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Trabajo y Economía acuerdan dejar para septiembre la aprobación del registro horario

La aprobación de la nueva normativa sobre el registro horario se pospone a septiembre por observaciones del Consejo de Estado

Trabajo y Economía acuerdan dejar para septiembre la aprobación del registro horario
Por Redacción Capital

Los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Economía, Comercio y Empresa han decidido posponer hasta septiembre la aprobación de la nueva normativa sobre el registro horario. Este aplazamiento se produce tras trabajar en solucionar las cuestiones planteadas por el Consejo de Estado. Aunque la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, había manifestado recientemente que la normativa estaba prácticamente lista, finalmente se ha optado por no llevar el asunto al Consejo de Ministros antes de las vacaciones, como se había planificado inicialmente.

El acuerdo entre los ministerios liderados por Yolanda Díaz y Carlos Cuerpo, revelado por el diario El País, responde al ultimátum lanzado por los sindicatos CCOO y UGT. Estos habían advertido que si la normativa no se aprobaba antes del 31 de julio, no participarían en futuros acuerdos que luego no se concretaran.

La aprobación de la nueva normativa de registro horario se retrasa a septiembre debido a las observaciones del Consejo de Estado

El Consejo de Estado emitió un informe desfavorable respecto a la reforma del registro horario impulsada por el Ministerio de Trabajo. La reforma busca modificar el control de las horas de trabajo para evitar manipulaciones y permitir verificaciones remotas por parte de la Inspección. A finales de febrero se presentó el proyecto de Real Decreto para el registro horario al Consejo con carácter de urgencia, y el dictamen se emitió el 23 de marzo.

Este dictamen, contrario a la aprobación del Real Decreto, destaca la falta de adaptación sectorial del nuevo registro, el aumento de carga para las pymes y la forma de presentación del proyecto, que debería ser una norma con rango de ley en lugar de un Real Decreto. Además, el Consejo de Estado coincidió con las críticas de los ministerios de Economía y de Función Pública sobre varios aspectos del proyecto.

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