El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes una nueva ley destinada a proteger a los trabajadores que denuncien casos de corrupción en su entorno laboral. Esta protección se extiende también a sus núcleos familiares. La iniciativa legal incluye modificaciones a varios artículos del estatuto de los trabajadores.
El objetivo es garantizar que quienes reportan irregularidades no enfrenten represalias como despidos, amenazas o situaciones de acoso. Fuentes del Ministerio de Trabajo han destacado que la intención es evitar consecuencias negativas por realizar denuncias públicas y ampliar las causas que invaliden un despido.
La nueva ley busca que denunciar corrupción no implique consecuencias negativas para los trabajadores y sus familias
