Revista Capital

Las pymes generarán cerca de un millón de empleos en los próximos cinco años pese a la desaceleración del mercado laboral, según un estudio elaborado por Randstad y Cepyme. En el 'Informe Anual de Empleo en las Pymes' se recoge también que esta demanda de empleo crecerá otro medio millón de trabajadores hasta 2028 y cómo hay "escasez de profesionales" en ámbitos como la construcción o técnicos de ciencias e ingeniería. En concreto, el estudio señala que las empresas pequeñas demandarán 372.696 empleados (el 38,3%); las medianas, 312.610 (el 32,1%); y, finalmente, las microempresas demandarán 288.198 trabajos (el 29,6%). No obstante, el estudio indica que, durante los próximos diez años, "existirá cierto desajuste entre la oferta y la demanda en el mercado laboral". Específicamente, se prevé un exceso de oferta de personal agrario no cualificado, de empleados de hostelería y de profesionales de la enseñanza. En este sentido, el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, explicó que esperan "que este estudio sirva a la Administración" para poder dirigir sus políticas de formación y empleo. Esta brecha entre la oferta y la demanda centró las consideraciones tanto de Cepyme y Randstad como del Gobierno. La subdirectora de Políticas Activas del SEPE, Maru Menéndez, resaltó la necesidad de "acercar la formación a la empresa" para poder dar respuesta a las demandas de nuevos puestos de trabajo. DEMANDA DE PUESTOS CONCRETOS Respecto a la demanda de puestos concretos, el informe destaca que el 50% de todas las demandas de empleo en las pymes se concentrarán en diez ocupaciones concretas, siendo los sectores de la hostelería, la informática y la educación los que más puestos de trabajo van a solicitar. Así, en los próximos cinco años, 97.684 empleos estarán destinados a empleados de tiendas y almacenes, 86.796 a profesionales de restauración y 61.349 a profesionales…
El grupo de viajes Thomas Cook, con 178 años de historia, entró en suspensión de pagos tras haber fracasado las negociaciones de emergencia con su principal accionista y acreedores a fin de encontrar un rescate, confirmó este lunes la Autoridad de Aviación Civil (CAA) . La compañía, que emplea a 22.000 personas -9.000 en el Reino Unido- "ha cesado sus operaciones con efecto inmediato", según indicó el regulador en un comunicado, y tiene actualmente a 150.000 turistas de ese país de vacaciones en el extranjero, a falta de ser repatriados.
Iberia reunirá mañana, martes, a la Comisión Negociadora del XXI Convenio Colectivo de sus trabajadores de tierra, órgano que suspendió el pasado día 5 ante las múltiples convocatorias de huelga en varios aeropuertos. De hecho, tras la decisión de la aerolínea de retomar la negociación del convenio, UGT decidió desconvocar las ocho jornadas de huelga que tenía previsto llevar a cabo en el conjunto de la red de aeropuertos donde opera la compañía todos los lunes entre el 30 de septiembre y el 18 de noviembre, aunque mantuvo los paros de estos días en el aeropuerto de Barcelona. Esta situación había llevado a compañías clientes de Iberia como Vueling a plantearse la posibilidad de presentar reclamaciones o incluso romper el contrato por los perjuicios provocados por estos paros. Iberia defiende que “su intención es negociar bajo el principio de buena fe, manteniendo la paz laboral, con el objetivo de conseguir un acuerdo equilibrado que satisfaga los intereses de los trabajadores y garantice el futuro de sus negocios”. La compañía asegura también que “tiene como único fin cerrar lo antes posible un acuerdo que no ponga en riesgo la pérdida de clientes en los negocios de los Servicios Aeroportuarios y Mantenimiento, algo que a día de hoy es un riesgo real”. Por su parte, los sindicatos sostienen que hicieron un enorme ejercicio de responsabilidad en el anterior convenio, firmando reducciones salariales y en las condiciones de todos los trabajadores por la subsistencia de Iberia y de todas sus líneas de negocio. Por ello, consideran que como la situación de la compañía se ha revertido con cifras récord de beneficios, de puntualidad y de volumen de trabajo en todas las áreas ha llegado el momento de que las mejores condiciones reviertan también en los trabajadores.
