El Congreso de los Diputados se prepara para debatir y votar este jueves una propuesta de ley que busca transferir la gestión y titularidad de la autopista AP-9 a Galicia. La medida, que dará lugar al traspaso de competencias a través de una comisión bilateral entre la Xunta y el Gobierno central, parte de una iniciativa del Parlamento gallego. El proceso se desbloqueó gracias a un acuerdo reciente entre el PSOE, BNG y Sumar, que incorpora la transferencia de la titularidad a la Xunta en el nuevo texto legislativo.
El texto acordado establece como objetivo la cesión a la Comunidad Autónoma de Galicia tanto de la titularidad de la AP-9 como de las competencias sobre el régimen jurídico de la concesión, junto con funciones y servicios relacionados con esta arteria vial. El siguiente paso contempla que tanto la Administración General del Estado como la Xunta presenten una propuesta conjunta a la Comisión Mixta de Transferencia, delineando las condiciones para la transmisión de competencias de la Autopista del Atlántico mediante un real decreto.
El documento de condiciones deberá incluir disposiciones sobre la aprobación de nuevos tramos y modificaciones, así como sobre la supervisión del estado y funcionamiento de la autopista conforme a las normativas vigentes. También se abordarán aspectos como la potestad sancionadora y ajustes en el régimen económico-financiero de la concesión, incluyendo la gestión de tarifas, peajes y programas de descuento.
La transferencia pretendida no solo abarca funciones operativas, sino que impone límites económicos fundamentales a las partes involucradas
Por otro lado, el Gobierno central conservará ciertas responsabilidades económicas derivadas de las decisiones tomadas antes de la transferencia. Estas obligaciones financieras se mantendrán bajo los límites económicos vigentes en el momento de aprobarse el traspaso. La Xunta, una vez efectuada la transferencia, asumirá cualquier modificación sobre el régimen económico-financiero de la concesión que se decida implementar.
La Xunta deberá también hacerse cargo de los compromisos económicos adicionales que surjan tras la transferencia, asegurando que cualquier incremento de costes derivados sea asumido en su totalidad por la comunidad, respetando siempre los compromisos previos.
