“El Ejecutivo está sometido a las reglas fiscales europeas, las cuales le obligan a reducir el déficit público por debajo del 3% del PIB”
El Gobierno de PSOE-Sumar ha renunciado finalmente a aprobar unos Presupuestos Generales del Estado en 2024. Lo ha hecho tras una desgracia, o suerte, de carambolas que, para el observador desconocedor de la política española, carecerán de cualquier sentido. A saber: uno de los socios del gobierno de coalición de España, En Comú Podem (parte de Sumar), vota en contra del nuevo proyecto de presupuestos en Cataluña y, como reacción a ese fracaso, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, convoca nuevas elecciones autonómicas.
Y, a raíz de esa convocatoria precipitada, han desaparecido los supuestos apoyos que el gobierno español confiaba en tener amarrados dentro de Parlamento de España, ya que sus ‘socios’ independentistas no quieren mojarse antes de tan decisivos comicios apoyando las cuentas del Reino. De ahí que Pedro Sánchez haya aceptado la realidad tal cuál es y haya renunciado definitivamente a aprobar unos nuevos presupuestos en 2024.
Pues bien, una vez firme la renuncia a las cuentas públicas de este año, ¿cuáles son las consecuencias? La más inmediata, claro está, es que continuaremos con la prórroga de los presupuestos de 2023. Pero exactamente, ¿qué supone eso? De entrada, que el Ejecutivo pierde margen de maniobra para aprobar nuevos impuestos o nuevas partidas de gastos.
El espacio natural en el que suelen fraguarse este tipo de medidas es en los presupuestos: de manera que, si a lo largo de 2024, quiere tomar alguna decisión en ese ámbito, deberá hacerlo a través de un proyecto de ley especifico, exponiéndose de nuevo a una derrota parlamentaria en cada uno de ellos (basta con recordar las enormes dificultades que tuvo el Gobierno para convalidar los últimos decretos-leyes). No es que sea imposible, pero desde luego se le va a hacer muy cuesta arriba.
Ahora bien, ¿hasta qué punto necesita el Ejecutivo aprobar nuevas medidas fiscales en 2024? De inicio, el Gobierno se había comprometido con sus socios independentistas a condonar parte de la deuda autonómica de Cataluña y, por extensión, del resto de autonomías. El vehículo natural para hacerlo eran los Presupuestos y, fuera de éstos, una reforma del modelo de financiación autonómica que, con la actual fragilidad parlamentaria, no se antojará sencillo.
Pero, además, y, sobre todo, el Ejecutivo vuelve a estar sometido en 2023 a las reglas fiscales europeas, las cuales le obligan a reducir el déficit público por debajo del 3% del PIB si no quiere someterse a un procedimiento de déficit excesivo a partir de 2025. Si para alcanzar esa meta fueran necesarios recortes del gasto o subidas de impuestos, el Ejecutivo debería recurrir, en general, a aprobarlos a través de proyectos de ley específicos.
Pero, sobre todo, la no aprobación de los Presupuestos en 2024 condiciona poderosamente el futuro de esta legislatura. El cálculo original de este Gobierno consistía en lograr aprobar unas nuevas cuentas en 2024 y, en el peor de los escenarios, prorrogar las de 2025, de manera que, si volvieran a tumbarle los presupuestos de 2026 a finales de 2025, podría convocar elecciones anticipadas a comienzos de 2026.
Ahora mismo, empero, el calendario sufre una importante modificación: si el Ejecutivo no logra aprobar las cuentas de 2025 a finales de este ejercicio, se verá casi inevitablemente abocado a convocar elecciones anticipadas a comienzos del próximo año (no es imposible que vuelva a prorrogar los presupuestos de 2023 por segunda vez, pero con una doble bofetada parlamentaria de ese calibre, perdería cualquier legitimidad para seguir gobernando).
Por consiguiente, el final de la legislatura podría precipitarse por este fiasco de no aprobar presupuestos en 2024… Aunque también podría prolongarse hasta su agónico final. Si en las postrimerías de 2024, el Gobierno consigue sacar adelante los presupuestos de 2025 (a cambio de enormes cesiones parlamentarias), entonces podrá prorrogarlos en 2026 y convocar elecciones en 2027, agotando así la legislatura. En suma, incertidumbre política e incertidumbre económica.