El saldo que la banca europea mantiene ‘aparcado’ en el Banco Central Europeo (BCE) en su llamada ‘facilidad de depósitos’ se ha desplomado casi un 21%, hasta cotas de enero de 2017, después de que el organismo aprobase las nuevas medidas de estímulo. La liquidez ha menguado desde los 582.268 millones de euros contabilizados en vísperas de la reunión que celebró el día 12 la institución dirigida por Mario Draghi a 460.021 millones el pasado jueves, último dato disponible en las estadísticas del BCE. Se trata del menor saldo desde los 458.582 millones registrados el 9 de enero de 2017 e implica que, en apenas seis días, el volumen se ha reducido en 122.247 millones de euros o en un 20,99%. En la institución europea explican a Servimedia que responde a las “normales oscilaciones” y recuerdan que el nuevo sistema de cobro de los depósitos a los bancos solo ha sido anunciado ya que su entrada en vigor será el próximo 30 de octubre. El BCE tomó dos medidas que afectan de forma directa a la custodia de la liquidez de los bancos: subir del 0,4 al 0,5% la tasa que les cobra por gestionarla, que sí ha entrado ya en vigor encareciendo el servicio; y el llamado ‘tiering’, que convertirá en gratuita la custodia de buena parte de ese saldo. Gracias a este futuro sistema, la banca no tendrá que pagar por sus reservas ni por una cuantía adicional equivalente al 6% de esas mismas reservas, de forma que el 0,5% solo se aplicará por la liquidez restante que mantengan en su ventanilla. Según varios bancos de inversión eso implica que se librarán de pagar por entre el 40 y 70% de los fondos totales dejados en custodia al BCE, si bien el recargo dependerá de cada posición y…
Un total de 213 diputados, los que dejan de serlo cuando este martes se disuelva el Parlamento por la repetición electoral, podrán percibir si lo solicitan la llamada indemnización “de transición” que aprobará la Mesa del Congreso este lunes y que equivale a la retribución de 46 días de trabajo, los que van desde el miércoles (cuando se publique el decreto de disolución) hasta la víspera de los comicios, y se abonará en un solo pago. Según explicaron fuentes parlamentarias, esa indemnización estará sujeta a tributación y tiene que ser reclamada por cada diputado de forma individual y expresa dentro de los quince siguientes a la publicación del citado decreto de disolución. De esa indemnización quedan excluidos los miembros de la Diputación Permanente, tanto titulares como suplentes, que seguirán teniendo todas sus prerrogativas intactas, incluida la retribución, hasta la constitución de la nueva Cámara resultante de las elecciones del 10-N, que ha de formarse, como tope, el 5 de diciembre. En total, hay 69 titulares en la Diputación Permanente y otros 68 suplentes, por lo que son 213 parlamentarios los que pueden acogerse a esta medida. Podrán optar a esta indemnización siempre que no reciban ninguna otra retribución pública o privada. Las fuentes consultadas justificaron este pago indicando que los parlamentarios que repitan en las listas no tienen derecho a prestación por desempleo y tienen que recibir algún ingreso mientras realizan la campaña electoral. La cuantía de la indemnización se calculará de forma individual en cada caso a partir de la retribución percibida por los diputados en función de sus responsabilidades, desde las más bajas en el caso de los parlamentarios “de base” hasta las más altas en el caso de los miembros de la Mesa del Congreso y los portavoces de grupos parlamentarios. Los diputados que resulten elegidos en…
