Los acreedores afectados por el incumplimiento de los laudos relacionados con los recortes a las renovables del Gobierno de Mariano Rajoy han informado que han asumido el control de la sede del Instituto Cervantes en Utrecht, Países Bajos, y planean su venta mediante subasta. Los representantes legales han acudido al inmueble para formalizar los trámites necesarios tras la ejecución decretada por los tribunales holandeses, según indicaron fuentes de los fondos.
Los procedimientos para la subasta pública ya están en marcha y se estima que el edificio podría alcanzar un valor cercano a los 10 millones de euros. Esta valoración se debe tanto a su ubicación en una zona de alto valor inmobiliario en Utrecht como a sus características arquitectónicas y patrimoniales. Al completarse el proceso de venta, la normativa vigente permitiría a los nuevos propietarios la plena disposición del inmueble, incluyendo su uso conforme a los derechos reconocidos por las resoluciones judiciales pertinentes.
España ha iniciado acciones legales para anular el embargo sobre la sede del Instituto Cervantes en Utrecht, aún en disputa
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha subrayado que España ha iniciado un procedimiento judicial para que se ordene al ‘bailiff’, encargado de las ejecuciones, levantar el embargo. Esto se fundamenta en que el laudo ha sido notificado como Ayuda de Estado a la Comisión Europea y que el Gobierno holandés ha comunicado al ‘bailiff’ de Blasket su obligación de cesar cualquier acción destinada a la venta del inmueble.
Desde el Ministerio, dirigido por Sara Aagesen, se aclara que la colocación de un cartel en la puerta del edificio no representa un avance en un procedimiento de venta, sino que responde a intereses meramente periodísticos y sensacionalistas. Los acreedores, por su parte, aseguran haber mantenido abiertas las negociaciones con las autoridades españolas, pese a que una década después de los recortes a las energías renovables siguen sin recibir las compensaciones ordenadas por tribunales internacionales. Esta situación ha llevado a medidas de ejecución patrimonial en diversos países.
En Estados Unidos, la Administración ha recomendado al Tribunal Supremo que rechace la petición de España para revisar sentencias que reconocen 700 millones de dólares en créditos a favor de los acreedores. Asimismo, los acreedores han logrado victorias en Reino Unido, Australia y Singapur, donde los tribunales han ratificado la obligación de España de acatar los laudos arbitrales. En Bélgica, unos 250 millones de euros permanecen consignados en cuentas judiciales relativas a procedimientos de ejecución en curso.
