Cataluña

La delegada de la Generalitat en Barcelona, Pilar Díaz, ha anunciado que el 60% de los residentes desalojados en el barrio del Putxet de Barcelona podrán regresar a sus hogares en las próximas dos semanas, tras el socavón causado por las obras de la Línea 9 del Metro. Durante una comparecencia ante la prensa, Díaz, acompañada por el director general de Infraestructuras de Movilidad de la Generalitat, Ramon Ramírez, precisó que inicialmente volverán los inquilinos de un tercer edificio de los ocho desalojados, seguido por los residentes de una cuarta finca la semana siguiente. Especificó que los primeros en regresar serán aquellos que residen en el número 6 de la calle Rubinstein, que comprende 11 viviendas y 4 locales. Posteriormente, se permitirá el retorno de los inquilinos del número 54 de la calle Sant Gervasi de Cassoles, que alberga 31 viviendas y un local. Estos se sumarán a los de las fincas que ya regresaron la semana pasada, ubicadas en los números 56 y 58 de la misma calle. No obstante, queda pendiente el regreso de los residentes de cuatro edificios más. La Generalitat ha dispuesto anticipos económicos y una línea de crédito para apoyar a las familias y los comercios afectados por el desalojo Díaz destacó que no pueden precisar cuándo podrá regresar el 40% restante de los vecinos, debido a que se requiere continuar con las inspecciones técnicas y demás procedimientos de auscultación. En tanto, el Govern ha activado mecanismos de asistencia económica para ayudar a las familias a cubrir los gastos adicionales del desalojo y ha estado atendiendo a las familias que han solicitado esta ayuda durante la semana. También se ha habilitado una línea de crédito del Institut Català de Finances (ICF) para apoyar a los comercios, y se prevé implementar un dispositivo específico la próxima…
El Govern ha presentado un documento ante el Tribunal de Cuentas solicitando la aplicación de la Ley de Amnistía y el levantamiento de las medidas cautelares en los casos pendientes relacionados con el 1 de octubre y la acción exterior de la Generalitat durante el 'procés'. En este escrito, la Generalitat, como entidad presuntamente perjudicada, muestra su conformidad con extinguir las responsabilidades contables derivadas del 1-O y de las actuaciones políticas en el exterior. La decisión se sustenta en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que insta a aplicar el olvido penal. El Tribunal de Cuentas tiene en curso un proceso unificado sobre el uso de fondos públicos para la ejecución del 1-O y para la promoción internacional del 'procés' entre 2011 y 2017, gestionados por Diplocat y las delegaciones del Govern. Actualmente, más de 30 ex altos cargos de la Generalitat están pendientes de esta decisión, incluyendo a los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas, el exvicepresidente Oriol Junqueras y varios exconsellers del Govern durante ese período. El Tribunal de Cuentas aún no ha aplicado la amnistía, pese a la decisión del TJUE, y ha abierto un periodo de alegaciones sobre la aplicación de la norma Ante este contexto, el Govern ha presentado el escrito antes del posible trámite de audiencia a las partes afectadas, debido al carácter "preferente y urgente" de la amnistía, que según la ley, debe resolverse en un plazo máximo de dos meses. Por ello, solicita al Tribunal de Cuentas que resuelva sobre la amnistía dentro del plazo estipulado y que levante las medidas cautelares vigentes en el procedimiento. La Generalitat busca, de este modo, contribuir al cierre definitivo de uno de los últimos procesos de responsabilidad contable aún pendientes relacionados con el 'procés'.
El partido Junts se ha alineado este jueves con el bloque de investidura en el Congreso al votar en contra de las enmiendas de totalidad que el Partido Popular (PP) y Vox presentaron al proyecto de ley sobre la condonación de la deuda de las comunidades autónomas. La Cámara Baja ha desestimado los intentos de estos grupos, que, junto a UPN y el exdiputado de Vox ahora en el Grupo Mixto, Javier Ortega Smith, buscaban devolver la normativa al Gobierno argumentando que la condonación desplaza el coste al conjunto de los españoles y refleja acuerdos del Ejecutivo con sus socios parlamentarios. El objetivo de esta propuesta legislativa es fortalecer la sostenibilidad financiera y la autonomía de las comunidades autónomas a través de la reducción de su endeudamiento, con el fin de que puedan recuperar poco a poco el acceso a los mercados financieros. Para ello, se contempla que el Estado asuma una cantidad de 83.252 millones de euros correspondiente a la deuda autonómica, principalmente acumulada durante la crisis financiera. El reparto estará basado en criterios como la población ajustada, el nivel de endeudamiento, y la financiación histórica recibida, procurando que ninguna comunidad reduzca su deuda en más del 50% de su saldo vivo al 31 de diciembre de 2023. Además, se establece un Fondo para la amortización de la deuda autonómica de mercado para las comunidades que no cuentan con suficiente deuda con el Estado para beneficiarse de esta medida. Asimismo, se modifica el Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas para que, gradualmente, se convierta en un mecanismo de último recurso, facilitando el retorno progresivo de las autonomías a los mercados financieros. La propuesta de ley sobre la condonación de la deuda autonómica busca reforzar la sostenibilidad financiera y la autonomía de las comunidades Durante el debate en el Parlamento,…
Junts ha solicitado al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) un dictamen sobre la adecuación a la Constitución y al Estatut de la proposición de ley que busca modificar la normativa de urbanismo para limitar las compras especulativas de vivienda. Esta iniciativa, promovida por los Comuns en colaboración con el Govern, debía debatirse en el Parlament, pero su discusión se pospondrá debido al recurso presentado por Junts, al que se ha sumado también el PP. El proceso legislativo queda paralizado hasta que el CGE emita su dictamen, que no es vinculante y puede tardar hasta un mes. Esto implica que el debate no se retomará hasta el próximo periodo de sesiones, a finales de septiembre o en octubre. Junts considera que la proposición vulnera derechos constitucionales como la propiedad y los principios de la libertad de empresa y seguridad jurídica La formación política argumenta que la propuesta de los Comuns infringe el derecho a la propiedad tal como establece la Constitución y vulnera principios del Estatut y la Carta Magna sobre la libertad de empresa y circulación de personas y bienes. Además, Junts subraya que la Generalitat no puede regular el derecho civil mediante la legislación urbanística y considera inadecuado que se tramite la norma por el procedimiento de lectura única en el Parlament. La iniciativa legislativa pretende restringir la compra de inmuebles en zonas de mercado residencial tensionado para evitar su reventa a corto plazo o su destinación a alquileres turísticos, promoviendo su uso como residencia habitual o alquileres a precios controlados. La aplicación de esta normativa quedaría en manos de los ayuntamientos. Aunque el Govern y los Comuns habían acordado que la norma entraría en vigor antes de agosto, el recurso presentado ha retrasado su votación final. El PSC-Units, ERC y los Comuns aún no han llegado a un…