Greenpeace hizo este sábado un llamamiento a los líderes mundiales para que presenten planes climáticos ambiciosos y concretos en la Cumbre de Acción Climática de la ONU, que se celebrará este lunes en Nueva York (Estados Unidos) y que tendrá lugar pocos días después de que miles de jóvenes y estudiantes en huelga salieran a las calles de todo el mundo en el inicio de una semana de movilizaciones que culminarán en la Huelga Mundial por el Clima del 27 de septiembre. El objetivo de la cumbre, convocada por el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, es fortalecer los compromisos nacionales en materia de clima y garantizar que los líderes presenten planes de acción tangibles, en lugar de discursos. "Es la hora de la verdad. Esta cumbre se ha convocado con la intención específica de ofrecer una plataforma a los países para que demuestren un verdadero liderazgo climático. ¿Qué países estarán a la altura del desafío? Los y las líderes tienen que presentar planes concretos y ambiciosos sobre cómo reducir las emisiones y poner fin a las subvenciones al carbón y a los combustibles fósiles. Si fracasan, tendrán que responder ante los miles de jóvenes en las calles", declaró la directora ejecutiva de Greenpeace International, Jennifer Morgan. Guterres, por su parte, ha pedido que las propuestas de los países para la Cumbre de Acción Climática sean claras, viables y compatibles con la ciencia más reciente. La cumbre se celebra casi un año después de que el Grupo Intergubernamental de Personas Expertas Sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) subrayara la urgencia de actuar para limitar a 1,5°C el aumento de las temperaturas globales respecto a la era preindustrial e indicara un plan de rescate. El pasado mes de agosto, otro informe especial del IPCC sobre cambio climático…
El Consejo de Ministros autorizó hoy la convocatoria de préstamos por valor de 65 millones de euros para proyectos de I+D+i en el ámbito de la industria manufacturera en 2019. Según informó el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, esta convocatoria se alinea con la Nueva Política Industrial 2030 y los objetivos marcados en sus Directrices Generales, aprobadas en febrero de 2019, y dirigidos a la transformación del tejido industrial mediante la incorporación de la I+D+i como proceso continuo de las empresa, y a la implementación de aquellas innovaciones que permitan avanzar hacia la transición ecológica. Esta línea de financiación forma parte del Marco de Apoyo a la Financiación de la Industria que, en los últimos quince meses, ha convocado ayudas por importe de 945 millones de euros, y se espera generen 1.068 millones de euros de inversión inducida. Las prioridades temáticas de este instrumento financiero son Economía circular y ecoinnovación para mejora de las cadenas de valor; Descarbonización, eficiencia energética y nuevas fuentes de energía sostenible en la industria; Innovación en procesos de calidad y seguridad industrial, e Innovaciones del proceso productivo derivados de desarrollos sobre materiales y productos avanzados. El Ejecutivo prevé una mayor intensidad presupuestaria en los sectores de automoción y ferroviario, reservándose en la convocatoria una asignación presupuestaria de 20 millones de euros y 10 millones de euros, respectivamente. El resto de presupuesto irá destinado a otras industrias manufactureras.
El Consejo de Ministros autorizó este viernes la tramitación administrativa urgente de un proyecto de Real Decreto para dar más tiempo a casi 8.000 contratistas para adaptarse a la nueva ley de contratos de las administraciones públicas. Con el nuevo proyecto de Real Decreto modificará el Real Decreto 773/2015 por el que se modifican a su vez determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. El motivo es que el proyecto debería aprobarse antes del 1 de enero de 2020 para evitar perjudicar a las empresas contratistas. Dicha regulación de 2015 modificó los términos y condiciones de otorgamiento, exigencia y eficacia de la clasificación como contratista de obras y como contratista de servicios de las Administraciones Públicas, previendo un periodo transitorio hasta 1 de enero de 2020 para adaptarse a ese nuevo régimen. Sin embargo, y pese al tiempo transcurrido desde su promulgación, el pasado 30 de junio aún quedaban más de 3.000 contratistas de obras y más de 4.600 contratistas con clasificación otorgada de acuerdo con la normativa vigente anterior, que aún no han tramitado una nueva solicitud. Esas cifras suponen un 53% y un 63% del número total de empresas clasificadas como contratistas de obras y como contratistas de