un sello de excelencia social y ambiental a los proyectos más destacados, lo que permitirá su tramitación preferente.