servicios de las Administraciones Públicas, respectivamente, según cálculos del Gobierno. Para adaptar su clasificación a las reglas que se establecían exige que las propias empresas insten la tramitación de un procedimiento de revisión, algo que el Gobierno ve difícil ya que “exigiría tramitar casi 8.000 expedientes de revisión de clasificación en menos de seis meses”. Esta situación es la que le ha llevado a considerar “imprescindible” extender el régimen transitorio de validez y eficacia de las clasificaciones. “Con esta medida se pretende evitar un posible efecto negativo los contratistas ante la falta de…
El Ministerio de Hacienda deberá aprobar una ampliación de crédito para financiar la repetición electoral del próximo 10 de noviembre, una vez el próximo lunes 23 se confirme el fin de la legislatura al no alcanzarse una investidura para la Presidencia del Gobierno en el plazo previsto por la Constitución. En concreto, una vez se convoquen las elecciones de noviembre, el Consejo de Ministros deberá autorizar la aplicación del Fondo de Contingencia para ampliar al ministerio de Interior el crédito destinado a financiar los gastos de la cita electoral. Normalmente el gasto para una cita electoral está previsto en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), pero, al estar en vigor todavía los PGE de 2018 y tratarse de una repetición electoral, este nuevo gasto no está contemplado en ninguna partida, por lo que es necesario recurrir al Fondo de Contingencia. Ya fue necesario recurrir a este procedimiento cuando el 1 de marzo el Consejo de Ministros autorizó una ampliación de crédito de 134,8 millones de euros a través del Fondo de Contingencia para financiar las elecciones generales celebradas el 28 de abril. Según documentos oficiales a los que ha tenido acceso Servimedia, finalmente el presupuesto destinado a las elecciones de abril fue de 138,9 millones, de los cuales la mayor parte, 58,7 millones, el 42,31%, fueron destinados a las Administraciones Públicas; y 56,5 millones, el 40,66%, fueron para el operador postal. Además, se destinaron 14 millones a logística electoral, 7,9 tuvieron por concepto la “difusión del escrutinio provisional y telecomunicaciones”, y 1,66 millones fueron para “otros e imprevistos”. Ésta será la primera vez que se aplique la modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral (Loreg) realizada en octubre de 2016 por la que se incluyó en dicha norma que, en el supuesto de repetición electoral por expiración del plazo…
Iberia convocará de nuevo la mesa de negociación del XXI Convenio Colectivo de Tierra ante el impacto que las huelgas de este verano están causando en los negocios de handling y de mantenimiento, y ante el riesgo "real" de pérdida de clientes, ha anunciado la aerolínea. Iberia suspendió el pasado 5 de septiembre las negociaciones con los sindicatos en respuesta a "la sucesión de huelgas" protagonizadas por el personal de tierra en los aeropuertos de Madrid, Barcelona y Bilbao, y ante la convocatoria de nuevos paros. Al retomar la negociación, la compañía señala que su objetivo es cerrar "lo antes posible" un acuerdo que no ponga en riesgo la pérdida de clientes en los negocios de los Servicios Aeroportuarios y Mantenimiento, "algo que a día de hoy es un riesgo real". Iberia apela a la responsabilidad de todas las partes implicadas en este proceso para llegar "lo más rápido posible" a un acuerdo satisfactorio para todos y evitar "mayores perjuicios de los ya producidos" a los clientes de estos negocios y a los pasajeros. El personal de tierra de Iberia en El Prat (Barcelona) tiene previsto ir de nuevo a la huelga los días 21, 22, 23 y 24 de septiembre, jornadas que se suman a las del 27 y 28 de julio y 24, 25, 30 y 31 de agosto. Además, hay convocadas otras ocho jornadas de paros, a las que están llamados todos los trabajadores de tierra de la compañía para protestar contra la suspensión de las negociaciones del XXI Convenio Colectivo de Tierra. Los días propuestos inicialmente para ello son todos los lunes, desde el 30 de septiembre hasta el 18 de noviembre.